La Corte Constitucional hizo un llamado a las autoridades para que se proteja a más de 14 niños de una escuela en Sardinata, Norte de Santander.

Cada mañana, más de una decena de niños del municipio de Sardinata, en Catatumbo, una zona conocida por ser epicentro del conflicto armado en Colombia, se expone a peligros intentando cruzar el río Presidente.

Su esfuerzo no es para jugar al fútbol o simplemente pasar un tiempo de diversión. Ellos cargan en sus maletas lápices y libros. Su destino, al otro lado del puente Hamaca que está a punto de caerse, es la escuela donde estudian.

El caso es tan grave que, tras una tutela presentada por el personero del municipio, llegó a manos de la Corte Constitucional.

Según explica el magistrado Carlos Bernal, los niños de esa zona del país tienen dos problemas: van a una escuela con deficiencias en su infraestructura, y para llegar tienen que cruzar un puente llamado Hamaca, sobre un río en el que hay caimanes. Sumado a esto, el paso está diseñado sin las mínimas condiciones de seguridad.

En medio de la situación, se busca hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales de estos niños por medio de la sentencia T209 de 2019.


 A partir de este proceso de “interacción significativa”, es decir de socializar la problemática con las autoridades, la Corte Constitucional constató que los menores enfrentaban barreras de acceso desproporcionadas para la garantía de su derecho a la educación, en los componentes de accesibilidad y disponibilidad.


En primer lugar, señaló que el deber del Estado de garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes cobraba especial relevancia en las áreas rurales afectadas por el conflicto, pues es, precisamente, a partir de la educación, que estos podrían desarrollar capacidades para superar las causas estructurales de la violencia, tales como la pobreza y la marginalidad.

En segundo lugar, se evidenció que los menores que vivían en el extremo noroeste de la vereda debían cruzar una quebrada que, en época de lluvias, crecía al punto que dificultaba o imposibilitaba su paso hacia el centro educativo. Por otro lado, que quienes vivían en el extremo noreste debían cruzar un río caudaloso habitado por caimanes, pues el puente Hamaca que utilizaban para llegar a la escuela era inservible.

En los videos aportados por un antiguo profesor de la escuela y por el personero municipal, la Corte constató, por un lado, que los menores cruzaban el río en pequeños troncos unidos de manera artesanal, y que, en una de las visitas al sector, dos caimanes se precipitaron al río y llegaron a escasos metros de la lancha de motor que transportaba a los funcionarios de la Personería.

Por otro lado, la Corte Constitucional señaló que “el departamento de Norte de Santander conformó un equipo técnico que debe reconstruir el puente Hamaca, invertir en estudios de diseño para la construcción de otro puente en el extremo noroeste de la vereda y destinar recursos para el mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa.Por su parte, el municipio de Sardinata, en atención a su capacidad presupuestaria, se comprometió a construir una línea de conducción de agua desde la quebrada hasta la escuela y un tanque de almacenamiento para el uso de los baños de la institución”.


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