La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó
por diez años a la patrullera Erika Judith Pérez Romero, luego de comprobar que
agredi0 brutalment3 a un ciudadano con su bastón de dotación durante un
procedimiento en el humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba, Bogotá. El
hecho, ocurrido en octubre de 2024 pero difundido masivamente en enero de 2025
a través de redes sociales, generó una ola de indignación tras la publicación
del video que registró la agr3sión.
El material, grabado por la propia víct1ma, muestra a la
uniformada golpeand0 en el rostro al joven con su bolillo en medio de una
requisa, en un claro exceso de fuerza y abus0 de autoridad. La pr3sión social
fue inmediata y contundente: miles de ciudadanos exigieron justicia mediante
publicaciones, comentarios y denunci4s en plataformas como TikTok, Facebook e
Instagram.
Tras la investigación disciplinaria, la Procuraduría concluyó
que la patrullera vulner0 los derechos fundamentales del ciudadano, actuando
con dolo y excediendo sus funciones. La sanción ejemplarizante ha sido
celebrada como un triunfo de la vigilancia ciudadana y el poder de las redes
sociales para combatir la impunidad y exigir respeto a los derechos humanos.