El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó este jueves a la Nación, por las chuzadas y seguimientos ilegales, de los que fue víctima el senador Gustavo Petro, por parte del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

 

“Claramente la violación al derecho a la intimidad trae consigo la violación a otros tantos derechos fundamentales tales como la libertad, derecho que resulta fundamental para poder ejercer los demás derechos que el ordenamiento jurídico otorga y así hacer efectivo el Estado Social Derecho”, dice el fallo.

 

La nación deberá pagar $579.349.980 a Petro Urrego y a toda su familia por los daños morales causado por los seguimientos ilegales de los que fueron víctimas por parte del extinto departamento.

 

"En el caso en concreto, el Estado no solo no protegió al demandante de dichas injerencias o ataques, sino que fueron las mismas instituciones oficiales las que realizaron tales injerencias arbitrarias e ilegales en la vida privada del señor Gustavo Petro y de su familia", se lee en otro de los apartes del fallo.

 

El fallo del Tribunal indica que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República debe responder en un 45 %, quien haga las veces del extinto DAS debe responder por un 45 %, y la Unidad de Análisis Financiero UIAF, debe responder por el pago del 10 % restante.

 

El fallo agrega que hubo un concierto entre el DAS, la UIAF y la Presidencia de la República para perseguir a Petro y a su familia entre los años 2006 al 2009.

 

La tesis del fallo del tribunal es que hubo un daño antijurídico contra el congresista y excandidato presidencial de la Colombia Humana una vez se obtuvo información de manera ilegal en su contra. Y se advierte de seguimientos para registrar no solamente sus movimientos, sino también los de sus familiares.

 

“Se concluye que tanto el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Unidad de Información y Análisis Financiero incurrieron en graves violaciones al derecho a la intimidad”, concluye.

 

 


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