La menor de edad, de 12 años, se encuentra hospitalizada. Piden trasladar la investigación penal a Bogotá para mayor transparencia.
Una niña de 12 años, perteneciente al pueblo indígena kankuamo, tuvo que ser sometida a un procedimiento de interrupción del embarazo este miércoles. La menor de edad, que habita en el corregimiento de El Mojao, en zona rural de Valledupar (Cesar), venía siendo violentada sexualmente por unos seis hombres al parecer pertenecientes a su mismo resguardo.
Su padre se percató del abuso hace un par de semanas, al notar el embarazo de su hija, denunció los hechos y, desde entonces, la niña está en observación médica.
Este nuevo caso de violencia sexual lo denunció públicamente la Asociación Indígena Kankuamos Unidos de la Sierra Nevada de Santa Marta. “Conocimos de los hechos a través del papá de la niña, quien ya se había dirigido al cabildo gobernador de los kankuamos, autoridades en el resguardo, pero hicieron caso omiso a la situación”, dijo secretaria de la organización, Nohora Pacheco, quien aseguró que procedieron a alertar a las autoridades y se trasladaron de inmediato a Valledupar para poner la denuncia.
Según le contó la menor de edad a la Fiscalía esta semana, la niña salía de la casa a hacer mandados, por ejemplo, a comprar algo en la tienda, y era abordada por alguno de los seis hombres que la abusaba con frecuencia. Se la llevaban y la violentaban sexualmente. Esto, al parecer, ocurrió por dos años, según dijo la niña en la casa de justicia de Valledupar ante una investigadora de la Fiscalía. Contó además que no había dicho nada antes por miedo.
Medicina Legal ya le practicó el respectivo examen a la menor de edad y confirmó el abuso y la Fiscalía está adelantando otras labores de investigación. No obstante, dijo: “Nosotros como asociación no queremos que este caso sea manejado desde Valledupar porque hemos visto cómo en otros casos lo que recibimos son retaliaciones. Aquí el señor Jaime Arias —gobernador del resguardo donde ocurrió la violación— tiene muchas relaciones internas en las diferentes instituciones y no queremos que estos casos se manipulen”. Es decir, piden intervención del ICBF y la Fiscalía para que el expediente sea trasladado a Bogotá, donde consideran, puede haber más garantías.
Fuente: EE