El director administrativo de Comfamiliar Huila fue capturado en la noche de ayer en Neiva. Por cinco delitos tendrá que responder él y siete personas más.
CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO
Armando Ariza Quintero, director Administrativo de Comfamiliar, tendrá que responder por el favorecimiento ‘a toda consta’ a la IPS Mediláser, para que prestara el servicio de salud a todos los afiliados del régimen subsidiado en el departamento.
Un grupo de la Dirección Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, investigó el caso y solicitó la detención de Ariza junto a siete personas más implicadas en la celebración indebida de este contrato que comprometió no solo $25 mil millones de pesos, sino la salud de miles de huilenses. Los hechos acaecieron entre 2006 y 2011.
Hoy, ante cualquier duda de la opinión pública, Mario Montes, Director Nacional Anticorrupción de la Fiscalía y el General Carlos Ramiro Mena, Director Nacional de la Dijín de la Policía, entregaron detalles de las conductas que dieron origen a la formulación de cargos que esta tarde le harán a los indiciados. Hasta el momento los investigados son: Armando Ariza Quintero, director administrativo de Comfamiliar; Ana Isabel Hernández Triana, exgerente de Mediláser; Carlos Trujillo, exgerente de Mediláser; María Maryori Zuluaga Arenas, exgerente Mediláser; Juan Pablo López; Adolfo Ubajoa Avilés, exalcalde de La Plata; Ramiro Paredes, exalcalde de La Plata; Edgar Bonilla, exalcalde de Garzón.
Los delitos por lo que son investigados, han sido señalados como: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito en particulares, falsedad ideológica en documento público, y concierto para delinquir.
La historia
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foto: Sergio Reyes La Nación[/caption]Comfamiliar, seccional Huila, de “manera irregular y buscando favorecer a toda costa al contratista, contrataron la prestación del servicio de salud, para todos los afiliados del régimen subsidiado de salud con el departamento del Huila con la IPS Mediláser”, afirmó el fiscal Mario Montes.
“Mediláser no estaba habilitada para funcionar en la zona centro, sur y occidente del departamento del Huila, ni contaba con infraestructura física necesaria para prestar este servicio, siendo estos requisitos esenciales y necesarios para que se pudiera contratar con esta entidad”, señaló el representante del ente acusador.
“Tales contratos se hicieron bajo la modalidad de ‘capitación’ en cuantía de 25 mil millones de pesos aproximadamente. Simultáneamente con esta contratación, con Mediláser, Comfamiliar contrató con las ESE la misma prestación de los servicios de salud que había contratado con Mediláser, para la misma atención y para los mismos afiliados, esto bajo la modalidad de ‘evento controlado’, en cuantía de $6.000 millones.
En dicha contratación con las ESE de los municipios, se indicó que el monto de los servicios que se prestaría a los afiliados al Sisbén por esas ESE de esos municipios lo cubrirían las mismas ESE, en este caso de Garzón y La Plata, “pero en todo caso, no podrían ser superiores a una suma determinada de $6.000 millones, aproximadamente”, señaló el investigador. Es de recalcar, según explicó la Fiscalía, “Mediláser no tenía ni la infraestructura ni estaba habilitado para prestar ese servicio”.
En conclusión, y este será el tema de debate en el juicio, “Comfamiliar, descontaba de esos $25.000 millones a Mediláser de los $6.000 millones de pesos que podrían valer esos servicios. Aquí se dejó en total desprotección a la población porque se contrataba bajo la modalidad de ‘eventos controlados’, es decir, que las ESE de los municipios podrían prestarse los servicios de salud hasta determinados montos de dinero”, recalcó el investigador.
Tomado de El caracolí