Se destaca el departamento
huilense como uno en los que este flagelo no tiene alto impacto; sin embargo,
el ente acusador tiene abierta una línea telefónica y un correo electrónico
para denunciar este tipo de hechos en cualquier parte del país.
La Fiscalía en el
departamento de Huila indica que ha logrado esclarecer dos de tres homicidios
de líderes sociales y comunales cometidos en Pitalito, La Argentina y
Algeciras, entre los años 2016 y 2018.
El avance y esclarecimiento
equivale entonces a un 66.66% de los casos que fueron priorizados por la labor
y desempeño que cumplían en la sociedad las víctimas.
Uno de ellos se trata de
Luis Gerardo Ochoa y Gabriel Muñoz Muñoz, de los cuales sus crímenes ya fueron
esclarecidos, mientras que continúa en investigación el homicidio del líder
comunal Robinson Ávila, ocurrido en enero de 2016.
En el caso del abogado y
líder social Ochoa, asesinado en su oficina el 6 de abril de 2017, se ha
logrado un trabajo importante frente al esclarecimiento de los móviles y sus
autores tanto intelectuales como materiales, pues la investigación del CTI
permitió vincular a 12 personas.
En la actualidad hay un
condenado a 8 años y 10 meses de prisión, cuya sentencia fue ejecutoriada. Se
trata de Eduardo Villanueva Murcia, quien según la Fiscalía hizo parte de la
estructura sicarial en calidad de ‘campanero’.
De otro lado se le imputaron
cargos al alcalde actual de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, y será
acusado formalmente por la Fiscalía el próximo 21 de junio.
Entretanto, otras nueve
personas ya fueron acusadas y se encuentran privadas de la libertad y a la
espera de juicio. Ellos son: Mauricio Parra Rodríguez, Mauricio Ortiz Parra,
Mauricio Murcia Orjuela y Edgar Núñez Guzman (secretario de Planeación en
Pitalito para la época de los hechos).
De igual manera César
Alberto Sierra Avellaneda, Luis Mario Colorado Rodas, Jeferson Polo Mejía,
Stwar Sterling Santacruz, Campo Elías Salas Murcia y Héctor Alexis Flórez
Hurtatis.
El ente acusador logró
determinar que en este hecho, los móviles estuvieron relacionados con las
labores propias de su actividad, pues él había sido contratado por los
feligreses de una iglesia cristiana del municipio huilense, interesados en la
construcción de una ciudadela, pero detectaron en el proceso anomalías y por
ello querían que él los representara.
Él, al tomar el caso,
advirtió que el lote donde se haría la construcción había sido vendido a una
constructora que nada tenía que ver con el proyecto y de esto ya habría hablado
en su momento con el mandatario de turno.