Germán Trujillo
Manrique, uno de
los protagonistas del gran saqueo a los contratos del Plan de Alimentación
Escolar (PAE), acaba de hacer el negocio de su vida.
Después
de ayudar a desviar los fondos de un
contrato de raciones escolares tasado en más de 35.000 millones de pesos, estar fugitivo por varios meses y obtener el privilegio de casa por cárcel,
recibió una condena de 36 meses.
La
sentencia le fue interpuesta por el Juzgado
Cuarto Penal de Bucaramanga, a pesar de que se comprobó que el empresario
incurrió en los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado,
peculado por apropiación y contrato sin cumplir requisitos legales.
Además,
se estableció que al menos 290 millones
de pesos del dinero público destinado a la comida de los niños de Santander,
que debió reembolsar, fueron usados para la compra de un apartamento y otros
gastos personales.
En
efecto, dentro de las facturas falsas que emitió la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Ltda., ligada a
Trujillo, aparece la número 00022457, a nombre de la Asociación de Padres de
Familia del restaurante escolar Palogordo, por
290 millones de pesos en frutas.
Y,
aunque la defensa del llamado ‘zar’ de las raciones dijo que se trataba de un
desorden en la contabilidad, los investigadores determinaron que “según el cheque número 764641, cuyo
consignante es Germán Trujillo Manrique”, ese pago le fue hecho a la
Fiduciaria Fidubogotá-Portobelo para comprar un apartamento.
También
aparecen comprándole carne a la Asociación
de Transportadores de Servicio Público de Algeciras Neiva. En este caso, su
representante negó dichas transacciones y lo mismo ocurrió con las Asociaciones
de Padres de Familia en Santander y Huila.
Lo
que llama la atención es que el contrato de suministro de raciones escolares se
firmó, durante la administración del gobernador Didier Tabera, cuando Trujillo
ya estaba bajo la lupa de las autoridades.
‘Seguirá el festín’
El
periódico El Tiempo venia denunciando desde hace ocho años que distribuía comida vencida y, al parecer,
con gorgojo, en asocio con un clan político de Bogotá. Aun así, con la
empresa Alfaba seguía ganando
contratos hasta con el ICBF para suministro de raciones a abuelos, niños y
población desplazada en Huila, Caquetá,
Tolima y Meta.
Para
justificar la pena, allegados a la defensa de Trujillo –en manos del penalista Darío Bazzani– señalaron que este firmó
un preacuerdo en el cual aceptó cargos, en calidad de determinador, lo que le
significó de entrada una rebaja de hasta la mitad de la pena, tal como lo
señala el Código de Procedimiento Pena, en su artículo 351.
Además,
dijeron que devolvió hace algunos meses
2.283 millones de pesos que, en criterio de la Fiscalía, debía devolver
porque no fueron usados en la compra de raciones y no hacía parte de las ganancias del contrato.
Por
todo esto, el fiscal del caso solicitó que se le otorgara el beneficio de
detención domiciliaria, que cumplía en
un lujoso apartamento en el piso 19 del condominio Abadías, en Floridablanca.
El
propio fiscal general, Néstor Humberto
Martínez, confirmó que ese fue el apartamento cuya compra Trujillo ayudó a
amortizar con el dinero de la alimentación de niños de 82 municipios del departamento de Santander.
“Él
aceptó cargos pero hay que dejar claro que nunca inclumplió en la entrega de
raciones”, dijo Bazzani. En todo caso, la sentencia que recibió produjo la
reacción de funcionarios y exfuncionarios que han liderado las investigaciones
del saqueo al PAE en todo el país, el cual incluye desde el suministro de
comida podrida hasta la venta de presas de pollo por 10 veces su valor.
“Ante la gravedad de estos delitos atroces
contra el programa para la alimentación de nuestros niños, esta condena resulta
irrisoria e invita a que siga el festín”, dijo Edgardo Maya, quien como contralor
descubrió anomalías que bordean los 90.000
millones de pesos.
En
igual sentido se pronunció el contralor general, Felipe Córdoba: “Cuando la gravedad del delito no es acorde
con la dimensión de la pena, se motivan nuevos delincuentes y se desestimula al
ciudadano de bien. Es un mal ejemplo que desanima a muchos. Pero no podemos
bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando. Robarse la alimentación de los
niños es una atrocidad”.
Temporada en prisión
Por
su parte, el fiscal Martínez manifestó que trabaja en un proyecto de ley para que los
corruptos no tengan ningún tipo de beneficio o rebajas, tal como se ha logrado
en otros casos. Además, reveló que a Trujillo se lo investiga por contratos suscritos en otros departamentos,
incluido el Huila.
Por
ahora, el otrora ‘zar’ de la alimentación escolar tiene pendiente una multa por 562 millones. Y, tras el fallo en su
contra, se ordenó su traslado inmediato a un centro de reclusión del área
metropolitana de Bucaramanga.
Asimismo,
la Procuraduría investiga disciplinariamente a Didier Tabera, en cuya
administración se firmó el contrato con el consorcio en el que aparecía
Trujillo.
El
contrato aparece suscrito el 21 de abril de 2016, por un valor inicial de
23.844 millones de pesos. En septiembre del mismo año se realizó una primera
adición por 6.700 millones y posteriormente se presentó una segunda adición por
5.200 millones, para un total de 35.744 millones de pesos. La Procuraduría ya
estableció que no existían al menos 125.000 niños beneficiarios.
Fuente
u.investigativa@eltiempo.com
@Uinvestigativa