Colombia, primero en desplazamiento forzado por cuarta vez



Con un acumulado de 7’816.500 desplazados internos, Colombia ocupó, por cuarto año consecutivo (desde 2015), el primer lugar en el mundo en víctimas de desplazamiento forzado dentro del mismo país, un fenómeno que a nivel global deja 41,3 millones de víctimas.

Y, en general, en desplazamiento tanto interno como externo, Colombia, con un total de 8 millones de víctimas, ocupa el segundo lugar en el mundo, después de Siria, que tiene 13 millones de desplazados forzosos.

Así lo consigna el informe ‘Tendencias globales de desplazamiento forzado en 2018’, realizado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y publicado durante la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados.
Las cifras que revelan la magnitud de este fenómeno en el país salen del acumulado del Registro Único de Víctimas, que contiene datos de hechos ocurridos desde 1985.

En cuanto al desplazamiento interno, la Acnur reveló que las regiones con mayores registros en Colombia son en la frontera con Venezuela, en la costa del Pacífico que colinda con Panamá, así como los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Chocó.

Si bien las cifras que cita el informe son acumuladas, los riesgos que causan el desplazamiento permanecen y hay nuevas amenazas.

El informe menciona que entre los países con más nuevos desplazados internos también está Colombia, con 118.100 solo en 2018.

Y, según cifras de la Defensoría del Pueblo, al 7 de junio de este año se han presentado 35 desplazamientos masivos –más de 10 familias o 50 personas– que han dejado 8.223 víctimas. Chocó y Nariño encabezan el listado.



Cifras, en aumento


Felipe Vernaza, defensor delegado para la Población en Movilidad Humana, consideró preocupante el aumento de los desplazamientos internos. En 2017, la Defensoría registró 51 desplazamientos masivos; en 2018, 99; y en lo que va del 2019 ya van 35.

Para Vernaza, las causas detrás del aumento reciente están ligadas a la falta de presencia estatal en las zonas de las que salieron las Farc, tras el acuerdo de paz, así como de aquellas con presencia de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita.

“La constante es la falta de presencia de Gobierno, lo cual facilitó que los nuevos grupos que quieren estar en donde antes estaban las Farc hayan generado nuevos enfrentamientos y amenazas”, indicó.

El defensor también puso la lupa sobre otro fenómeno preocupante: el confinamiento. Es decir, cuando las comunidades no pueden salir de sus territorios por riesgos o amenazas.

Este año, la defensoría ha recibido reportes de 63 eventos de confinamiento que afectan especialmente a comunidades indígenas y afrocolombianas. Estos casos suman 14.773 personas afectadas; Chocó y Nariño también encabezan el listado por esta situación.

Además de conflictos entre grupos armados, las minas antipersonas generan confinamiento, dijo Vernaza, y agregó que si bien desde hace varios años el país emprendió una cruzada para remover las minas, grupos criminales están volviendo a sembrar estos artefactos alrededor de comunidades para impedirles el tránsito por ciertas zonas.


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