Título
Título
Select Menu
Título Título Título
Select Menu
Título
Título
Título
Título
Título Título Título Título Título Título Título Título

Favourite

Actualidad

Pitalito

Región

Judiciales

Mundo

Deportes

Entretenimiento

Videos

Imagenes

» » » » » El millonario negocio de las foto multas en Colombia


Pitalito Noticias miércoles, marzo 09, 2016


En un millonario ‘negocio’ en que ganan más las empresas privadas que los propios municipios se convirtieron las fotomultas del país, según denuncias de un grupo de alcaldes que tienen estos dispositivos instalados en sus pueblos y quienes aseguran que en algunas regiones se realiza una ‘cacería’ para buscar infractores y aumentar los recaudos.
El año pasado se detectaron 1 millón 626.482 infracciones por estos medios electrónicos, lo que dejó un aumento significativo de las faltas detectadas del 55 por ciento con respecto al 2014. Los dueños de vehículos sorprendidos pagaron multas por 201.324 millones de pesos, y aún hay una cartera pendiente por cobrar de 309.050 millones. (Lea también: Las trampas que hacen con las fotomultas para cazar conductores)

La situación ha generado una avalancha de quejas de los usuarios afectados en las oficinas de tránsito, que haya alcaldes intentando tumbar o renegociar los contratos y hasta un proyecto de ley que comenzará a hacer curso en el Congreso para regular la instalación de estos dispositivos.
El cobro de infracciones vía fotomultas se popularizó desde hace cinco años, después de que el Plan de Desarrollo 2010-2014 abriera el espacio para que en la sanción de las infracciones registradas por medios tecnológicos se vinculara a los dueños de los vehículos. Tanto el propietario como el conductor se convirtieron en responsables frente al pago.
Hoy son al menos 50 los municipios (solo hay 8 capitales), la mayoría con terrenos en vías nacionales, sobre los que se han instalado los sistemas de detección electrónica de infracciones.
"Se creó un gran negocio en el país del cual yo creo que se ha abusado enormemente. ¿Y cuál es? que unos empresarios se han reunido con alcaldes, y yo diría que de manera leonina para con algunos municipios y han hecho acuerdos mediante los cuales el empresario es el gran ganador", señaló el senador Mauricio Lizcano, uno autores de la iniciativa que cursará en el Congreso.
Esta realidad salió a flote este año con el cambio de alcaldes. Varios de los nuevos mandatarios donde están las fotomultas más polémicas revisaron las cuentas y se percataron del negocio que se hizo, pues mientras enfrentan las quejas de miles de conductores inconformes solo les está quedando a los municipios entre el 17% y el 38% del pago de cada comparendo.
El municipio que menos recibe es Floridablanca. Allí, cuando un ciudadano paga una fotomulta por exceso de velocidad, de los 344.000 pesos que consigna, 155.832 (el 45,3 por ciento) son para la firma Infracciones Electrónicas de Floridablanca S.A.S., mientras que a la Dirección de Tránsito del municipio solo le ingresan 60.000 pesos (el 17,7 por ciento). El resto del comparendo se distribuye entre otros actores. A la interventoría de la concesión le corresponden 6.880 pesos (el 2 por ciento), al Sistema Integrado de Información sobre multas y Sanciones por infracciones de tránsito (Simit) le llegan 34.400 (el 10 por ciento) y a un Centro Integral de Atención (CIA), aún por construirse, 86.000 (el 25 por ciento).
El acuerdo que hizo Infracciones Electrónicas de Floridablanca S.A.S con la Alcaldía también estuvo rodeado de polémica. Obtuvo el manejo por 15 años de las fotomultas el 27 de diciembre del 2011, tres días antes del final del periodo del alcalde de entonces, Jaime Flórez Villamizar, y la empresa se constituyó un mes antes de la firma del convenio.
Ahora el nuevo alcalde del municipio, Héctor Mantilla, es precisamente uno de los nuevos mandatarios más críticos del sistema y aseguró que se está asesorando de un grupo de abogados expertos para cancelar el convenio. “Quiero acabar el contrato pero no se puede terminar de manera unilateral”, aseguró.
También en Caldas un mandatario ve difícil cancelar el contrato. El nuevo alcalde de La Dorada, Diego Pineda, asegura que el punto donde quedó la fotomulta no es de alta accidentalidad y que él hubiera usado una estrategia distinta para prevenir la accidentalidad. “El problema es que eso quedó a 20 años y no lo puedo tumbar porque sería un lío jurídico”, afirmó.
En Aguachica (Cesar) se da otro de los casos insólitos de la distribución del recaudo. El municipio entregó en concesión las fotomultas a la Unión Temporal Proyecto Vial Aguachica. El acuerdo, tras los descuentos para el Simit y la interventoría, le deja un 70 por ciento al concesionario y 30 al municipio. De acuerdo con Alexander Quin, director de Tránsito, la situación con las fotomultas es “una papa caliente” para la nueva administración y la prioridad es desmontarlas.
En Ciénaga (Magdalena), aunque el municipio y la empresa Unión Temporal Gestión de Tráfico Seguro aparecen cada uno con un 45 por ciento del recaudo (el otro 10 por ciento es para el Simit) hay otro 7 por ciento para la interventoría que sale del porcentaje del municipio.
El alcalde Edgardo Pérez aseguró que le dio instrucciones al director del Instituto del Tránsito Municipal para que renegocie. “Ellos están utilizando las competencias del Estado para enriquecerse con unos porcentajes que sobrepasan el límite de cualquier negocio”, expresó.
Y el alcalde de Corozal (Sucre), Andrés Viero León, le dijo a EL TIEMPO que el municipio celebró un contrato a 20 años donde tras la distribución entre los distintos actores, porcentualmente a la oficina de tránsito le corresponde el 29 por ciento del recaudo frente al 44 por ciento que va a Construimos y señalizamos (Construseñales). “Lo más grave es que están depositando los recursos al tránsito en unas cuentas que están embargadas. Es decir, el tránsito no ha visto resultados de la fotomulta Corozal”, aseguró Viero.
Construseñales, además de Corozal, tiene instaladas cámaras en Barranquilla y otros siete municipios del Atlántico tras hacer un convenio con la oficina de tránsito de la Gobernación. También tiene una fotomulta en Arjona (Bolívar), y administra las que hay en La Dorada y Chinchiná (Caldas).
También hay departamentos que han hecho acuerdos donde el gran ganador es el operador privado, como ocurrió en Cundinamarca. La Secretaría de Tránsito y Transporte del departamento informó que el año pasado los cobros por comparendos con detección de infracción con medios tecnológicos generó un recaudo que alcanzó los 9.435 millones de pesos. De estos, 3.785 (41 por ciento) le quedaron al concesionario Unión Temporal de Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, y al departamento 2.523 millones (el 26 por ciento). El resto se distribuyó entre terceros.
‘Las velocidades no las impone el concesionario’
“No somos la empresa más grande en Colombia y operamos de acuerdo con las normas establecidas internacionalmente”, dice César Porto, representante legal de Construseñales, una de las firmas que opera cámaras de fotomultas.
Porto laseguró que los usuarios no están suficientemente informados de cómo funciona ese sistema y cuáles son los beneficios sociales.
“Para mayor claridad, las medidas de las velocidades no las impone el concesionario que opera las fotomultas. A quien la ley le da la potestad de regular las velocidades es al concesionario de una vía o al alcalde de la jurisdicción por la que pasa. Pero jamás fijamos el límite y tampoco escogemos el punto donde se instala la cámara para censar”, dijo Porto.
Sobre las seis concesiones que tiene Construseñales (Barranquilla, Atlántico, Arjona, Corozal, Chinchiná y La Dorada) dice que es una porción menor del negocio, porque, asegura, son ciudades pequeñas. “Los operadores de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali tienen una cobertura mucho más grande”, advierte. Y sobre la polémica por las continuas quejas en vías nacionales, como ocurre en Corozal (Sucre), donde tienen concesión, el representante asegura que decisiones como estas están relacionadas más con temas de seguridad, que la propia comunidad exige, como en zonas donde hay colegios. También afirma que los dispositivos le dan un margen de tolerancia al conductor, por encima del límite de velocidad establecido, que va desde el 10 al 30 por ciento, de acuerdo con la decisión de las autoridades.
“Es imposible que un conductor esté calculando al milímetro (...). Al usuario se le permite una holgura, un margen de tolerancia para que no esté en esa incertidumbre. Pero, además, también instalamos avisos de advertencia”, explica.
Sobre la necesidad de cámaras de fotomultas, dice Porto que las estadísticas sobre accidentalidad en las zonas donde operan les da la razón. “Lo podemos ver en vías como la que va entre Barranquilla y Cartagena, en los tramos censados, desde que empezamos a operar jamás ha habido un accidente de tránsito. Uno de los más críticos era la curva de entrada a Puerto Colombia y allí van tres años si un solo accidente”, indica Porto.
Finalmente, sobre los porcentajes que les corresponden al operador privado y al municipio por concepto de fotomultas, César Porto afirma que en el caso de Construseñales obtiene un bajo porcentaje, con el que deben cubrir los costos de operación que, según dice, incluye equipos de última tecnología, de la empresa sueca Sensys que son utilizados en Europa y Estados Unidos.
‘Tenemos que regular el recaudo’
Ingrese pie de foto
Los senadores Óscar Mauricio Lizcano, Antonio Guerra y Mauricio Aguilar fueron los creadores del proyecto de ley que pretende regular la instalación de fotomultas en el país. Aguilar, quien será el ponente en marzo, habló con EL TIEMPO.
¿Cuál es el problema que ven con las fotomultas?
Hay unas anomalías en los procesos de adjudicación. Se le está entregando el negocio a unos particulares, a unas empresas para que operen y hagan esta actividad de las fotodetecciones sin ningún tipo, digamos, de regulación. Hay muchas irregularidades. Son operadores que no tienen que ver nada con los organismos de tránsito, son personas particulares que se convirtieron en autoridades de tránsito sin serlo.
¿Qué buscan con la ley?
Queremos regular que la implementación de estas fotodetecciones. Para que se puedan implementar tiene que realizarse previamente un estudio realmente técnico por parte de los organismos de tránsito, de los entes territoriales y del propio Ministerio de Transporte. No hay ningún tipo de regulación actualmente. Es un mecanismo muy importante, que ayuda a los organismos de tránsito a encontrar a infractores, pero desafortunadamente como se viene implementando se atropella a los conductores.
¿La regulación sería solo para las nuevas?
Sancionada esta ley, en 30 días hábiles, quien no tenga todos los estudios técnicos debe desmontar la fotomulta.
¿Los porcentajes de recaudo se regularían?
Tenemos que regular también el recaudo. Si realmente las fotomultas son una manera para que el organismo de tránsito ayude a evitar tanta accidentalidad, evitar que se vulneren las señales de tránsito, también se tiene que ver beneficiado.
*Investigación realizada por periodistas y corresponsales de Nación y la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.

«
Next
Entrada más reciente
»
Previous
Entrada antigua