La consulta anticorrupción, que tiene el apoyo
manifiesto del Gobierno Nacional, es un conjunto de siete preguntas que se
trasladarán a los ciudadanos para tratar de eliminar ciertas prácticas
corruptas en Colombia.
Entre ellas, reducir el salario de los congresistas,
que los condenados por corrupción no tengan ningún tipo de beneficio y que se
les prohíba contratar con el Estado.
Igualmente que sea obligatorio para los congresistas
rendir cuentas sobre su asistencia, proyectos de ley presentados y votaciones y
hacer públicas las declaraciones de renta y el patrimonio de todos los elegidos
de manera popular, entre otros puntos.
La senadora Claudia López, una de las impulsoras de
esta consulta, afirmó que este proyecto lleva alrededor de dos años de trabajo
“de miles de ciudadanos”.
“Es la primera vez que se convoca, con el beneplácito
de este Senado, una consulta popular para que los ciudadanos expresen en las
urnas su voto a favor o en contra de siete mandatos políticos relacionados con
la lucha contra la corrupción”, afirmó la congresista.
El paso siguiente es que la ciudadanía debe ser
convocada para votar la consulta anticorrupción, lo cual será luego de cumplida
la segunda vuelta presidencial del próximo 17 de junio.
De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, para que cada
pregunta sea válida debe ser votada, al menos, por la tercera parte del Censo
Electoral, es decir por más de 12 millones de ciudadanos. Si se logra este
mínimo, se adoptará la decisión que tome la mitad más uno de los sufragantes.