Con
un panel de expertos convocados por Dejusticia, se analizó la crisis
carcelaria, que, aunque no es nueva, pone más presión a las autoridades en
tiempos de pandemia.
En
las cárceles del país no se garantizan condiciones de salubridad y factores
como el hacinamiento agravan el panorama ante un eventual brote de COVID-19. En
menos de 24 horas luego de que el presidente, Iván Duque, anunciara que todo el
país entraría en cuarentena obligatoria desde la medianoche del 24 de marzo por
el COVID-19, en cárceles de toda Colombia se presentaron amotinamientos. A
pesar del llamado de la Procuraduría y la Defensoría, soló hace cinco días se
decretó el estado de emergencia carcelaria.
El
sistema penitenciario yace en jaque desde hace más de treinta años. Durante el
seminario virtual ‘Covid-19 y la crisis carcelaria’ convocado por el centro de
estudios Dejusticia, participaron el profesor e investigador de la Universidad
de los Andes Libardo Ariza, Claudia Cardona de la Fundación Humanas, y Juan
Sebastián Hernández, investigador del área de prisiones de los anfitriones.
Allí dieron algunas reflexiones sobre el enfoque de la política penitenciaria
en Colombia y la negativa al uso de otras alternativas que eviten la cárce, lo
que ha llevado a que tengamos un hacinamiento del 53%.
Las
condiciones de insalubridad en las que conviven los reclusos en el país los
hace muy vulnerables a la propagación de virus y bacterias, ya en situaciones
normales. “Si llega a darse un brote de COVID-19 en una prisión el sistema de
salud se va a desbordar. Ningún gobierno tiene cómo parar la emergencia”,
asegura Verónica Hinestroza, abogada de Derechos Humanos y moderadora del
panel. Las primeras medidas que se tomaron para evitar que el virus llegara a
las prisiones consistieron en limitar las visitas, evitar los traslados y
aislar a las personas privadas de la libertad.
Medidas
que son insuficientes y poco acertadas para Hinestroza debido a que el acceso a
las visitas o las actividades de ejercicio en los centros carcelarios son
necesarias para la salud mental y emocional de esta población e instó al
Gobierno a buscar otros mecanismos. Así mismo, resaltó que estas medidas no
solo afectan a las personas dentro de los centros de reclusión sino a sus
familias, que, frente a la desinformación, reclaman a las autoridades.
Claudia
Cardona, psicóloga de la Corporación Humanas, también mencionó su rechazo a la
medida que imposibilita a los reclusos acceder por medio de sus familiares a
las necesidades básicas como ropa, alimentación y utensilios de aseo propios
para prevenir la expansión del virus. Desde años esta población ha sido blanco
de estigmatizaciones, las cuales han normalizado el abandono y las precarias
condiciones en las que viven los reclusos, así lo manifiesta Juan Sebastián
Hernández, investigador de Dejusticia en el área de sistema judicial.
Hernández
también menciona que la emergencia del COVID-19 ha revivido el debate en torno
a una decisión que solucionaría la situación carcelaria: la construcción de más
centros de reclusión. “Se ha demostrado que la cárcel no resocializa (…) La
problemática está en poner condenas muy largas y cuando el gobierno quiere
aplicar otras alternativas, como el trabajo comunitario, el problema es la
implementación”, explica Hernández.
Como
afirma Libardo Ariza, doctor en derecho, investigador del Grupo de Prisiones de
la U. de los Andes y autor de la investigación “The Bullet in the Glass: War,
Death, and the Meaning of Penitentiary Experience in Colombia”, el sistema
carcelario tiene unos costos muy altos que los ciudadanos no sienten. Sin
embargo, lo que el COVID-19 ha sacado a flote es la urgencia por
descongestionar las cárceles pensando en los efectos que tendrá el virus no
solo para esta población, sino para un sistema de salud frágil sin capacidad
para tanta gente.
Ariza
reconoce que las medidas tomadas por el Gobierno son razonables y pone de
ejemplo el estado de emergencia carcelarias decretado por el director del Inpec.
Sin embargo, sostiene que si, en situaciones normales dentro de algunos centros
penitenciarios no hay acceso a agua potable y servicios de salud, “ahora parece
que se debe esperar una pandemia para que el Gobierno aplique sus obligaciones
ordinarias que deben garantizarse en situaciones de normalidad y no como
medidas de emergencia”.
Según
este experto, las medidas que podría aliviar rápidamente la amenaza de un brote
en las cárceles son las excarcelaciones de algunos de los presos. Para este
experto, el nudo de la discusión no debe centrarse en quiénes deben ser
liberados sino en cuántas liberaciones podrían devolverle el equilibrio al
sistema y evitar la propagación de la enfermedad con los escasos recursos que
posee en estos momentos.
El
sistema desigual y de privilegios propios de una sociedad estratificada como la
colombiana también evitan que el sistema penitenciario colombiano cuente con la
estabilidad necesaria ante esta emergencia. Esa lectura la hace Ariza
explicando que “los motines presentados en la cárcel Modelo de Bogotá la semana
pasada, no se presentaron en toda la cárcel sino en los patios cuatro y cinco.
El 5% de la prisión tiene poder. Hay patios que no tienen hacinamiento mientras
que otros patios están a reventar. Esto debe tenerse en cuenta en las
excarcelaciones”.
El
meollo de este asunto es el engorroso proceso de las solicitudes que tienden a
tardarse hasta que, un juez de ejecución de pena junto con un juez de control
de garantías, le den luz verde a la liberación. Mientras tanto, el tiempo corre
en contra. Para que esto se haga rápido y tenga el impacto deseado, habría que
ampliar el personal en los centros carcelarios, que, de por si, en tiempos de
normalidad permanecen congestionados. De tomarse esta decisión, este proceso
llevaría al límite al Inpec, dice.
La
demora en ponerle atención a las cárceles no ha sido un pecado cometido
únicamente por el gobierno colombiano. Desde el estallido del brote, los
gobernantes han optado por dejar de último a las personas privadas de la
libertad. Sin embargo, ya se han visto liberaciones masivas de presos en países
como Italia y Estados Unidos. “Este no es un proceso de descongestión
penitenciaria ordinaria como estamos acostumbrados en Colombia (..) Este es un
proceso de liberaciones por una pandemia, que tiene que ser rápido, tiene que
ser ya y deberíamos estar viendo las primeras liberaciones hoy (…) Si el
proceso va a pasar por todo el sistema que tenemos ahora, la primera liberación
la vamos a estar viendo en dos semanas y ya va a ser demasiado tarde”, añade
Ariza.
El
panorama que enfrenta hoy Colombia es de una crisis que se salió de las
cárceles, afectando también estaciones de policía y las Unidades de Reacción
Inmediata (URI) que no tienen recursos sanitarios ni de alimentación como lo
tienen las cárceles. Ante las medidas cautelares decretadas por la Corte
Constitucional, Juan Sebastián Hernández reconoció el esfuerzo de la normativa,
pero instó a que se haga una estrategia nacional que reconozca a las siete mil
personas que permanecen hacinadas en lugares como estos.
Aunque
se están tomando medidas de prevención en los centros de reclusión, otra
discusión se centra en cómo va a ser la respuesta del Inpec ante un eventual
contagio en las cárceles. “La atención especializada se ha tratado de dar fuera
de los centros carcelarios entonces vamos a utilizar los mismos hospitales para
la población carcelaria (…) van a haber muchos muertos”, mencionó Hernández.
Esto pone presión al sistema de salud e instituciones carcelarias que no
cuentan con la capacidad de atender un contagio masivo en las cárceles.
Redacción Judicial
Espectador