Patentar es el proceso por el cual se obtienen del Estado derechos para explotar de manera exclusiva un invento, mejora, o nombre comercial, en otras palabras, la patente garantiza que sea sólo quien lo patentó pueda usarlo, venderlo o comerciarlo y si otros quieren hacerlo pues deberán pagar.

 

Patentar la producción de panela como si fuese un proceso nuevo

 

Uno de los ingenieros de Riopaila, Jorge Enrique González Ulloa, ha anunciado con bombos y platillos un nuevo “producto” derivado de la caña de azúcar, en palabras del “científico” “Descubrí el método para preservar el jugo de la caña de azúcar; este contiene minerales, vitaminas y proteínas, pero industrialmente -antes de mi invento patentado-  se fermentaba y no se podía usar”[1].

 

Ese método de preservación del jugo de caña, semi-industrializado o transformado, sin fermentarse, y conservando la mayoría de vitaminas y minerales ya existe, se llama PANELA y la producen miles de campesinos y campesinas en Colombia, siendo también un producto importante en la India, Venezuela y Brasil.

 

La patente de un derivado de la caña similar a la PANELA y sin claras diferencias, perjudicará seriamente a las más de 350.000 familias paneleras en el país, afectando más de 1´700.000 empleos directos y perjudicando gravemente la economía campesina y de pequeños y medianos productores en más de 29 departamentos a nivel nacional.

 

Esta patente significa una nueva amenaza a la soberanía alimentaria del país, porque supondría mayor burocracia para la producción panelera (al tener que pedir permisos para usar el método patentado) y un aumento en los costos de producción, al tener que pagar por el uso de la fórmula, lo que redundaría en aumento del precio del principal endulzante en el país, así como persecución y posibles demandas contra los productores paneleros artesanales y campesinos.

 

Riopaila acaparamiento ilegal de Baldíos.

 

La empresa Riopaila no sólo ha estado involucrada en esta intención de apropiarse de conocimiento campesino colombiano. En el año 2013 se conoció a nivel nacional que este ingenio azucarero estaba involucrado en el acaparamiento ilegal de más de 42.000 hectáreas de tierras en el departamento del Vichada[2], para lo cual construyeron 27 S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificadas), buscando violar la normatividad colombiana que por ley debe entregar baldíos de la nación a las comunidades campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y además pone límites a la adjudicación de tierras.

 

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