Con un panel de expertos convocados por Dejusticia, se analizó la crisis carcelaria, que, aunque no es nueva, pone más presión a las autoridades en tiempos de pandemia.

En las cárceles del país no se garantizan condiciones de salubridad y factores como el hacinamiento agravan el panorama ante un eventual brote de COVID-19. En menos de 24 horas luego de que el presidente, Iván Duque, anunciara que todo el país entraría en cuarentena obligatoria desde la medianoche del 24 de marzo por el COVID-19, en cárceles de toda Colombia se presentaron amotinamientos. A pesar del llamado de la Procuraduría y la Defensoría, soló hace cinco días se decretó el estado de emergencia carcelaria.

El sistema penitenciario yace en jaque desde hace más de treinta años. Durante el seminario virtual ‘Covid-19 y la crisis carcelaria’ convocado por el centro de estudios Dejusticia, participaron el profesor e investigador de la Universidad de los Andes Libardo Ariza, Claudia Cardona de la Fundación Humanas, y Juan Sebastián Hernández, investigador del área de prisiones de los anfitriones. Allí dieron algunas reflexiones sobre el enfoque de la política penitenciaria en Colombia y la negativa al uso de otras alternativas que eviten la cárce, lo que ha llevado a que tengamos un hacinamiento del 53%.

Las condiciones de insalubridad en las que conviven los reclusos en el país los hace muy vulnerables a la propagación de virus y bacterias, ya en situaciones normales. “Si llega a darse un brote de COVID-19 en una prisión el sistema de salud se va a desbordar. Ningún gobierno tiene cómo parar la emergencia”, asegura Verónica Hinestroza, abogada de Derechos Humanos y moderadora del panel. Las primeras medidas que se tomaron para evitar que el virus llegara a las prisiones consistieron en limitar las visitas, evitar los traslados y aislar a las personas privadas de la libertad.

Medidas que son insuficientes y poco acertadas para Hinestroza debido a que el acceso a las visitas o las actividades de ejercicio en los centros carcelarios son necesarias para la salud mental y emocional de esta población e instó al Gobierno a buscar otros mecanismos. Así mismo, resaltó que estas medidas no solo afectan a las personas dentro de los centros de reclusión sino a sus familias, que, frente a la desinformación, reclaman a las autoridades.

Claudia Cardona, psicóloga de la Corporación Humanas, también mencionó su rechazo a la medida que imposibilita a los reclusos acceder por medio de sus familiares a las necesidades básicas como ropa, alimentación y utensilios de aseo propios para prevenir la expansión del virus. Desde años esta población ha sido blanco de estigmatizaciones, las cuales han normalizado el abandono y las precarias condiciones en las que viven los reclusos, así lo manifiesta Juan Sebastián Hernández, investigador de Dejusticia en el área de sistema judicial.

Hernández también menciona que la emergencia del COVID-19 ha revivido el debate en torno a una decisión que solucionaría la situación carcelaria: la construcción de más centros de reclusión. “Se ha demostrado que la cárcel no resocializa (…) La problemática está en poner condenas muy largas y cuando el gobierno quiere aplicar otras alternativas, como el trabajo comunitario, el problema es la implementación”, explica Hernández.

Como afirma Libardo Ariza, doctor en derecho, investigador del Grupo de Prisiones de la U. de los Andes y autor de la investigación “The Bullet in the Glass: War, Death, and the Meaning of Penitentiary Experience in Colombia”, el sistema carcelario tiene unos costos muy altos que los ciudadanos no sienten. Sin embargo, lo que el COVID-19 ha sacado a flote es la urgencia por descongestionar las cárceles pensando en los efectos que tendrá el virus no solo para esta población, sino para un sistema de salud frágil sin capacidad para tanta gente.

Ariza reconoce que las medidas tomadas por el Gobierno son razonables y pone de ejemplo el estado de emergencia carcelarias decretado por el director del Inpec. Sin embargo, sostiene que si, en situaciones normales dentro de algunos centros penitenciarios no hay acceso a agua potable y servicios de salud, “ahora parece que se debe esperar una pandemia para que el Gobierno aplique sus obligaciones ordinarias que deben garantizarse en situaciones de normalidad y no como medidas de emergencia”.

Según este experto, las medidas que podría aliviar rápidamente la amenaza de un brote en las cárceles son las excarcelaciones de algunos de los presos. Para este experto, el nudo de la discusión no debe centrarse en quiénes deben ser liberados sino en cuántas liberaciones podrían devolverle el equilibrio al sistema y evitar la propagación de la enfermedad con los escasos recursos que posee en estos momentos.

El sistema desigual y de privilegios propios de una sociedad estratificada como la colombiana también evitan que el sistema penitenciario colombiano cuente con la estabilidad necesaria ante esta emergencia. Esa lectura la hace Ariza explicando que “los motines presentados en la cárcel Modelo de Bogotá la semana pasada, no se presentaron en toda la cárcel sino en los patios cuatro y cinco. El 5% de la prisión tiene poder. Hay patios que no tienen hacinamiento mientras que otros patios están a reventar. Esto debe tenerse en cuenta en las excarcelaciones”.

El meollo de este asunto es el engorroso proceso de las solicitudes que tienden a tardarse hasta que, un juez de ejecución de pena junto con un juez de control de garantías, le den luz verde a la liberación. Mientras tanto, el tiempo corre en contra. Para que esto se haga rápido y tenga el impacto deseado, habría que ampliar el personal en los centros carcelarios, que, de por si, en tiempos de normalidad permanecen congestionados. De tomarse esta decisión, este proceso llevaría al límite al Inpec, dice.


La demora en ponerle atención a las cárceles no ha sido un pecado cometido únicamente por el gobierno colombiano. Desde el estallido del brote, los gobernantes han optado por dejar de último a las personas privadas de la libertad. Sin embargo, ya se han visto liberaciones masivas de presos en países como Italia y Estados Unidos. “Este no es un proceso de descongestión penitenciaria ordinaria como estamos acostumbrados en Colombia (..) Este es un proceso de liberaciones por una pandemia, que tiene que ser rápido, tiene que ser ya y deberíamos estar viendo las primeras liberaciones hoy (…) Si el proceso va a pasar por todo el sistema que tenemos ahora, la primera liberación la vamos a estar viendo en dos semanas y ya va a ser demasiado tarde”, añade Ariza.

El panorama que enfrenta hoy Colombia es de una crisis que se salió de las cárceles, afectando también estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI) que no tienen recursos sanitarios ni de alimentación como lo tienen las cárceles. Ante las medidas cautelares decretadas por la Corte Constitucional, Juan Sebastián Hernández reconoció el esfuerzo de la normativa, pero instó a que se haga una estrategia nacional que reconozca a las siete mil personas que permanecen hacinadas en lugares como estos. 

Aunque se están tomando medidas de prevención en los centros de reclusión, otra discusión se centra en cómo va a ser la respuesta del Inpec ante un eventual contagio en las cárceles. “La atención especializada se ha tratado de dar fuera de los centros carcelarios entonces vamos a utilizar los mismos hospitales para la población carcelaria (…) van a haber muchos muertos”, mencionó Hernández. Esto pone presión al sistema de salud e instituciones carcelarias que no cuentan con la capacidad de atender un contagio masivo en las cárceles.



Redacción Judicial Espectador

publicidad