El proyecto hidroeléctrico de Oporapa, el más avanzado de los
siete que se han identificado en el río Magdalena, se apagó definitivamente.
La multinacional italo-española Emgesa, desmontó el proyecto
para construir una tercera represa en el sur del Huila.
La decisión fue confirmada por el gerente general de la
compañía, Bruno Riga, quien solicitó oficialmente el archivo del proyecto y la
terminación anticipada de los trámites administrativos que venía adelantando
para obtener la viabilidad técnica, a pesar de la abierta oposición de las
comunidades.
El proyecto para la construcción de la nueva central
hidroeléctrica fue presentado el 9 de agosto de 2012 por Emgesa al iniciar los
trámites para la licencia ambiental, en medio de una generalizada oposición de
la comunidad.
La multinacional solicitó a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (Anla) los términos de referencia para realizar los
estudios de impacto ambiental, sin necesidad de presentar el Diagnóstico
Ambiental de Alternativas (DAA) así como la autorización para realizar la
consulta previa, primeros pasos para
iniciar los trámites del licenciamiento.
El proyecto tendría
una capacidad instalada de 280
megavatios, un poco más pequeña que El Quimbo pero con una gran afectación en los municipios de Oporapa, Isnos, Saladoblanco, Tarqui, Timaná, Elías
y Pitalito.
La tercera represa fue presentada como otro proyecto de gran
envergadura “para aprovechar al máximo la disponibilidad del recurso hídrico de
la zona”.
Sin embargo el proyecto generó un movimiento social en el sur
del Huila, asociada a las acciones en defensa del territorio que se han venido
adelantando en el resto de municipios.
La meta era tener una capacidad instalada de 1.220 megavatios
en el Huila (540 aportados por Betania y 400 por El Quimbo en operación desde
junio de 2015.
La construcción de la tercera represa hace parte del plan de
expansión. Emgesa aspira a convertirse en la empresa líder en el sector
energético colombiano. Actualmente cuenta con centrales de generación (diez
hídroeléctricas y dos térmoeléctricas.
EL DESMONTE
Riga, quien acaba de hacer dejación del cargo, anunció la
decisión de cancelar en forma definitiva el proyecto.
“Emgesa no se encuentra interesada en adelantar la
construcción y operación del proyecto hidroeléctrico de Oporapa”, advirtió Riga
antes de retirarse de la compañía.
El ejecutivo, quien estuvo hasta el 21 de agosto pasado en
esa posición, solicitó la terminación de los trámites que se hayan adelantado
hasta el momento y se proceda al cierre del expediente NDA 0821, donde iniciaba
los trámites para la obtención de la licencia ambiental.
La solicitud fue presentada en abril pasado a la directora de
la Anla, Claudia Victoria Gonzalez. La entidad reafirmó la decisión. Sin
embargo, advirtió que el archivo era improcedente.
La entidad rindió concepto técnico 1954 el 19 de noviembre de
2012 para el proyecto sobre el río Magdalena diseño construcción y operación
requería la presentación del diagnóstico ambiental de alternativas para su
correspondiente evaluación.
El requerimiento fue notificado a la multinacional el 15 de
febrero de 2013 culminando ese trámite administrativo. Con el estudio la Anla
podía iniciar en firme el proceso de evaluación del proyecto hidroeléctrico.
Sin embargo, Emgesa no presentó el respectivo estudio.
Ante el anuncio de la compañía de no tener interés en
continuar con el proyecto hidroeléctrico de Oporapa, “resulta improcedente dar por terminado un
trámite que no ha comenzado por inexistencia de un Diagnóstico Ambiental de
Alternativas”, explicó Guillermo Alberto Acevedo, subdirector de Evaluación y
Seguimiento.
“La presión social de las comunidades, las acciones
adelantadas por autoridades locales, líderes y organizaciones sociales en
defensa del territorio contribuyeron indudablemente en frenar este proyecto.
Sin embargo, la respuesta de la Anla genera incertidumbre, al no ordenar el
archivo definitivo”, afirmó el académico Miller Dussán Calderón, vocero de
Asoquimbo.
OPOSICIÓN
Pero no solo fue Asoquimbo. Las propias comunidades se
levantaron contra este proyecto, que se replicó en el resto municipios para
frenar la construcción de nuevas represas.
La construcción de una represa en el sector ‘El Guineo’ en la
vereda Vega Grande, afectaría además a otras regiones productoras como
Alto San Francisco, Paraguay, San Ciro y La Maica. Además, generaría graves
impactos económicos, sociales y ambientales en esta zona cafetera, afirmó la
Asociación de Productores Agrícolas (Surcafé)
de la vereda El Carmen.
“Si se llegase a ejecutar este proyecto, se deterioraría
mucho más la superficie del suelo hasta llegar posiblemente a un segundo
Gramalote a nivel nacional, siendo realmente catastrófico para los habitantes
de ese municipio”, expresaron.
EN SERIE
Los concejos municipales de la región mediante acuerdos en
serie prohibieron la minería de alto impacto y la construcción de represas.
Varios de estos proyectos no pasaron el control constitucional en el Tribunal
Administrativo del Huila.
En Oporapa, eje de la protesta, se inició una consulta
popular para apagar el proyecto.
La iniciativa fue propuesta el año pasado por el alcalde de
Oporapa, Pablo John Trujillo Motta ante los trámites iniciados hace cinco años
por la multinacional Emgesa para la posible construcción de una represa en el
sector ‘El Guineo’ en la vereda Vega Grande.
El concejo de Oporapa emitió concepto favorable para la
realización de la consulta popular el 2 de diciembre de 2016. Sin embargo, no
pasó el control de legalidad en el Tribunal Administrativo del Huila.
La corporación, inesperadamente, declaró inconstitucional el
procedimiento y cuestionó el texto que se pretendía someter a consulta para
impedir la construcción de la represa ‘El Guineo’ en Oporapa.
La iniciativa naufragó por dos razones, según los magistrados:
El procedimiento desde su inicio, se apartó del marco constitucional y
legal. En criterio de la corporación el
alcalde de Oporapa, al solicitar al concejo el concepto previo no tuvo en
cuenta que dicha pregunta no se ajustaba al ordenamiento jurídico vigente, en
la medida de que no llenaba el requisito de neutralidad que debía tener esta
especialísima forma de participación ciudadana.
En ese escenario de origen popular no se surtió el debate
político y jurídico necesarios para llevar adelante tal mecanismo de
participación ciudadana, en la medida de que tampoco allí se verificó la
inconstitucionalidad de la pregunta.
Tomado de La
Nación
Escrito por
Ricardo Areiza