Patentar es el proceso por
el cual se obtienen del Estado derechos para explotar de manera exclusiva un
invento, mejora, o nombre comercial, en otras palabras, la patente garantiza
que sea sólo quien lo patentó pueda usarlo, venderlo o comerciarlo y si otros
quieren hacerlo pues deberán pagar.
Patentar la producción de
panela como si fuese un proceso nuevo
Uno de los ingenieros de
Riopaila, Jorge Enrique González Ulloa, ha anunciado con bombos y platillos un
nuevo “producto” derivado de la caña de azúcar, en palabras del
“científico” “Descubrí el método para preservar el jugo de la caña de
azúcar; este contiene minerales, vitaminas y proteínas, pero industrialmente
-antes de mi invento patentado- se
fermentaba y no se podía usar”[1].
Ese método de preservación
del jugo de caña, semi-industrializado o transformado, sin fermentarse, y
conservando la mayoría de vitaminas y minerales ya existe, se llama PANELA y la
producen miles de campesinos y campesinas en Colombia, siendo también un
producto importante en la India, Venezuela y Brasil.
La patente de un derivado de
la caña similar a la PANELA y sin claras diferencias, perjudicará seriamente a
las más de 350.000 familias paneleras en el país, afectando más de
1´700.000 empleos directos y perjudicando gravemente la economía campesina y de
pequeños y medianos productores en más de 29 departamentos a nivel nacional.
Esta patente significa una
nueva amenaza a la soberanía alimentaria del país, porque supondría mayor
burocracia para la producción panelera (al tener que pedir permisos para usar
el método patentado) y un aumento en los costos de producción, al tener que
pagar por el uso de la fórmula, lo que redundaría en aumento del precio del principal
endulzante en el país, así como persecución y posibles demandas contra los
productores paneleros artesanales y campesinos.
Riopaila acaparamiento
ilegal de Baldíos.
La empresa Riopaila no sólo
ha estado involucrada en esta intención de apropiarse de conocimiento campesino
colombiano. En el año 2013 se conoció a nivel nacional que este ingenio
azucarero estaba involucrado en el acaparamiento ilegal de más de 42.000
hectáreas de tierras en el departamento del Vichada[2], para lo cual
construyeron 27 S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificadas), buscando violar la
normatividad colombiana que por ley debe entregar baldíos de la nación a las
comunidades campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y además pone
límites a la adjudicación de tierras.