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Investigan al alcalde Miguel Rico por supuestas irregularidades en el manejo de alimentación escolar

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En momentos en que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, está anunciando un “nuevo Programa de Alimentación Escolar, PAE, que tenga un estricto control de los recursos, mejor inversión, con transparencia y calidad”, la Procuraduría General de la Nación ‘enfiló baterías’ contra quienes están haciendo mal manejo de la comida de los niños en las regiones.


Ayer, el órgano de control ordenó investigar al alcalde del municipio de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, por presuntas irregularidades en la contratación de la alimentación escolar en el valle de laboyos, y puso su ‘mira’ en otras entidades territoriales con otras decisiones.


Frente al caso del alcalde, Rico Rincón, la Procuraduría señala al mandatario de presuntas irregularidades en la celebración de tres contratos con la polémica Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada. Esta cooperativa es la misma que según la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, es “controlada” por Germán Trujillo Manrique, esposo de la exgobernadora del Huila Cielo González Villa, y quien actualmente tiene detención domiciliaria por apoderarse de la plata de la alimentación escolar en el departamento de Santander.


Los contratos firmados entre el alcalde de Pitalito y la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada suman más de $7.800 millones.

El año pasado, por ejemplo, el alcalde Rico Rincón firmó la Resolución 110 de 2017, a través de la cual le adjudicó a Surcolombiana de Inversiones un contrato por más de $2.555 millones, que tenía como objeto garantizar el servicio de alimentación escolar. El acto administrativo asegura que a la licitación de ese contrato se presentaron Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, Consorcio Pae Pitalito y Unión Temporal Vida Sana y que luego del proceso correspondiente, se consideró que la Cooperativa fue el único proponente habilitado.

El contrato fue celebrado entre el mandatario de los laboyanos y Luisa Fernando Flores Rincón, representante legal en ese entonces de la polémica cooperativa. Ella fue capturada en noviembre de 2017 y acaba de ser condenada a 42 meses de cárcel como contratista del PAE en pueblos santandereanos. Flores Rincón, cuya condena deberá pagar en centro carcelario, admitió los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado a favor de terceros, falsedad en documento público y privado. También fue condenada al pago de una multa por 742 millones de pesos y quedó inhabilitada por 58 meses para ejercer funciones públicas.

¿QUÉ INVESTIGA LA PROCURADURÍA?

De acuerdo con la Procuraduría, en la celebración de contratos con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada, se investiga un presunto direccionamiento de la contratación a favor del operador.

“Este presunto direccionamiento habría vulnerado los principios de responsabilidad, transparencia, y el deber de selección objetiva”, aseguró el órgano de control.
Por estos mismos hechos, será investigado el exsecretario de gobierno de Pitalito, Jorge Enrique Motta Carvajal, quien en algunas ocasiones fungió como alcalde encargado en el gobierno de Pedro Martín Silva.

La decisión de la Procuraduría se produce cuando el alcalde de Pitalito Miguel Antonio Rico Rincón ha decidido interrumpir sus tormentosas vacaciones y reasumir el cargo en el día de hoy jueves. El mandatario salió a vacaciones a finales de julio, pero fue capturado acusado de ser el “determinador” del asesinato del expersonero Luis Gerardo Ochoa. Estuvo detenido, pero tras las audiencias de rigor fue dejado en libertad.

La Oficina de Prensa de la Alcaldía de Pitalito confirmó que a primera hora, Rico Rincón liderará una reunión con sus asesores jurídicos para analizar el lío disciplinario.

OTRAS DECISIONES
Mientras al alcalde de Pitalito le abrió una investigación formal, la Procuraduría decidió abrir una indagación de carácter preliminar contra la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva por presuntas irregularidades en la celebración de contratos para el manejo de la alimentación escolar.

Se trata de seis contratos, que la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva celebró con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones.
De estos contratos, el órgano de control se abstuvo de entregar mayores detalles.

Tomado de La Nación



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