Tal como ocurrió con el gobernador Anibal Gaviria, el líder del Centro Democrático no podrá continuar como Senador. Aquí la explicación de ese y otros efectos políticos que desata la decisión de la Corte Suprema contra Uribe.

En julio de 2018, justo luego que se anunció que Uribe era llamado a rendir indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, el senador anunció que dejaría su curul en el Congreso para poder concentrarse en su defensa. Eso finalmente no ocurrió. Ahora, ante la medida de aseguramiento que le impuso la Sala de Instrucción no tiene opción: deberá cesar su rol de legislador.

El artículo 359 de la ley 600 de 2000, que es el marco normativo en el que se sigue el caso de Uribe, señala que: “Cuando se imponga medida de aseguramiento en contra de un servidor público, en la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo”. Eso significa para el caso en cuestión que la Corte Suprema deberá solicitar a la mesa directiva del Senado la suspensión del líder de Centro Democrático.

En el caso de Uribe proceden las mismas circunstancias que recién sacaron del cargo de gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Cuando la Fiscalía resolvió imponerle medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, la pandemia ya tenía al país en confinamiento, pero aun así el burgomaestre no pudo con su cargo. Fue suspendido. Lo mismo ocurre con el senador Uribe, aunque resolviera seguir legislando dado que los congresistas están sesionando desde sus casas a través de plataformas tecnológicas, no lo podría hacer.


Y si a la suspensión de ley se suma que el propio expresidente ha dicho en distintos momentos que a estas alturas de la vida quisiera retirarse a cuidar a sus nietos, se puede vislumbrar que la etapa de la vida de Uribe como Senador está concluyendo.

 

Fuente: SEMANA

 

 


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