Aunque el crecimiento de la economía viene rebotando desde
finales del 2017, pasando del 1,7 por ciento en ese año a 2,7 por ciento en el
2018 y al 3 por ciento al corte del primer semestre, ello no ha sido suficiente
para absorber la mano de obra, a tal punto que la generación de empleo, que
crecía al 1 por ciento, hoy está cayendo a tasas del 6 por ciento.
La situación se ha visto reflejada en los niveles de
desempleo, que de estar por debajo del 9 por ciento en el 2015 han venido
subiendo continuamente cuatro años, hasta llegar al 11,8 por ciento
en agosto pasado, mientras que la tasa de desocupación de los jóvenes, según el
Dane, se ubicó en 17,5 por ciento en el trimestre mayo-julio, el nivel más alto
desde el 2013 para este mismo período, según el Dane.
Ante esta situación, que los economistas llaman desempleo estructural, esta semana el
centro de estudios económicos Anif volvió a abrir el polémico debate.
Y lo hizo al plantear que, a través de un decreto conjunto,
entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, se active un plan de choque mediante la
fijación de un salario mínimo
diferencial para los jóvenes menores de 25 años, equivalente al 75 por ciento de la asignación mínima mensual
vigente, con lo cual su ingreso sumaría un poco más de 621.000 pesos.
Al aclarar que dicho pago se aplicaría solo durante un año,
el presidente de Anif, Sergio Clavijo, justificó
su planteamiento en la necesidad de atacar esas ‘abismales’ cifras de desempleo
en los jóvenes, dándoles no solo la oportunidad de engancharse
laboralmente, sino de adquirir los conocimientos prácticos necesarios que le
permitan posteriormente aspirar a una mejora salarial, una vez demuestren sus
capacidades y contribuyan a la productividad de la empresa
Al mismo tiempo, según la propuesta de Anif, este esquema
ayudaría a compensar en algo las falencias
que hay en la formación de los jóvenes en las universidades, de tal manera
que el aprendizaje se convierta en un estímulo para impulsar la productividad,
variable que viene estancada en los últimos cinco años.
Y, de acuerdo con Clavijo, es claro que Colombia no ha logrado resolver el problema de enganche de los más jóvenes, y de ahí la propuesta, planteada como una de las salidas a la divergencia en el desempeño laboral en las actividades productivas.
En efecto, mientras en el primer semestre de este año sectores como el comercio han aumentado el enganche de personal, esto no se ha visto ni en el sector industrial, ni en el agropecuario ni tampoco en la rama de construcción, que este año ha caído 2,5 por ciento en su PIB y ha generado 100.000 puestos, pero principalmente por obras civiles
Una vez se conoció la propuesta, desde los
sectores académicos y jurídicos llovieron críticas, ya que el punto central de
la polémica es que si bien los jóvenes no solo en Colombia, sino en el mundo,
adolecen de experiencia laboral, como es apenas lógico, reducir sus salarios de enganche no compensa el esfuerzo económico
para prepararse en un país como el nuestro, con altos costos de la
educación, pues no solo basta con pagarse el pregrado, sino estudiar varios
idiomas, y hasta buscar recursos para realizar maestrías.
Para el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, la primera barrera en la propuesta de Anif es la constitucionalidad, ya que, según explica, la Carta Política “garantiza como principio del derecho al trabajo, una remuneración mínima, vital y móvil para los trabajadores en Colombia”.
Y agrega que si bien la tasa de desempleo juvenil casi duplica la tasa nacional de toda la población, adoptar una flexibilización a partir de la reducción de derechos ha demostrado ser ineficiente para corregir problemas del sistema laboral en materia de empleabilidad.
“Es preferible optar por vías de
corrección enfocadas en la conexión del sistema educativo y el mundo laboral y
esquemas de acreditación y reconocimiento de experiencia en programas de
formación, por ejemplo”, indicó.
A su turno, Javier Rincón, profesor asociado de Derecho Público de la
Universidad Javeriana, considera que el planteamiento de Anif es regresivo en derechos de los trabajadores y
pasa por encima del derecho a la igualdad, que no solo está consignado en
la Constitución, sino en el Código Sustantivo del Trabajo.
En otras palabras, para implementar la propuesta habría que hacer reforma
constitucional y un proyecto de ley modificando la ley laboral. Se consultó al
Ministerio del Trabajo, sin embargo, se abstuvieron de referirse al tema para dejar que se dé el
debate nacional.
Por su parte, Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, calificó como interesante la propuesta, pero llamó la atención sobre la necesidad de tener mucho cuidado en cómo se diseña.