Insólito y de escándalo. Así se puede considerar el contrato
que otorgó la Presidencia de la República, a la empresa Du Brands SAS,
para mejorar imagen del Presidente Iván Duque en redes sociales, con
publicidad, en medio de la pandemia por el Covid-19.
El
jugoso contrato de estrategia de posicionamiento fue suscrito, el pasado 30 de
abril, por un valor de $3.350 millones.
El
escandaloso contrato fue revelado este lunes, por la cadena radial La Fm, en un
informe de la periodista Ana María Cuesta.
El
medio nacional reveló que Du Brands SAS, es una compañía que ya trabajó
con el mandatario. Lo hizo durante su campaña presidencial. En la primera vuelta presidencial se ganaron $10.666.887.361
y en segunda vuelta $4.849.624.140. Encargados de pauta y publicidad,
como ahora.
Según
la FM, el presente contrato, tiene el siguiente objeto: "definición e
implementación de la estrategia de imagen y posicionamiento online del
Presidente".
En
pocas palabras, en medio de los informes diarios de Duque al país, por la
pandemia, esta empresa ponerlo en buen término en redes sociales, con respecto
a sus decisiones en medio de la emergencia sanitaria.
¿No
sería mejor invertir esos $3.350 millones en mercados para la gente vulnerable,
en auxilios para la sociedad, en créditos para empresarios de pequeña o mediana
empresa, en implementos de salud?
El
país afronta prioridades esenciales, en medio de una bomba de tiempo social, y
el mandatario prefiere invertir miles de millones de pesos en su imagen en
redes sociales. No hay derecho.
Lo
peor del asunto, es que este no ha sido el único vínculo contractual de Du Brands SAS, con la actual Presidencia de
la República. La FM indicó que ya hubo dos contratos anteriores y uno de
ellos se pagó con recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz.
En
ese contrato, según el medio nacional "crear, recibir, depurar, verificar
y actualizar las listas de influenciadores digitales". La finalidad era
interactuar con ellos y que colocaran a Duque en una imagen favorable.
Duque
le quitó plata a la implementación de la paz para mejorar su imagen, en
noviembre de 2019, cuando el país estaba inmerso en marchas por su preocupante
gestión.
Ese
contrato fue supervisado y contó con el estudio previo elaborado por el
polémico consejero de comunicaciones Hassan Amín Abdul Nassar Pérez.
La
FM indicó que el funcionario emitió el siguiente concepto: "teniendo en
cuenta la coyuntura nacional y las actividades en materia de movilizaciones
sociales iniciadas el 21 de noviembre de 2019, a partir del cual se declararon
diversos toques de queda en el país, surge la necesidad de conocer la
percepción de la sociedad acerca del estado actual de las políticas públicas,
los avances y logros del Gobierno para identificar las acciones a seguir, con
el fin de facilitar la interacción entre el ciudadano y la administración
pública y dotar de herramientas institucionales la Conversación Nacional
propuesta por el Gobierno".
Lo
paradójico del caso es que recientemente el señor Hassan Amín Abdul Nassar
Pérez, en una mesa técnica con los
Ministros de Comercio y Mintic, periodistas, gerentes y directores de medios
regionales, liderados por el Senador Mauricio Gómez, argumentó que su despacho no
podía dar pauta a los medios locales y regionales, de los planes de
comunicación para prevenir la propagación del Covid-19, porque la Procuraduría
General había expedido una circular y en su numeral 4.1 lo prohibía tajamente.