La consulta en abril de 2020 planteará dos preguntas: si se quiere o no
una nueva Carta Magna y qué tipo de órgano debiera redactarla, si una “comisión
mixta constitucional” o una “convención constitucional” o Asamblea
constituyente.
La actual Ley Fundamental, aprobada en plena dictadura de
Pinochet, ha sido señalada por la ciudadanía en la actual crisis social como el
gran escollo para construir un país más justo.
El Congreso chileno llegó a un acuerdo en la madrugada de este viernes
para convocar en abril de 2020 a un plebiscito por una nueva Constitución que
sustituya la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), tras
casi un mes de violento estallido social.
“Es una respuesta de la política con mayúscula que piensa en Chile y que
también se hace cargo y asume su responsabilidad”, afirmó el presidente
del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia
(centroizquierda), flanqueado por los presidentes de las principales
formaciones políticas del país, a excepción del Partido Comunista, en una
conferencia de prensa en una de las sedes del Congreso en Santiago. “Esta
respuesta que están dando todos los partidos que nos acompañan es una muestra
que busca señalar el camino de profundización democrática, una salida pacífica
a la crisis y de construir un verdadero contrato social, y eso ha sido posible
gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada”.
Bajo el acuerdo, necesario para modificar la actual carta magna, que no
permite llamar a plebiscito para estos fines, se impulsará la realización
de una consulta en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas: si
se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debiera redactar esa
nueva Constitución: una “comisión mixta constitucional” o una “convención
constitucional” o Asamblea constituyente, explicó Quintana.
La convención mixta constitucional, impulsada por los partidos de
la coalición de gobierno derechista, será integrada en partes iguales por
miembros elegidos para este efecto y parlamentarios en ejercicio, mientras
que en la “convención constitucional”, promovida por los partidos de
la oposición, todos sus integrantes serán elegidos específicamente para este
evento.
La elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en
octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo
sufragio universal con voto voluntario. Pero la ratificación de la nueva
Constitución, si el proyecto es ratificado en el plebiscito, será con
sufragio universal y voto obligatorio.
“Nosotros estamos contentos de haber podido construir a aprobar un
acuerdo que derrote la violencia”, afirmó de su lado Jacqueline van
Rysselberghe, presidenta de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente
(UDI), el principal partido de la coalición de partidos del gobierno de
Sebastián Piñera.
El presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido
por la Democracia, flanqueado por los presidentes de las principales
formaciones políticas del país.
El acuerdo se aprobó en un Congreso en que ninguna de las fuerzas
políticas contaba con los dos tercios necesarios para cualquier modificación
sustantiva de la Constitución, tras casi un mes de violentas protestas
sociales que dejaron 22 muertos y miles de heridos y detenidos en
multitudinarias manifestaciones callejeras, saqueos, incendios y
enfrentamientos con la policía.
Pablo Vidal, diputado del izquierdista Revolución Democrática, dijo por
su parte que el acuerdo "es el triunfo del pueblo de Chile movilizado”.
"Tenemos que ahora luchar por el sueldo mínimo, por las pensiones, por el
seguro de salud y muchos otros temas”, agregó.
“Llegamos a acuerdo para Nueva Constitución”, escribió más temprano
en Twitter el Presidente del Partido por la Democracia Heraldo Muñoz. “Ahora le
corresponderá a la ciudadanía decidir democráticamente en plebiscito. Muere
la Constitución del 80 en dictadura.
Diputados oficialistas y opositores estuvieron reunidos desde el
miércoles para conseguir una salida política a la crisis, la más grave
desde el retorno de la democracia, y responder así a uno de los principales
clamores de los manifestantes, que culpan a la actual Carta Magna de ser el
origen de la grandes desigualdades del país.
Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura de
Augusto Pinochet (1973-1990), la Ley Fundamental le concedió al Estado un rol
“subsidiario” (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud,
la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización, y ha sido
señalada por la ciudadanía en la actual crisis social como el gran escollo para
construir un país más justo.
El Gobierno, que al inicio de la crisis se mostró muy reacio, se
abrió finalmente el domingo a un proceso constituyente, pero rechazaba la
convocatoria de un plebiscito previo sobre los temas y una Asamblea
Constituyente, la fórmula que pedían la oposición y la mayoría de los manifestantes.
De Congreso Constituyente a Convención Constituyente
En un primer momento, el Gobierno propuso lo que llamó un “Congreso
Constituyente”, es decir, que sean los actuales parlamentarios los que redacten
el nuevo texto y que este sea luego ratificado en referéndum.
Pero dado el alto nivel de descrédito que tienen los diputados, la
coalición gubernamental Chile Vamos -formada por cuatro partidos de
centro-derecha y derecha- llevó este jueves una nueva propuesta a la mesa
de negociación: una “Convención Constituyente”, integrada en a partes iguales
por los actuales diputados y ciudadanos electos.
Para el catedrático de la Universidad de Utrecht (Holanda) y de la
Universidad de Diego Portales (Chile) Javier Couso, se trata de una “gran
cesión” por parte de la derecha, dado su histórico rechazo a tocar la
Carta Magna y teniendo en cuenta que hace unos días se negaba a un proceso
constituyente.
La Constitución chilena se ha reformado más de 40 veces en los últimos
años, pero ningún Gobierno ha conseguido cambiar su esencia neoliberal por
las altos cuotas parlamentarias que se requieren. La ex presidenta Michelle
Bachelet intentó un fallido proceso constituyente durante su segundo mandato
(2014-2018).
Cuatro semanas de crisis social
Las multitudinarias protestas, que se iniciaron el 18 de octubre por la
subida del precio de pasaje de metro y se convirtieron luego en un clamor
contra el Gobierno y el desigual modelo económico heredado de la dictadura, son
en su mayoría pacíficas, aunque también se han registrado duros
enfrentamientos entre manifestantes y agentes, saqueos y destrucción de
mobiliario público.
El jueves se realizaron decenas de actividades en
todo el país para recordar al joven mapuche asesinado Camilo Catrillanca, un
caso que dañó fuertemente la imagen institucional y al entonces ministro del
Interior. Se convirtió además en el símbolo de la represión policial, que
enfrenta críticas por su cuestionada actuación para dispersar las protestas.
En tanto, la moneda local continuaba desplomándose al cumplirse la
cuarta semana de protestas. El peso chileno se depreciaba hasta tocar un
nuevo mínimo histórico y el dólar cotizaba a 802,63 pesos chilenos, una cifra
histórica e inimaginable hace menos de un mes. Antes del estallido de la
crisis, la divisa se cambiaba por entre 710 y 720 pesos chilenos, eso a pesar
de que el Banco Central chileno inyectó en la víspera 4.000 millones de dólares
a través de licitaciones para frenar la caída del peso.
La caída del peso invocaba entre los distintos sectores el temor de la
recesión en la que puede caer Chile si no soluciona pronto su
revuelta social, para la que parece no haber una salida fácil ni clara.
Al comienzo de la crisis Piñera anunció un paquete de
leves mejoras sociales a las pensiones básicas y al ingreso
mínimo, propuso rebajar los millonarios sueldos de los parlamentarios y subir
impuestos a quienes ganan más de 11.000 dólares al mes. Nada de eso atenuó las
protestas. Luego anunció una rebaja parcial a los pasajes de adultos mayores en
el transporte público y condonar los intereses de las deudas que contraen los
estudiantes universitarios e incrementar el ingreso mínimo al equivalente a 470
dólares mensuales. Los chilenos tienen un sueldo promedio que oscila entre los
500 y 700 dólares.
La crisis ya se ha cobrado la vida de al menos 22
personas -cinco de ellos presuntamente a manos de las fuerzas
de seguridad- y miles de heridos y detenidos, además de denuncias de abuso
policial y torturas.