Los ilusos ahorradores de la captadora ilegal no podrán
ser reparados. En un segundo fallo intentado por ahorradores de Neiva y
Pitalito quedó definitivamente descartada la indemnización por los dineros que
David Murcia les arrebató.
Los ilusos ahorradores de la captadora ilegal DMG no podrán
ser reparados. En un segundo fallo intentado por ahorradores de Neiva y
Pitalito quedó definitivamente descartada la indemnización por los dineros que
David Murcia les arrebató.
Argumentando que el Estado tuvo la principal culpa al
permitir el funcionamiento de las pirámides como DMG, un grupo de ahorradores
‘tumbados’ de Neiva y Pitalito, demandó para recuperar por la vía de la
indemnización los dineros que la captadora ilegal les arrebató.
Sin embargo, contrario a lo pretendido, fracasaron en un
nuevo intento adelantado ante el Tribunal Administrativo del Huila. El
organismo colegiado desmontó las pretensiones y eximió de cualquier
responsabilidad a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia
Financiera, a la Fiscalía y a la propia Presidencia de la República.
Es la segunda decisión. La primera fue adoptada en
septiembre del año pasado dejando sin piso las reclamaciones de otro grupo
de ahorradores de Pitalito, encabezados Lenny Natalia Castaño Cuenta,
Adriana Castaño Cuenca Reinel Guzmán, Jaider Ochoa Mejía y Wilfrey Bello
Bello, entre otros.
Buscando una reparación por las omisiones de las entidades
oficiales, otro grupo siguió la misma ruta.
En su sentir, hubo una tardía reacción del Gobierno
Nacional, de las autoridades financieras y de la propia Fiscalía para
investigar y frenar la captación masiva que se realizaba sin ningún control en
todo el país.
Inmensas colas de incautos depositando sus ahorros en las
pirámides. Caso Pitalito.
El contexto
Miles de incautos ahorradores entre ellos los demandantes,
cayeron en la trampa que les armó David Murcia Guzmán, el ‘cerebro’ de esas
operaciones ilegales.
Ilusionados por los rendimientos nunca vistos, depositaron
cuantiosas sumas de dinero en todas las oficinas que se expandieron rápidamente
en Neiva, Campoalegre, Garzón, Pitalito y La Plata. El fenómeno iniciado en
Putumayo, se expandió por todo el país.
Curiosamente, el mismo David Murcia inició en Pitalito, sus
primeros pasos con la rifa de carros y venta de servicios médicos. En el 2003
fundó la Red Solidaria DMG. Luego de trasladó a la Hormiga (Putumayo) donde
fundó su verdadero imperio, ofreciendo jugosos intereses a los ahorradores,
además de otros beneficios financieros, como precios más favorables en la
adquisición de electrodomésticos, bienes y servicios, obtenidos por la compra
de tarjetas prepago.
Los ilusos ahorradores entregaron no sólo sus ahorros.
También comprometieron sus patrimonios y muchos quedaron en la ruina.
En Pitalito Ana Doris Narváez, por ejemplo, depositó 87
millones; Andrés Felipe González, 40 millones y Rito Antonio Quinayá, 37
millones, entre otros demandantes.
En Neiva, se consignaron dineros individuales en
montos hasta de 29 millones de pesos. Ninguno pudo recuperar los dineros.
Negocio simulado
El primero en responder la demanda fue el superintendente de
Sociedades, Hernando Ruiz López (hoy gerente de Electrohuila). El
funcionario explicó que a pesar de haber sido intervenida DMG, muchas
personas por un desbordado ánimo de dinero fácil decidieron
voluntariamente correr el riesgo entregando sus dineros a esta segunda compañía
DMG Holding. Además, dijo, la supervisión sobre la actividad de captación
ilegal no correspondía a la Superintendencia de Sociedades, entidad que ejerció
sus competencias y funciones regladas frente a una actividad irregular de
captación masiva de recursos del público, facultades que resultaron
insuficientes.
“El Estado actuó partiendo de los instrumentos legislativos
con los que contaba para el momento en que se detectó la existencia de las
primeras pirámides”, afirmó.
La Superintendencia Financiera, la otra entidad
demandada, afirmó que DMG Grupo Holding S.A. nunca estuvo autorizado para
captar masivamente recursos del público. “La inscripción de dicha sociedad en
las Cámaras de Comercio de las ciudades donde funcionó, por sí misma no imponía
la obligación a la Superintendencia de ejercer las medidas de control
aplicables a las entidades que hacen parte de la estructura del sistema
financiero”, afirmó.
Las dos sociedades- aclaró- mimetizaron su operación de
captación de recursos del público sin autorización legal previa a través del
sofisticado sistema de las tarjetas prepago, tanto DMG S.A. como DMG Grupo
Holding S.A, con la complicidad de los mismos accionistas.
“Quienes hoy abogan como víctimas han sido partícipes de las
conductas que ahora, solo después de la pérdida de sus dineros, reconocen como
irregulares y/o ilegales, so pretexto de haber obrado confiadamente y de buena
fe”, subrayó.
“Fue un negocio simulado en el que ellos decidieron
participar (esquema de tarjetas prepago), con el que se ocultó a cualquier
control estatal la captación ilegal de recursos”, añadió el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
La fiebre del dinero facil en Neiva
Supuestas omisiones
En el mismo sentido se pronunciaron la Fiscalía General de
la Nación también demandada para que responda por los perjuicios causados a los
desafortunados ahorradores.
“La actividad comercial aparentemente licita realizada por
la empresa DMG Grupo Holding S.A. con locales abiertos al público que fue
generando confianza en los desprevenidos ciudadanos que depositaron sus
ahorros, pues los establecimientos estaban protegidos por las autoridades de
policía, lo que origina una omisión atribuible a las entidades demandadas
porque de haber cumplido con sus deberes constitucionales se hubiera evitado el
daño”, anotó el apoderado de los 49 ahorradores que firmaron la demanda.
Las investigaciones adelantadas por la Superintendencia de
Sociedades demostró que el Grupo DMG S.A. activó un complejo accionar
ilegal, que hacía insuficientes los mecanismos de control que hasta el año 2008
existían para su vigilancia.
“Las pretensiones de los afectados por las captadoras de
dinero no puede fundarse en el principio de confianza legítima pues no estaban
legitimados para esperar que sus recursos tuvieran rendimientos de esa
magnitud”, anotó la Supersociedades.
“Los rendimientos de ese monto- añadió- solo podían ser
fruto de actividades ilícitas”.
Exonerados
“Las entidades demandadas actuaron conforme al marco
normativo vigente en esa época y que actuaron oportuna y eficientemente, pues
iniciaron las investigaciones del caso una vez conocidas las irregularidades
que presentaba la captación por parte del Grupo DMG”, anotó el magistrado José
Miller Lugo, quien falló el segundo caso.
En su criterio, se tomaron las medidas necesarias para
lograr estabilidad económica y seguridad financiera a los ciudadanos, las
cuales no pueden tildarse de extemporáneas.
“Fueron los mismos ciudadanos quienes con la expectativa de
lograr rendimientos financieros exagerados y desproporcionados en pequeños
lapsos de tiempo, quienes de forma ligera y sin ningún tipo de responsabilidad
para con su patrimonio, entregaron su dinero sin atender siquiera a qué tipo de
sociedad le realizaban la entrega ni menos cual era el objeto para la cual se
había constituido”.
El dìa que la piràmide quebró en Pitalito
Confianza legítima
Pese a que DMG estaba inscrito en la cámara de comercio, que
tenía RUT, pagaba impuestos, tenía locales y establecimientos comerciales
abiertos al público, no impone concluir que ello hace parte del llamado
“principio de confianza legítima”, argumentó el Tribunal Administrativo donde
se surtieron las primeras demandas en el país.
“El sistema financiero colombiano, en ninguna época de su
historia había ofrecido tan exagerados rendimientos financieros a los pagados u
ofertados por DMG a sus usuarios”. Tampoco existían antecedentes de que
entidades de la banca formal entregaran tarjetas prepago a los ahorradores que
podían cambiar por artículos como parte de los rendimientos financieros.
Por esa razón-agregó- no se puede afirmar que el Estado
propició, como al parecer lo entienden los actores, la captación ilegal.
En cambio estimó que en este caso, la culpa es de los
propios ahorradores. “Es una conducta ostensiblemente negligente y a todas
luces imprudente, entregar de manera voluntaria y sin ningún tipo de garantía,
sumas de dinero a una captadora con promesas de rendimientos financieros exagerados,
sin ningún soporte legal que sustente los prometidos rendimientos, sin un aval
o garantía real o personal y además que en cortos lapsos de tiempo fuera
posible duplicar y hasta triplicar el monto inicial”, concluyó Lugo Barrero.
Epílogo
De allí que a las otras entidades estatales demandadas, la
Superintendencia de Sociedades, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación, no se les puede
imputar responsabilidad administrativa alguna, como quiera que el daño alegado
por los demandantes, de haber existido, no fue consecuencia de la acción u
omisión de las funciones propias legales y constitucionales de estas entidades.
“En conclusión,-dijo- se negarán las pretensiones de la
demanda, porque no se demostró ningún elemento que permita atribuir
responsabilidad estatal a las entidades demandadas, en la captación ilegal de
los dineros que los actores depositaron voluntariamente en la empresa DMG Grupo
Holding S.A., sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de
operaciones mercantiles”.
Las ganancias de DMG
David Murcia, el cerebro, inició en Pitalito , sus primeras
operaciones. Capturado en noviembre de 2008
DMG, liderada por David Murcia Guzmán, empezó la captación
ilegal de dinero desde el año 2006 en Bogotá y sin ningún control expandió
progresivamente esta actividad a otras regiones del país, incluyendo el Huila,
donde comenzó. Inclusive en el exterior (Panamá, Ecuador, Venezuela y
México).
Grupo DMG se registró en el 2006 con un capital de $250
millones de pesos. En el 2007, recibió un total de 160.766 millones de
pesos y en el año 2008 los ingresos reportados alcanzaron 1,04 billones
de pesos. Luego de la intervención, se transformaron en DMG grupo
Holding. En enero de 2008 se convirtió en Grupo T que manejaba 30
empresas del mismo grupo.
A través de varias empresas movieron exorbitantes sumas de
dinero. El 18 de agosto de 2007, las autoridades decomisaron 6.500
millones de pesos en La Hormiga-Putumayo, mimetizados en paquetes de Acción
Social de la Presidencia.Murcia fue capturado el 19 de noviembre de 2008 y luego
extraditado a Estados Unidos donde purgó nueve años de cárcel.