“A los soldados acusados de violar a niña
indígena no los enviaron a cárcel por seguridad”, esas son las razones del juez
para recluir a los siete militares en un batallón, por ahora, pero no es el
único motivo por la que el juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico
(Risaralda) tomó esa decisión, las medidas carcelarias alrededor del
coronavirus también tendrían que ver.
“[El juez]
señaló en principio que por seguridad de los imputados podría ser un riesgo
enviarlos a una cárcel en donde podrían ser objeto de retaliaciones.
Adicionalmente, dijeron las fuentes consultadas, el juez señaló que por causa
de la pandemia hay restricciones y medidas especiales para el ingreso de nuevos
internos en los centros carcelarios del país”, publicó el diario.
Eso decisión
ha generado indignación entre los indígenas, que además están inconformes con
el delito que la Fiscalía decidió imputarles a los soldados por la violación de
la niña de 12 años del pueblo Embera Chamí. Es más, este viernes decidieron
protestar frente al monumento a los Héroes Caídos en Acción, cerca del
Ministerio de Defensa.
Militar
habría ofrecido dinero para que niña indígena no hablara de presunto abuso
Y es que los
militares, que aceptaron su responsabilidad en el brutal hecho, fueron acusados
del delito de acto sexual abusivo. Penalistas consideran que lo que debió
imputarse era acceso carnal violento agravado con menor de 14 años.
El director
del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, según EFE,
aclaró que ambos delitos tienen penas similares, alrededor de 30 años, pero su
connotación es distinta porque el delito del que se les acusa supone el
consentimiento de la víctima. “Lo que pasa es que la ley no le da ninguna
validez a ese consentimiento y por eso se penaliza”, explicó.