La
Cancillería de Colombia, a través de un comunicado, confirmó sobre la intención del presidente Iván
Duque de poner sobre la mesa la discusión de la reelección indefinida en la
región.
La
Cancillería presentó ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos una consulta que busca determinar si la
reelección presidencial indefinida constituye
un derecho humano protegido en América Latina, o si viola la Convención
Interamericana de DDHH y la Carta Democrática de Lima.
En
el escrito, el Gobierno Nacional
espera que sean utilizados varios tratados internacionales como la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana o Pacto
de San José, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, con el fin de aclarar la inquietud que
tiene.
Así
mismo, pide a la Corte Interamericana que sean escuchados varios sectores e
individuos, representantes de la sociedad civil y académicos, para que ayuden a la discusión interna y
se aclare la consulta.
La
solicitud se hace en el marco de las elecciones presidenciales en Bolivia, en
las que Evo Morales completa varios mandatos presidenciales
y aspira a que sea reelegido una vez más.
Este es el comunicado:
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública que, tal como lo anunció el presidente Iván Duque con ocasión del 62 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de Colombia está presentando ante la Corte una Solicitud de Opinión Consultiva en relación con el tema de la reelección presidencial indefinida, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La consulta elevada a la Corte está dirigida a precisar si el derecho de un presidente a ser reelegido en forma indefinida constituye un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cuáles son las consecuencias jurídicas de dicha situación.
Asimismo, el Gobierno colombiano espera que la
Corte, interpretando instrumentos jurídicos regionales como la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana o Pacto
de San José, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, defina si las medidas legislativas que adopta
un Gobierno con el fin de perpetuarse en el poder son compatibles con dichos
instrumentos internacionales.
Como en cualquier proceso de carácter consultivo
ante la Corte IDH, en el mismo pueden participar, no solo los gobiernos de los Estados miembros de la OEA, sino
individuos, representantes de la sociedad civil y académicos que
quieran exponer ante la Corte sus opiniones sobre el tema objeto de la
consulta.
El Gobierno colombiano espera que la Corte reciba muchas contribuciones conceptuales
de dichos sectores, que le permitan emitir un dictamen que
interprete la convicción jurídica común de los pueblos de las Américas respecto
a este tema fundamental.