Hijo de directora financiera del Senado ofreció $ 100
millones para que lo dejaran libre.
Luis Javier Rojas Morera, un joven politólogo perteneciente
a una importante familia del Huila y figura del jet set de esa zona del país,
es el principal protagonista del escándalo por el que, al
menos en papeles, aún figura a nombre del Congreso de la República.
Rojas se movía en un Toyota Camry gris modelo 2011 con placas oficiales:
OBH-651. En un retén de la Fiscalía y el Ejército en la calle 94 con
carrera 21, barrio Chicó, fue sorprendido con 12.999 billetes que estaban en
dos maletasy que, según las autoridades, pertenecen a las bandas criminales.
Él es hijo de Magdalena Morera Rebolledo, jefa de la División Financiera y
Presupuesto del Senado, y de Luis Javier Rojas, un reconocido político y
empresario del Huila que fue director del partido de ‘la U’ en ese
departamento.
Además, hacía parte de la Unidad de Trabajo Legislativo
(UTL) del representante a la Cámara por Guaviare Alexánder García Rodríguez.
Luego de que los uniformados encontraran el dinero, el politólogo les ofreció
cien millones de pesos para que lo dejaran seguir su camino. Los militares se
negaron y de inmediato pusieron en conocimiento de la Fiscalía el intento de
soborno. De hecho, fue por ese cargo criminal y no por el porte hasta ahora no
explicado de la enorme cifra en efectivo que un juez de Paloquemao le dictó
ayer detención domiciliaria.
Aunque el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, sostuvo que el carro
ya no es de esa entidad y fue vendido hace un par de años, el jefe de la
Dirección de articulación de Fiscalía, Iván Lombana, sostuvo que el vehículo
sigue a nombre de esa corporación.
La situación es todavía más compleja porque la madre del
capturado, por su cargo, tiene que ver con los procesos de enajenación de bienes
como los carros viejos. Cómo su hijo terminó en un carro al que no le han
hecho papeles, y además utilizándolo para un delito, es una de las
explicaciones que la funcionaria, que hasta el martes no había respondido a los
medios, tendrá que darles a las autoridades.
“El vehículo oficial fue incautado y el dinero retenido con fines de comiso. La
tarjeta de propiedad del carro aparece a nombre del Congreso, y por eso es un
vehículo oficial”, señaló Lombana. El carro, según la Dirección Administrativa
del Senado, fue dado de baja de los activos de esa corporación en septiembre
del 2014, y fue entregado a la promotora Comercializadora Naves Ltda. para que
lo subastara. Supuestamente fue vendido a un ciudadano que “no realizó el
transpaso a pesar de habérsele notificado en repetidas ocasiones”.
La División de Personal de la Cámara certificó que Rojas
Morera trabaja en el equipo del representante García desde julio del año
pasado. Esa división igualmente señaló que en ese momento se verificaron
los antecedentes del politólogo y que se constató que no tenía ningún
requerimiento o antecedente judicial. Por su lado, el representante
aseguró el martes que está dispuesto a dar las explicaciones que le pidan los
organismos de control, y que no tiene ninguna relación “con las actuaciones” de
su subalterno.
“Se ha decidido que (Rojas Morera) asuma su defensa por
fuera de mi grupo de trabajo. Desconozco las actividades que adelantaba por
fuera de su horario laboral y, mucho menos, la procedencia del dinero”, dijo.
Con apoyo de EE. UU.
Una investigación que desde hace más de un año viene
adelantando la Fiscalía con apoyo de Inteligencia Militar y agencias de los
Estados Unidos permitió realizar la operación.
Fuentes que conocen el caso señalaron que un informante entregó datos puntuales
sobre la existencia de una sofisticada red de lavado de dinero con sede en
Bogotá y otras tres capitales, y que presta sus servicios grupos de
narcotraficantes de todo el país.
La Fiscalía cree que Rojas Morera fue contactado por integrantes de esa organización
para transportar el dinero en el vehículo con papeles del Congreso, con lo que
buscaban evitar que fuera detenido. “Esa red tiene varias modalidades para
mover la plata a grandes ciudades y realizar operaciones para lavar el dinero
ilegal”, señalaron los investigadores.
Aunque el fiscal del caso le imputó a Rojas los cargos de enriquecimiento
ilícito, lavado de activos y cohecho, el juez del caso justificó su decisión de
mandarlo a la casa por cárcel porque, señaló, Luis Javier se sintió acorralado
y ante ese temor buscó evitar que un servidor cumpliera con su función, abordó
al funcionario y le hizo dos ofrecimientos, en primer lugar por 50 millones de
pesos y en una segunda ocasión por 100 millones de pesos”. Dijo que, como no se
ha demostrado el origen ilegal de la plata, no dictaba captura por lavado.
El martes, el Ejército señaló que el dinero que movía el joven “hacía parte del
sistema de financiamiento ilegal de las bandas criminales”.
JUSTICIA EL TIEMPO