A justicia ordinaria dejaron caso de Álvaro Uribe por manipulación de testigos. La jueza 30 con función de Control de Garantías se queda con la competencia para decidir sobre la petición de libertad del expresidente Uribe.
La Corte Suprema de Justicia decidió dejar en manos la justicia ordinaria, a través de la Ley 906, el proceso por presunta manipulación de testigos que se sigue contra el ex senador Álvaro Uribe.
La decisión se tomó con base en la ocurrencia de los hechos, ya que el
proceso contra Uribe inició en el año 2018; es decir, después de la entrada en
vigencia de la ley 906.
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que la jueza 30 con función
de Control de Garantías, también tendrá la competencia de determinar en qué
etapa deberá continuar el proceso contra Uribe, por los delitos de fraude
procesal y soborno.
Lo anterior porque la Sala Plena suprimió o eliminó lo que planteaba la ponencia
del magistrado Gerson Chaverra de mantener todo lo actuado por la Sala de
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión se tomó con 19 votos a favor y dos salvamentos de voto de los
magistrados Jaime Moreno y Gerardo Botero.
En la discusión no participó el magistrado de la Sala Penal Luis Antonio
Hernández, quien se declaró impedido porque conoció el expediente cuando el
entonces presidente de la Sala, el magistrado José Luis Barceló, abrió la
investigación.
En ese sentido, la Corte mantuvo la determinación que ya había tomado la
jueza 30 con función de Control de Garantías, quien había devuelto su decisión
a este alto tribunal para una segunda opinión.