Para el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, el
Gobierno Nacional está en deuda con los compromisos adquiridos con los
pobladores de la capital de Putumayo.
La avalancha dejó más de 300 personas muertas y alrededor de
100 desaparecidas.
El Procurador
General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que “no se han cumplido los
cronogramas” para la reconstrucción de Mocoa (Putumayo) tras la
emergencia que se presentó la avalancha de marzo pasado y que dejó más de 300
personas muertas y alrededor de 100 desaparecidas. “Hay que esperar a
ver si las autoridades dan la talla. Tienen que demostrarles a todos los
damnificados que aquí hay respuesta”, señaló.
Recordó que la entidad adelanta investigaciones
disciplinarias por incumplimientos y omisiones. “Parte de lo que sucedió
(con la avalancha) fue la ausencia de una política de Estado en materia de
gestión del riesgo, ordenamiento territorial y planeación urbana”. Un
proceso que también adelantó la Fiscalía y por el que imputó cargos a la
gobernadora del departamento, Sorrel Aroca Rodríguez, por el delito de
homicidio culposo. Para el ente investigador, la funcionaria conocía el
riesgo de la amenaza, la vulnerabilidad y el peligro inminente de los
habitantes de Mocoa que se encontraban cercanos a las cuencas hídricas. Es
decir, la gobernadora departamental conocía las altas probabilidades de que se
produjera una tragedia en esa zona del país.
“Las muertes le eran previsibles. Las autoridades
departamentales y municipales conocían, con anterioridad al daño, que las
características naturales de la quebrada ponían en riesgo inminente un alto
porcentaje de la población de Mocoa”, sostuvo la Fiscalía. En la investigación
se tuvo en cuenta que hace tres años, en 2014, se presentó un aguacero que
obligó a los habitantes de Mocoa, así como a los organismos de socorro, a tomar
medidas de mitigación de riesgos e implementar planes de acción para realizar
estudios con el objetivo de identificar los riesgos a los que eventualmente
podría enfrentar la población.
Por estos hechos, la Fiscalía también investiga a José
Antonio Castro Meléndez, alcalde de Mocoa, y Elver Porfidio Cerón Chincuque,
exalcalde del municipio, por los delitos de homicidio culposo,
prevaricato por acción y prevaricato por omisión.