Hasta el 31 de enero de
este año la plataforma de transporte prestará sus servicios a los millones de
colombianos que han apostado por esta alternativa de movilidad, y dejará a más
de 88.000 socios conductores sin trabajo.
¿Empezará una pesadilla?
Según lo informado por la start-up
estadounidense, al retirarse acata la decisión del fallo expedido por un juez
que ordenó suspender sus operaciones en desarrollo de una demanda presentada
por Cotech (Taxis Libres) en 2016.
Para Uber la disposición es arbitraria, pues va en contra del
ordenamiento jurídico colombiano, viola el debido proceso y sus derechos
constitucionales.
La noticia, sin duda alguna, llega caída del
cielo para los taxistas, quienes desde 2013 mostraron su inconformidad con el
servicio que presta la plataforma. Hugo Ospina, representante del gremio,
celebró la decisión y aseguró que vendrán demandas penales contra
empresas como Cabify, Didi, Beat y las que prestan el servicio de patinetas en
las ciudades del país.
De igual manera, señaló que los usuarios no
deberán preocuparse, pues, según él, la ausencia de Uber permitirá
mejorar la movilidad en ciudades como Bogotá. Afirmó, además, que
habrá 40.000 plazas de trabajo para recibir a nuevos conductores.
Pero no todo es dicha. En un país con un
Gobierno que ha promovido la economía digital y la innovación, la salida de la
plataforma dejará un sinsabor. Para muchos, comprobará la incapacidad
de Colombia para adaptarse a las nuevas posibilidades que trae la tecnología.
Y no es para menos. Los dos últimos Gobiernos
han sido incapaces de abrir el camino a un diálogo para regular los servicios
de transporte intermediados por plataformas. En varias oportunidades, Uber ha
dicho que, en el contexto latinoamericano, solo en Colombia ni siquiera han
podido conversar para reglamentar su servicio.
Esto ha quedado en
evidencia con el desacuerdo entre el Ministerio TIC y el de Transporte sobre la legalidad de
Uber, y
el malestar entre el gremio amarillo frente a los servicios de este.
Precisamente, la decisión anunciada por la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reabrió el debate sobre el vacío
normativo y empezaron a aparecer luces al respecto. En los últimos
meses, entidades y funcionarios del Gobierno buscan definir una hoja de ruta
que establezca una fórmula normativa para permitir este tipo de emprendimientos
tanto de origen local como extranjero.
Sylvia
Constaín,
ministra TIC, aseguró que desde ya estudian una serie de cambios
regulatorios y legislativos en este tema. Afirmó que su cartera y la de
Transporte están trazando una propuesta, que anunciarán para comentarios en las
próximas semanas. Y agregó que el documento permitirá tener claridad
frente a la normatividad que regirá las plataformas y abrirá el campo a los
retos de los emprendedores tecnológicos del país. Aun así, las
acciones del Gobierno aparecen bastante tarde y ya no solo queda el reto de
legislar.
Expertos han advertido
que las decisiones contra las plataformas de transporte podrían afectar la confianza
inversionista que con gran esfuerzo ha logrado erigir el país. Asimismo, se
convertiría en un bache para el desarrollo del emprendimiento y de la economía
digital, y debilitaría el impulso que el Gobierno del presidente Iván Duque ha
querido darle a este tipo de innovaciones.
Incluso, las propias plataformas han
manifestado que las decisiones tomadas desestimularían la generación de ideas y
el desarrollo de negocios que representan el futuro de sectores como movilidad,
financiero, hotelería y turismo. De igual manera, expertos aseguran que
esto abriría paso a una fuga de emprendedores que preferirían crear sus
empresas en países con mejores condiciones, y a que inversionistas
extranjeros frenaran sus proyectos por temor a que les pasara algo similar.
Incluso, algunos estiman que con estas decisiones Colombia podría dejar de
recibir unos 150 millones de dólares en inversión.
No hay que ir muy lejos. A finales del año
pasado, Uber canceló una inyección de más de 40 millones de dólares en
el país a causa de la inseguridad jurídica. Recursos que iban a ser destinados
a la creación del Centro de Excelencia de Latinoamérica y con el que proyectaba
generar cerca de 600 empleos.
Otros analistas mencionan el efecto sobre los
impuestos que dejaría de recibir el Estado de estas plataformas. Por
concepto de IVA, solo Uber ha recaudado un total de 35.000 millones de pesos
con corte a diciembre de 2018.
Pero, sin duda alguna, el mayor perdedor con
esta salida será el usuario, un actor que no ha aparecido en este debate. Eso
deja en el aire la idea de que el Estado solo ha velado por los derechos de un
sector. En este sentido, resulta diciente que las entidades gubernamentales
tomaron las decisiones que afectan el servicio de Uber en medio de los
disturbios sociales del año pasado, tiempo en el que también se llevaron a cabo
algunos encuentros entre los líderes del gremio amarillo y el Gobierno.
Que Uber se retire
significa que 2 millones de ciudadanos quedarán en el limbo en cuanto a
una alternativa de transporte. Se trata de un sector poblacional que
probablemente no querría volver a usar el servicio del gremio amarillo.
Y es que plataformas como Uber, Cabify,
Beat, Didi e InDriver desmonopolizaron el sector y brindaron
diversidad de opciones de transporte a los colombianos. De igual
manera, algunos expertos consideran que también ayudan a satisfacer la demanda
que los taxis no están en capacidad de atender y que, en muchas ocasiones, ni
las mismas plataformas alcanzan a llenar (en temporadas de festividades como
las de fin de año).
El tema del empleo también ha tocado fibras. El representante a la Cámara Mauricio Toro resalta que suspender las
operaciones de Uber en Colombia violaría el derecho al trabajo
de los ciudadanos que ven en estas plataformas una alternativa laboral, en
tiempos en los que conseguir empleo se ha convertido en una tarea imposible.
Unos 88.000 colombianos dejaron sus trabajos para independizarse o encontraron
una forma de sustento con una opción más rentable, y ahora han quedado en el
aire.
Además, según datos de la start-up, más
de 76 por ciento de los socios conductores registrados tienen personas que
dependen de ellos, y más de 60 por ciento es cabeza de familia.
Habrá que esperar si el Gobierno, que se ha
mantenido en silencio, tomará medidas para ayudar al usuario y si buscará un
reemplazo para mejorar la movilidad de los ciudadanos. También quedará
pendiente el avance del proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso,
cuyo objetivo es regular estos servicios en igualdad de condiciones con las
nuevas empresas y los taxistas.
A esto se suma el plan de Uber de demandar a
Colombia por violar el TLC con Estados Unidos. Fuentes cercanas al asunto, que
prefirieron no revelar su identidad, sostienen que esa decisión no será
fácil para la empresa, pues no tendría cómo demostrar la existencia de
inversiones en el país basadas en el tratado. A lo que se agrega que
Uber está prestando un servicio para el cual no está habilitado.
Lo que pase con la demanda en los tribunales
marcará el nuevo capítulo de este lío que parece de nunca acabar.
Investigación SEMANA