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Las víctimas de DMG no serán indemnizadas

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Los ilusos ahorradores de la captadora ilegal no podrán ser reparados. En un segundo fallo intentado por ahorradores de Neiva y Pitalito quedó definitivamente descartada la indemnización por los dineros que David Murcia les arrebató.
  
Los ilusos ahorradores de la captadora ilegal DMG no podrán ser reparados. En un segundo fallo intentado por ahorradores de Neiva y Pitalito quedó definitivamente descartada la indemnización por los dineros que David Murcia les arrebató.

Argumentando que el Estado tuvo la principal culpa al permitir el funcionamiento de las pirámides como DMG, un grupo de ahorradores ‘tumbados’ de Neiva y Pitalito, demandó para recuperar por la vía de la indemnización  los dineros que la captadora ilegal les arrebató.

Sin embargo, contrario a lo pretendido, fracasaron en un nuevo intento adelantado ante el Tribunal Administrativo del Huila. El organismo colegiado  desmontó las pretensiones  y eximió de cualquier responsabilidad a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, a la Fiscalía y a la propia Presidencia de la República.

Es la segunda decisión. La primera fue adoptada en septiembre del año pasado dejando sin piso las reclamaciones de otro grupo de  ahorradores de Pitalito, encabezados Lenny Natalia Castaño Cuenta, Adriana Castaño Cuenca Reinel Guzmán, Jaider Ochoa Mejía  y Wilfrey Bello Bello, entre otros.
Buscando una reparación por las omisiones de las entidades oficiales, otro grupo siguió la misma ruta.

En su sentir, hubo una tardía reacción del Gobierno Nacional, de las autoridades financieras y de la propia Fiscalía para investigar y frenar la captación masiva que se realizaba sin ningún control en todo el país.

Inmensas colas de incautos depositando sus ahorros en las pirámides. Caso Pitalito. 

El contexto


Miles de incautos ahorradores entre ellos los demandantes, cayeron en la trampa que les armó David Murcia Guzmán, el ‘cerebro’ de esas operaciones ilegales.

Ilusionados por los rendimientos nunca vistos, depositaron cuantiosas sumas de dinero en todas las oficinas que se expandieron rápidamente en Neiva, Campoalegre, Garzón, Pitalito y La Plata. El fenómeno iniciado en Putumayo, se expandió por todo el país.

Curiosamente, el mismo David Murcia inició en Pitalito, sus primeros pasos con la rifa de carros y venta de servicios médicos. En el 2003 fundó la Red Solidaria DMG. Luego de trasladó a la Hormiga (Putumayo) donde fundó su verdadero imperio, ofreciendo jugosos intereses a los ahorradores, además de otros beneficios financieros, como precios más favorables en la adquisición de electrodomésticos, bienes y servicios, obtenidos por la compra de tarjetas prepago.

Los ilusos ahorradores entregaron no sólo sus ahorros. También comprometieron sus patrimonios y muchos quedaron en la ruina.

En Pitalito Ana Doris Narváez, por ejemplo, depositó 87 millones; Andrés Felipe González, 40 millones y Rito Antonio Quinayá, 37 millones, entre otros demandantes.

En Neiva, se consignaron dineros individuales  en montos hasta de 29 millones de pesos. Ninguno pudo recuperar los dineros.

Negocio simulado

El primero en responder la demanda fue el superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz López (hoy gerente de Electrohuila). El funcionario  explicó que a pesar de haber sido intervenida DMG, muchas personas por  un desbordado ánimo de dinero fácil decidieron voluntariamente correr el riesgo entregando sus dineros a esta segunda compañía DMG Holding. Además, dijo,  la supervisión sobre la actividad de captación ilegal no correspondía a la Superintendencia de Sociedades, entidad que ejerció sus competencias y funciones regladas frente a una actividad irregular de captación masiva de recursos del público, facultades que resultaron insuficientes.

“El Estado actuó partiendo de los instrumentos legislativos con los que contaba para el momento en que se detectó la existencia de las primeras pirámides”, afirmó.

La Superintendencia Financiera, la otra entidad demandada,  afirmó que DMG Grupo Holding S.A. nunca estuvo autorizado para captar masivamente recursos del público. “La inscripción de dicha sociedad en las Cámaras de Comercio de las ciudades donde funcionó, por sí misma no imponía la obligación a la Superintendencia de ejercer las medidas de control aplicables a las entidades que hacen parte de la estructura del sistema financiero”, afirmó.

Las dos sociedades- aclaró- mimetizaron su operación de captación de recursos del público sin autorización legal previa a través del sofisticado sistema de las tarjetas prepago, tanto DMG S.A. como DMG Grupo Holding S.A, con la complicidad de los mismos accionistas.

“Quienes hoy abogan como víctimas han sido partícipes de las conductas que ahora, solo después de la pérdida de sus dineros, reconocen como irregulares y/o ilegales, so pretexto de haber obrado confiadamente y de buena fe”, subrayó.

“Fue un negocio simulado en el que ellos decidieron participar (esquema de tarjetas prepago), con el que se ocultó a cualquier control estatal la captación ilegal de recursos”,  añadió el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

La fiebre del dinero facil en Neiva

Supuestas omisiones

En el mismo sentido se pronunciaron la Fiscalía General de la Nación también demandada para que responda por los perjuicios causados a los desafortunados ahorradores.

“La actividad comercial aparentemente licita realizada por la empresa DMG Grupo Holding S.A. con locales abiertos al público que fue generando confianza en los desprevenidos ciudadanos que depositaron sus ahorros, pues los establecimientos estaban protegidos por las autoridades de policía, lo que origina una omisión atribuible a las entidades demandadas porque de haber cumplido con sus deberes constitucionales se hubiera evitado el daño”, anotó el apoderado de los 49 ahorradores que firmaron la demanda.

Las investigaciones adelantadas por la Superintendencia de Sociedades demostró que  el Grupo DMG S.A. activó un complejo accionar ilegal, que hacía insuficientes los mecanismos de control que hasta el año 2008 existían para su vigilancia.

“Las pretensiones de los afectados por las captadoras de dinero no puede fundarse en el principio de confianza legítima pues no estaban legitimados para esperar que sus recursos tuvieran rendimientos de esa magnitud”, anotó  la Supersociedades.
“Los rendimientos de ese monto- añadió- solo podían ser fruto de actividades ilícitas”.
Exonerados
“Las entidades demandadas actuaron conforme al marco normativo vigente en esa época y que actuaron oportuna y eficientemente, pues iniciaron las investigaciones del caso una vez conocidas las irregularidades que presentaba la captación por parte del Grupo DMG”, anotó el magistrado José Miller Lugo, quien falló el segundo caso.

En su criterio, se tomaron las medidas necesarias para lograr estabilidad económica y seguridad financiera a los ciudadanos, las cuales no pueden tildarse de extemporáneas.
“Fueron los mismos ciudadanos quienes con la expectativa de lograr rendimientos financieros exagerados y desproporcionados en pequeños lapsos de tiempo, quienes de forma ligera y sin ningún tipo de responsabilidad para con su patrimonio, entregaron su dinero sin atender siquiera a qué tipo de sociedad le realizaban la entrega ni menos cual era el objeto para la cual se había constituido”.
El dìa que la piràmide quebró en Pitalito


Confianza legítima


Pese a que DMG estaba inscrito en la cámara de comercio, que tenía RUT, pagaba impuestos, tenía locales y establecimientos comerciales abiertos al público, no impone concluir que ello hace parte del llamado “principio de confianza legítima”, argumentó el Tribunal Administrativo donde se surtieron las primeras demandas en el país.

“El sistema financiero colombiano, en ninguna época de su historia había ofrecido tan exagerados rendimientos financieros a los pagados u ofertados por DMG a sus usuarios”. Tampoco existían antecedentes de que entidades de la banca formal entregaran tarjetas prepago a los ahorradores que podían cambiar por artículos como parte de los rendimientos financieros.

Por esa razón-agregó- no se puede afirmar que el Estado propició, como al parecer lo entienden los actores, la captación ilegal.

En cambio estimó que en este caso, la culpa es de los propios ahorradores. “Es una conducta ostensiblemente negligente y a todas luces imprudente, entregar de manera voluntaria y sin ningún tipo de garantía, sumas de dinero a una captadora con promesas de rendimientos financieros exagerados, sin ningún soporte legal que sustente los prometidos rendimientos, sin un aval o garantía real o personal y además que en cortos lapsos de tiempo fuera posible duplicar y hasta triplicar el monto inicial”, concluyó Lugo Barrero.

Epílogo

De allí que a las otras entidades estatales demandadas, la Superintendencia de Sociedades, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación, no se les puede imputar responsabilidad administrativa alguna, como quiera que el daño alegado por los demandantes, de haber existido, no fue consecuencia de la acción u omisión de las funciones propias legales y constitucionales de estas entidades.

“En conclusión,-dijo- se negarán las pretensiones de la demanda, porque no se demostró ningún elemento que permita atribuir responsabilidad estatal a las entidades demandadas, en la captación ilegal de los dineros que los actores depositaron voluntariamente en la empresa DMG Grupo Holding S.A., sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de operaciones mercantiles”.

Las ganancias de DMG

David Murcia, el cerebro, inició en Pitalito , sus primeras operaciones. Capturado en noviembre de 2008

DMG, liderada por David Murcia Guzmán, empezó la captación ilegal de dinero desde el año 2006 en Bogotá y sin ningún control expandió progresivamente esta actividad a otras regiones del país, incluyendo el Huila, donde comenzó.  Inclusive en el exterior (Panamá, Ecuador, Venezuela y México).

Grupo DMG se registró en el 2006 con un capital de $250 millones de pesos. En el 2007,  recibió un total de 160.766 millones de pesos  y en el año 2008 los ingresos reportados alcanzaron 1,04 billones de pesos.  Luego de la intervención, se transformaron en DMG grupo Holding. En enero de 2008  se convirtió en  Grupo T que manejaba 30 empresas del mismo grupo.

A través de varias empresas movieron exorbitantes sumas de dinero. El 18 de agosto de 2007,  las autoridades decomisaron 6.500 millones de pesos en La Hormiga-Putumayo, mimetizados en paquetes de Acción Social de la Presidencia.Murcia fue capturado el 19 de noviembre de 2008 y luego extraditado a Estados Unidos donde purgó nueve años de cárcel.

Tomado de La Nación 

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