Una de
ellas fue condenada por este flagelo a tres años de prisión.
La labor
interinstitucional entre tropas del Grupo Gaula Militar Huila de la Novena
Brigada y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía
General de la Nación, permitieron la captura de tres personas, que en hechos
aislados, prestaron sus nombres al parecer, para que les fueran enviados
dineros mediante giros de víctimas de extorsión en el Huila.
La primera
captura se materializó en el barrio Los Pinos del corregimiento de Zuluaga en
Gigante. Se trata de Ana María Scarpeta
Vargas, quien era requerida para cumplir condena de 3 años de prisión por
el delito de tentativa de extorsión agravada, según sentencia proferida por el
Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Algeciras, por hechos ocurridos el 15 de
marzo del año 2018.
Según la
denuncia, el día 13 del mismo, la víctima recibió la primera llamada telefónica
en la que un sujeto haciéndose pasar por integrante de los Grupos Armados
Organizados residuales, le aseguraba ser el responsable de un hurto registrado
el 15 de febrero de ese mismo año, en la finca de propiedad de sus padres, y le
exigía la suma de $2.000.000 a cambio de dejarlo tranquilo.
El
afectado, un habitante del centro del Huila, recibió tres llamadas en un mismo
día; en la última comunicación le aseguraban no estar jugando, le dijeron que
estaban enterados que había denunciado y que de no consignar la suma exigida,
él y su familia serían objeto de atentados.
Los otros
detenidos en Bogotá responden a los nombres de Leonardo Macana Ruiz y Alix Lorena Cortés.
Según los
elementos probatorios, ambos eran los encargados de recolectar los dineros
producto de los engaños a través de llamadas telefónicas.
La pareja
pertenecerían a una organización con injerencia a nivel nacional, que inició su
accionar delictivo en el año 2015. Su -modus operandi-, identificar a sus
víctimas y obtener datos personales básicos de los incautos para así llamarlos
y engañarlos bajo la modalidad tío-tío, haciéndose pasar por algún familiar y
pedirle ayuda monetaria porque supuestamente estaba en problemas judiciales.
La Fiscalía
tiene conocimiento que a cada una de las víctimas ubicadas no sólo en el Huila,
sino también en el Valle del Cauca, Santander y Bogotá, les exigían entre $8.000.000 y $10.000.000.
A la mujer
le fue impuesta medida de aseguramiento en centro de reclusión, mientras que el
hombre está a la espera de que le sea definida.
La Fiscalía
hace pública esta información por razones de interés general.