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El informe más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela que Colombia continúa siendo el país más mortífero de América para los defensores de derechos humanos. Durante el año 2023, se verificaron 126 asesinatos a defensores de derechos humanos en toda América Latina, de los cuales 70 ocurrieron en Colombia, representando más del 55% de los casos. Brasil ocupó el segundo lugar con 21 homicidios.
La prevalencia de la violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia está directamente relacionada con la producción de coca. Los cuatro departamentos más peligrosos para los defensores (El Cauca, Putumayo, Nariño y el Valle del Cauca) se encuentran en el suroccidente del país, donde el cultivo de coca, el narcotráfico y la presencia de grupos armados han generado conflictos prolongados que afectan a la población civil.
En El Cauca, la violencia se intensifica debido a los enfrentamientos entre el ELN, el EMC y las columnas disidentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos. La población indígena es especialmente vulnerable en esta región. En Putumayo, a pesar de un cese al fuego bilateral, el Frente Carolina Ramírez continúa con reclutamientos forzados y enfrentamientos, mientras que en Nariño, la presencia de múltiples grupos armados ha generado desplazamientos y casos de desapariciones.
A pesar de los esfuerzos por garantizar la protección de los defensores de derechos humanos, Colombia sigue siendo un país peligroso para ellos. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, se han registrado 1,270 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en Colombia, incluyendo líderes sociales de comunidades campesinas e indígenas. Aunque la cifra de asesinatos disminuyó en comparación con años anteriores, el país sigue enfrentando desafíos significativos en materia de seguridad para los defensores de derechos humanos.