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» » » » El fallo que tiene triste a los tumbados por las pirámides


Pitalito Noticias sábado, julio 18, 2015

Un juez determinó que el Estado no tiene la culpa de sus pérdidas. Los estafados piden en total 45.6 billones de pesos.


Quienes habían metido dinero en DMG o en cualquiera de las pirámides que se han derrumbado en los últimos años, tienen hoy una gran decepción. Muchos de ellos esperaban que el Estado les respondiera por las millonarias pérdidas que habían sufrido, y tenían sus esperanzas en un centenar de demandas que cursan actualmente en diferentes juzgados del país.

La mala noticia para todos ellos es que un fallo del Juzgado Primero de Descongestión de Pasto acaba de rechazar sus pretensiones. En la sentencia se argumenta que fueron quienes acudieron a estos mecanismos los que se expusieron a ser estafados. Uno de los principales apartes de la sentencia afirma que “es la propia demandante quien, con su falta de elemental previsión y prudencia, propició la materialización del daño que ahora (…) pretende endilgar a las entidades demandadas”.

El gobierno estaba profundamente preocupado ante la ofensiva que se le vino encima por quienes perdieron plata en las pirámides y buscaban recuperarla a través de demandas multimillonarias contra el Estado.

Si las pirámides en su momento pusieron en jaque a las autoridades por los problemas sociales y de orden público que ocasionaron en muchas regiones del país, las pretensiones de los abogados que defienden a las víctimas de estas captadoras ilegales pueden poner en jaque la economía nacional.

Tomadas de conjunto, estas pretensiones conforman la demanda contra el Estado más cuantiosa de la historia en Colombia: 45,6 billones de pesos. Ese monto representa la mitad de la deuda externa total del país y alcanza para cubrir cuatro veces el costo de una tragedia invernal como la que vivió el país hace unos años. Histórica era también la cantidad de demandantes, que sumaba más de 200.000 personas. Pero lo más insólito de todo es que lo que han pedido los demandantes supera 15 veces los tres billones de pesos que se estimaba se perdieron en las pirámides.

A la magnitud económica del problema se añaden las dificultades de la justicia para manejarlo, no solo por la avalancha de procesos, sino porque han abundado los casos en que los jueces debían declararse impedidos porque también buscaron ganarse una 'platica' con las pirámides, en su momento.

Este 'tsunami' ha tenido al gobierno en máxima alerta durante los últimos años quien ha desplegado una importante defensa jurídica contra esos procesos.

La danza de los abogados

Desde noviembre de 2008, cuando estalló el fenómeno de las pirámides con la intervención del gobierno de las principales captadoras -DMG, Drfe y Costa Caribe-, comenzaron a aparecer abogados dispuestos a ayudarles a las personas que perdieron su dinero.

Muchas demandas fueron presentadas por abogados que ilusionaron a sus clientes con eventuales condenas multimillonarias contra el Estado. En la mayoría de los casos eran demandas proforma, es decir, formularios estándar que no justificaban claramente los supuestos perjuicios. Según la información que dio el Ministerio de Hacienda en el momento en que estas demandas se interpusieron, algunos de los demandantes ni siquiera se hicieron presentes en la liquidación de las respectivas pirámides, lo que pone en duda la seriedad de los supuestos perjuicios que ahora alegan.

En muchos casos, los abogados reclaman para sus clientes no solo el capital que metieron en las captadoras ilegales, sino un lucro cesante y hasta daños morales. De ganar estas acciones, los abogados quedaban mejor que si hubieran invertido en las pirámides con éxito. Algunos habían cobrado una cuota anticipada, mientras otros se habrían llevado una buena tajada en caso de que la justicia les hubiera dado la razón.

Aunque las demandas contra el Estado son un deporte nacional, en este caso los afectados consideran que la mayor responsabilidad recae sobre las autoridades, por la falta de control y vigilancia sobre esos fenómenos de captación ilegal. Según argumentan, el Estado falló en proteger a los ciudadanos de las pirámides.

El escándalo de las pirámides, uno de los más grandes que ha tenido el país en el último medio siglo, está lejos de haber terminado. Lo que empezó en unas oficinas ante las que la gente hacía colas interminables, ahora anega los estrados judiciales.

Este nuevo capítulo luce como una reedición del viejo dicho: "la ambición rompe el saco". Ya lo rompieron una vez los cientos de miles de familias que quedaron en la calle por buscar hacer dinero fácil con DMG y sus homólogas. Y, guiados por abogados que veían en este proceso el negocio de sus vidas, muchos reclamantes pretendían que el Estado les pagara más de lo que invirtieron, vía lucro cesante, intereses y daños morales.

El fallo del juzgado de Pasto es un precedente importante que seguramente determinará muchos otros procesos que están en curso. Falta ver qué pasa en los cientos de juzgados del país frente a todas las demandas que faltan.


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