Una de ellas fue condenada por este flagelo a tres años de prisión.

La labor interinstitucional entre tropas del Grupo Gaula Militar Huila de la Novena Brigada y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, permitieron la captura de tres personas, que en hechos aislados, prestaron sus nombres al parecer, para que les fueran enviados dineros mediante giros de víctimas de extorsión en el Huila.

La primera captura se materializó en el barrio Los Pinos del corregimiento de Zuluaga en Gigante. Se trata de Ana María Scarpeta Vargas, quien era requerida para cumplir condena de 3 años de prisión por el delito de tentativa de extorsión agravada, según sentencia proferida por el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Algeciras, por hechos ocurridos el 15 de marzo del año 2018.



Según la denuncia, el día 13 del mismo, la víctima recibió la primera llamada telefónica en la que un sujeto haciéndose pasar por integrante de los Grupos Armados Organizados residuales, le aseguraba ser el responsable de un hurto registrado el 15 de febrero de ese mismo año, en la finca de propiedad de sus padres, y le exigía la suma de $2.000.000 a cambio de dejarlo tranquilo.

El afectado, un habitante del centro del Huila, recibió tres llamadas en un mismo día; en la última comunicación le aseguraban no estar jugando, le dijeron que estaban enterados que había denunciado y que de no consignar la suma exigida, él y su familia serían objeto de atentados.

Los otros detenidos en Bogotá responden a los nombres de Leonardo Macana Ruiz y Alix Lorena Cortés.



Según los elementos probatorios, ambos eran los encargados de recolectar los dineros producto de los engaños a través de llamadas telefónicas.

La pareja pertenecerían a una organización con injerencia a nivel nacional, que inició su accionar delictivo en el año 2015. Su -modus operandi-, identificar a sus víctimas y obtener datos personales básicos de los incautos para así llamarlos y engañarlos bajo la modalidad tío-tío, haciéndose pasar por algún familiar y pedirle ayuda monetaria porque supuestamente estaba en problemas judiciales.



La Fiscalía tiene conocimiento que a cada una de las víctimas ubicadas no sólo en el Huila, sino también en el Valle del Cauca, Santander y Bogotá, les exigían entre $8.000.000 y $10.000.000.

A la mujer le fue impuesta medida de aseguramiento en centro de reclusión, mientras que el hombre está a la espera de que le sea definida.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.


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