Se destaca el departamento huilense como uno en los que este flagelo no tiene alto impacto; sin embargo, el ente acusador tiene abierta una línea telefónica y un correo electrónico para denunciar este tipo de hechos en cualquier parte del país.

La Fiscalía en el departamento de Huila indica que ha logrado esclarecer dos de tres homicidios de líderes sociales y comunales cometidos en Pitalito, La Argentina y Algeciras, entre los años 2016 y 2018.

El avance y esclarecimiento equivale entonces a un 66.66% de los casos que fueron priorizados por la labor y desempeño que cumplían en la sociedad las víctimas.

Uno de ellos se trata de Luis Gerardo Ochoa y Gabriel Muñoz Muñoz, de los cuales sus crímenes ya fueron esclarecidos, mientras que continúa en investigación el homicidio del líder comunal Robinson Ávila, ocurrido en enero de 2016.

En el caso del abogado y líder social Ochoa, asesinado en su oficina el 6 de abril de 2017, se ha logrado un trabajo importante frente al esclarecimiento de los móviles y sus autores tanto intelectuales como materiales, pues la investigación del CTI permitió vincular a 12 personas.

En la actualidad hay un condenado a 8 años y 10 meses de prisión, cuya sentencia fue ejecutoriada. Se trata de Eduardo Villanueva Murcia, quien según la Fiscalía hizo parte de la estructura sicarial en calidad de ‘campanero’.

De otro lado se le imputaron cargos al alcalde actual de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, y será acusado formalmente por la Fiscalía el próximo 21 de junio.

Entretanto, otras nueve personas ya fueron acusadas y se encuentran privadas de la libertad y a la espera de juicio. Ellos son: Mauricio Parra Rodríguez, Mauricio Ortiz Parra, Mauricio Murcia Orjuela y Edgar Núñez Guzman (secretario de Planeación en Pitalito para la época de los hechos).

De igual manera César Alberto Sierra Avellaneda, Luis Mario Colorado Rodas, Jeferson Polo Mejía, Stwar Sterling Santacruz, Campo Elías Salas Murcia y Héctor Alexis Flórez Hurtatis.

El ente acusador logró determinar que en este hecho, los móviles estuvieron relacionados con las labores propias de su actividad, pues él había sido contratado por los feligreses de una iglesia cristiana del municipio huilense, interesados en la construcción de una ciudadela, pero detectaron en el proceso anomalías y por ello querían que él los representara.

Él, al tomar el caso, advirtió que el lote donde se haría la construcción había sido vendido a una constructora que nada tenía que ver con el proyecto y de esto ya habría hablado en su momento con el mandatario de turno.