La Corte Suprema de Justicia subió a 21 años de prisión la
pena que se le impuso a la exfiscal Tatiana Oliveros Gutiérrez, condenanda por
nexos con bandas criminales.
Oliveros era fiscal 58 de Derechos Humanos en Neiva (Huila) y
fue condenada por sus nexos con Jairo de Jesús Durango Restrepo, alias
'Guagua', jefe de la banda
criminal 'Clan Úsuga' con quien coordinó operaciones de narcotráfico.
En una primera instancia fue condenada a más de 19 años de prisión y en la segunda la Corte subió su pena en año y medio. El alto tribunal aumentó la condena afirmando que "la justicia no puede ser corrompida al representar un símbolo que desde su axiología repele la venalidad, la arbitrariedad, el interés individual".
Para la Corte, Oliveros mancilló la misión que se la había encomendado como fiscal, lo que implica que se le debe imponer una "respuesta proporcional a los intereses conculcados, a la oprobiosa ofensa infligida por faltar a su responsabilidad social".
Según el proceso penal, la entonces fiscal también contactó a autoridades o particulares para informarles que estaban siendo objeto de supuestos señalamientos de apoyar a grupos paramilitares con el fin de "presionarlos, ya bien fuera en la toma de decisiones o para la entrega de dinero".
En el proceso estaban los testimonios del exalcalde de Palermo, Víctor Ernesto Polanía Vanega, quien afirmó que en su contra se había fraguado un complot de ese tipo para señalarlo como supuesto auxiliador y testaferro de grupos al margen de la ley. También Cielo González Villa, exgobernadora del Huila, quien dijo que había conversado con la fiscal y que aunque nunca le informó que la fueran a llamar ante las autoridades, sí gestionó unos contratos a nombre de un tercero.
También testificaron en su contra Héctor Javier Osorio Botello, exalcalde de Neiva, quien le habló de supuestos señalamientos en su contra y le pidió empleo para sus allegados, así como el general de la Policía, Miguel Ángel Bojacá Rojas, y Armando Cuéllar Arteaga, empresario del sector transporte.
El alto tribunal también dijo que la fiscal tomó decisiones judiciales para favorecer a miembros de grupos al margen de la ley, se abstuvo e emitir decisiones frente a personas privadas de la libertad para que vencieran los términos, destruyó piezas procesales y alteró su contenido, entre otras irregularidades cometidas entre el 30 de noviembre del 2010 hasta julio del 2012.
Oliveros fue condenada por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, concierto para delinquir agravado con fines de concusión, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento, entre otros delitos.
En una primera instancia fue condenada a más de 19 años de prisión y en la segunda la Corte subió su pena en año y medio. El alto tribunal aumentó la condena afirmando que "la justicia no puede ser corrompida al representar un símbolo que desde su axiología repele la venalidad, la arbitrariedad, el interés individual".
Para la Corte, Oliveros mancilló la misión que se la había encomendado como fiscal, lo que implica que se le debe imponer una "respuesta proporcional a los intereses conculcados, a la oprobiosa ofensa infligida por faltar a su responsabilidad social".
Según el proceso penal, la entonces fiscal también contactó a autoridades o particulares para informarles que estaban siendo objeto de supuestos señalamientos de apoyar a grupos paramilitares con el fin de "presionarlos, ya bien fuera en la toma de decisiones o para la entrega de dinero".
En el proceso estaban los testimonios del exalcalde de Palermo, Víctor Ernesto Polanía Vanega, quien afirmó que en su contra se había fraguado un complot de ese tipo para señalarlo como supuesto auxiliador y testaferro de grupos al margen de la ley. También Cielo González Villa, exgobernadora del Huila, quien dijo que había conversado con la fiscal y que aunque nunca le informó que la fueran a llamar ante las autoridades, sí gestionó unos contratos a nombre de un tercero.
También testificaron en su contra Héctor Javier Osorio Botello, exalcalde de Neiva, quien le habló de supuestos señalamientos en su contra y le pidió empleo para sus allegados, así como el general de la Policía, Miguel Ángel Bojacá Rojas, y Armando Cuéllar Arteaga, empresario del sector transporte.
El alto tribunal también dijo que la fiscal tomó decisiones judiciales para favorecer a miembros de grupos al margen de la ley, se abstuvo e emitir decisiones frente a personas privadas de la libertad para que vencieran los términos, destruyó piezas procesales y alteró su contenido, entre otras irregularidades cometidas entre el 30 de noviembre del 2010 hasta julio del 2012.
Oliveros fue condenada por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, concierto para delinquir agravado con fines de concusión, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento, entre otros delitos.