Dese santa
Martha, el senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez, se pronunció en contra
de las 277 páginas en las que según él se
firma una paz con impunidad donde se le permitirá a Timochenko ser
presidente, así mismo indicó que la
campaña por el no al plebiscitó se fortalecerá ya que los colombianos no tienen
la opción de decidir con una sola pregunta si aprueban o no lo acordado en La
Habana, este fue el discurso y los argumentos del ex mandatario:
¡No al
plebiscito es igual a que reorienten los acuerdos!
Una señora
de San Juan del Cesar me contó que ante la pregunta de su hija secuestrada,
embarazada por violación de cabecillas y obligada a abortar, le respondió que
sus victimarios no serían llevados a la cárcel, podrían ser alcaldes y
concejales y expresaban no tener de qué arrepentirse ni por qué pedir perdón,
la joven cerró la conversación con la frase "mamá y me piden que yo
perdone".
En lugar de
obtener la paz el premio al crimen multiplica a los criminales.
El Gobierno
ha utilizado este proceso para estimular el descrédito de nuestra democracia
ante propios y ante la comunidad internacional. La democracia más extensa y
menos interrumpida de América Latina, que ha superado todas las imperfecciones
sin claudicar ante el terrorismo, queda igual a dictaduras, y el narco
terrorismo de la FARC como una legítima insurgencia civil de aquellas que
enfrentaron esas dictaduras. Nuestras Fuerzas Armadas, ejemplares en su
espíritu democrático, son igualadas al terrorismo, sometidas a su tribunal,
condenadas a aceptar delitos no cometidos para evitar la cárcel y engañadas por
la mentira oficial que les niega alternativas institucionales de alivio
judicial.
El Gobierno
ha estimulado una campaña contra más de dos millones de agricultores y
ganaderos, víctimas del narco terrorismo. Por ejemplo, las palabras del abogado
Santiago de la FARC, la ley de tierras, incendiaria de guerras rurales a
machete, el patrocinio oficial de invasiones y el texto de La Habana, reducen a
los agricultores a la condición de asesinos y desplazadores de campesinos.
El Gobierno
disimula su indiferencia frente a los anhelos populares con un acuerdo de
demagogia agrarista que busca la colectivización del campo y la destrucción del
agro productivo. Así empezaron Castro y Chávez, dejaron a sus pueblos sin
comida, después destruyeron la industria, la economía toda, ahuyentaron a los empresarios
y arruinaron a los trabajadores. Los ciudadanos honestos del campo rechazan la
expropiación de sus tierras, reclaman condiciones para hacerlas producir.
El Gobierno
negocia el campo con la FARC que ha sido su verdugo, sin embargo, disminuye
para 2017 los recursos de inversión agropecuaria y en los años anteriores
derrochó jugosas cuantías.
El Gobierno
se obliga a titular las zonas rurales de la FARC, de reserva campesina, pero
ignora, por ejemplo, el reclamo de los llaneros por los títulos de las tierras
que han trabajado históricamente.
El Gobierno
niega servir al Castro Chavismo pero le allana el camino, Chávez inicialmente
negó el castrismo, la FARC por lo menos confiesa su socialismo Siglo XXI.
El Gobierno
miente a los civiles con el anuncio de que al tribunal de la FARC irán
solamente los determinadores de delitos no obstante que el texto obliga a
someterse a todo aquel que hubiera participado, directa o indirectamente, en el
supuesto conflicto.
El Gobierno
acepta el tribunal del terrorismo en lugar de reformar la justicia
institucional, con doble instancia, acciones de revisión obligatorias y
temporales, garantías de imparcialidad de sus administradores.
Este proceso
premia al terrorismo al negar cárcel a los máximos responsables de delitos atroces,
en un país con más de 100 mil presos por delitos menores que los de FARC;
premia al terrorismo con elegibilidad política que no tienen esos presos, ni
los paramilitares, ni los políticos que han perdido la investidura; premia al
terrorismo con la aceptación del lavado de dineros de narco tráfico, delito sin
castigo en cabeza de FARC, el mayor cartel de cocaína del mundo.
Nada
justifica permitir la elección de Timochenko al Senado o a la Presidencia, o de
Joaquin Gómez a la Gobernación de La Guajira. Nuestra democracia les dio todas
las oportunidades y prefirieron seguir con el asesinato. Braulio Herrera e Iván
Márquez estuvieron en el Congreso, combinaron la política con la violencia, una
de las causas del exterminio de la Unión Patriótica, y Márquez regresó a su
escondite de Venezuela, desde donde ordenaba secuestros y carros bombas.
Con su
dinero la FARC podrá remplazar todas las armas que entregue. En la política
creará una distorsión para comprar votos, superior a la mermelada corrupta del
Gobierno.
Un joven de
Villanueva, Guajira, se quejó de los aportes económicos a los guerrilleros, le
dije que en eso no veía problema y con disgusto y justicia me replicó que esos
dineros deberían proceder de la riqueza de la FARC.
Este proceso
convierte a la FARC en grupo paramilitar, socio del Estado para combatir a
otros delincuentes; a manera del pasado cuando asociaron al Estado con
narcotraficantes, que como a don Berna convirtieron en paramilitares, con la
disculpa de enfrentar a otros narco traficantes, y con daño irreparable a las
instituciones. Grave riesgo tener como escoltas a personas acostumbradas a la
vida del delito.
Este proceso
convierte a la FARC en interlocutora para negociar derechos de la mujer, a
sabiendas de su autoría sistemática de violación de niñas, que con fusil han
obligado a abortar.
Este proceso
ha estado signado por la cadena de mentiras del Gobierno que pasó de negar la
impunidad a justificar que los máximos responsables no vayan a la cárcel; que
propuso el referendo y para eludir su umbral y la obligación de una pregunta
por cada tema adoptó el plebiscito de una sola pregunta, con umbral reducido al
13%, apoyado por el aparato estatal, los fusiles del terrorismo y la
intimidación a los servidores públicos y a los civiles. Mentiras del Gobierno
que aceptó que Timochenko pueda ser Presidente de la República después de haber
asegurado que no podrían ser congresistas. El discurso oficial ocultó que a las
curules aseguradas les suma otras 16 que surgirán de circunscripciones
exclusivas de candidatos de FARC o afines.
En este
proceso los únicos límites materiales del Gobierno, sus única líneas rojas han
sido los cálculos de tiempo para protocolizar el premio al crimen, la paz a su
manera, que justifique a una administración que acabó la confianza de
inversión, menguó la economía, derrochó las bonanzas y ha creado dificultades
de sostenibilidad a políticas sociales. El Gobierno tiene afán de aprobar el
plebiscito para después imponer otra reforma tributaria, gastar más, contraer
más deuda, arriesgar la regla fiscal y la estabilidad de la economía.
En este
proceso el Gobierno optó por aceptar la mutilación de San Andrés, para no
indisponer a Maduro y a Ortega, asociados de FARC.
Con la
sumisa firma el Gobierno pretende tapar la desnutrición infantil en La Guajira,
el abandono del Chocó, su indiferencia ante las angustia comunitarias. En el
extranjero dirá todo lo contrario del desgobierno que en Colombia ha impuesto.
El Gobierno
da todo a la FARC y niega todo a los colombianos honestos, sean transportadores
o chocoanos, usuarios de peajes, de SaludCoop o Caprecom, saqueadas por la
corrupción de políticos, trabajadores o empresarios, acosados por la inflación
y los tributos. Los únicos que parecen tener derecho son quienes logren un
beneficio por su apoyo al plebiscito.
Las cortes,
los congresos y gobiernos del futuro podrán anular la impunidad. Una
constituyente tampoco la salvaría porque seguiría la vigencia de la Corte Penal
Internacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todavía más, si
Colombia se retirara de estos estatutos, los responsables de delitos atroces
correrían el riesgo de cárcel en cualquier país que adopte la creciente
doctrina de la jurisdicción universal, que hace inescapable la prisión para las
conductas de lesa humanidad.
Sorprende
que dirigentes de la comunidad internacional apoyen la impunidad a la FARC que
rechazan para terroristas de sus países.
El premio al
delito lo multiplica. Delincuentes campeones que no piden perdón, no se
arrepienten, se burlan del dolor causado, no son
recluidos siquiera en granjas agrícolas, humillan a la sociedad y a las
víctimas, crean condiciones para el rencor, no para la reconciliación. Quienes
defienden esta impunidad nunca la aceptarían para paramilitares, cuyas masacres
no son diferentes a las de FARC, ni sus válidas críticas a la crisis carcelaria
los llevaría a pedir libertad para todos los presos colombianos.
El castigo
justo ayuda a disuadir intenciones criminales presentes y futuras de la
comunidad en general y no puede considerarse solamente en función de que sirva
o sea inútil para corregir al delincuente castigado.
El ELN,
bandas criminales y disidentes de FARC, podrán seguir acumulando víctimas en la
certeza que serán premiados.
El Gobierno
ha aceptado utilizar los Convenios de Ginebra de 1949 para elevar a norma
constitucional inmodificable todo lo convenido con FARC. Los convenios son para
disminuir la crueldad en enfrentamientos, no para asegurar la temática diversa
de La Habana. Es injusto y riesgoso para el futuro del país crear semejante
intento de rigidez normativa, además con el antecedente de que la FARC siempre
violó los convenios con masacres a civiles, ataques a ambulancias, secuestros
de aviones comerciales, utilización de personas con collares bomba, etc.
Nadie
discute la paz, que de acuerdo con la Constitución nadie puede discutir. Muchos
colombianos en Resistencia Civil nos opondremos al plebiscito e insistiremos en
una paz estable, sin riesgo para las libertades.
Con
argumentos haremos la austera campaña del No al plebiscito de la FARC y del
Gobierno. Con corazón y entrega enfrentaremos las trampas oficiales y la
intimidación del grupo armado en debate electoral.
Ciudadanos,
la agenda nacional no es la agenda del terrorismo, la democracia se defiende
con coraje.
Álvaro Uribe
Vélez
Santa Marta,
agosto 26 de 2016