Desde
ayer lunes empezó a regir en Bogotá el
pico y género. Se trata de una medida ordenada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que restringe la
movilidad de las mujeres a los días pares, la de los hombres a los días
impares, y la de la comunidad LGBTI según su identidad de género.
La
alcaldía había dicho que con esta medida no se buscaba discriminar, sino más
bien reducir las salidas de los núcleos familiares a tres veces por semana para
reducir el número de contagios de coronavirus. De esta forma sería más sencillo
el control policial, pues con el pico y cédula los policías tendrían que
intercambiar objetos con los ciudadanos, mientras que con el pico y género no
sería necesario.
Sin
embargo, la medida, aunque bien intencionada, no cayó muy bien. Para empezar,
buena parte de la comunidad LGBTI no se siente representada en las categorías
de hombre o mujer. Por otro lado, hay varias salvedades a la medida. Las
personas que tengan mascotas quedan exentas y algunas familias heterosexuales
tienen la posibilidad de mercar todos los días, pese a que desde el inicio de
la cuarentena se les ha pedido a los ciudadanos que solo salga una persona por
núcleo familiar.
De
todos modos, la medida empezó a aplicarse desde ayer lunes 13 de abril y quienes incumplan la regla
se exponen a sanciones económicas de casi un millón de pesos. Según el balance de la Secretaría de
Gobierno, 104 mujeres fueron sancionadas
en el primer día de restricción de género. Se impusieron 70 comparendos de
tránsito y 15 inmovilizaciones a vehículos.
Durante
los operativos de control realizados en las diferentes localidades de la
ciudad, estas mujeres fueron sorprendidas realizando actividades no esenciales
y que no están expresas en las excepciones indicadas por la administración
distrital. Por ello, tendrán que pagar una multa de 936.323 pesos más la sanción pedagógica.
Durante
la jornada también hubo una reunión entre el secretario de Gobierno, Luis
Ernesto Gómez, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Óscar
Gómez Heredia, con distintas organizaciones transgénero y defensoras de
derechos humanos que estaban preocupadas con el impacto que pudiera tener la
medida sobre sus comunidades.
Como
resultado se expidió un protocolo para la Policía en la aplicación de la medida
de restricción de género, especialmente para la población trans, y de igual
manera un acompañamiento de todas las entidades del Distrito a trabajadoras
sexuales y otras poblaciones del barrio Santa Fe para evitar sus desalojos y
apoyarlos con asistencia en mercados y otras ayudas durante este periodo de
aislamiento preventivo.