A la cárcel fueron enviados los policías Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, vinculados al homicidio del estudiante de derecho Javier Ordóñez.
Serán
remitidos a la cárcel para uniformados de Facatativá.
La juez 29
de control de garantías de Bogotá acogió la petición de la Fiscalía de asegurar
a los uniformados en centro carcelario.
Para la
Fiscalía, la libertad de los dos hombres podría poner en peligro el proceso
judicial que se sigue por el homicidio de Ordóñez, ocurrido la noche del 9 de
septiembre en un acto de abuso de la fuerza policial en Villa Luz, Engativá.
La
Procuraduría apoyó la solicitud de medida de aseguramiento, al considerar que
es idónea, debido a la gravedad de los hechos. "No es un exceso de fuerza.
Es más que un exceso de fuerza, y por eso estamos ante una tortura", dijo
el procurador delegado.
A Rodríguez
y Lloreda les fueron imputados, el pasado sábado, los delitos de homicidio
agravado y tortura agravada.
Los
uniformados, ya suspendidos de la Policía Nacional, no aceptaron los delitos
imputados y sus abogados elevaron un conflicto de competencias.
Las razones
de la juez
La juez 29
se refirió a la necropsia de la víctima en la que dijo, se observa la gran
cantidad de golpes que sufrió Ordóñez y consideró que la medida privativa de la
libertad es la adecuada para este caso.
"Tuvo
que ser muy violento el procedimiento policial", señaló la juez del caso
al hacer referencia al dictámen de los peritos y dijo que hubo tratos indignos
e inhumanos.
Dijo que con
las declaraciones de los testigos se puede hablar de que hubo un desborde del
procedimiento por parte de los policías que deben proteger a la comunidad. Y
añadió que la fuerza es necesaria cuando se requiere y debe ser proporcionada.
¿Era
necesaria semejante violencia?, se preguntó la juez y señaló que en Colombia
está prohibida la pena de muerte y está prohibida la tortura. Igualmente señaló
que los uniformados con su comportamiento irrespetaron a la ciudadanía y a la
misma institución.
La juez
añadió que los uniformados vinculados al proceso no cumplieron con el debido
proceso.
La Juez
indicó que la ley no es absoluta en el derecho a la libertad de las personas y
que en este caso "tendría que sacrificarse el derecho a la libertad de
estos ciudadanos" investigadas a la muerte de un ciudadano que fue
asesinado, pero antes fue torturado.
Igualmente
señaló que a los uniformados por hacer parte de la Policía y por la
capacitación recibida se les exigía un comportamiento diferente y si el
ciudadano los golpeo en algún momento, tenían que presentar la denuncia del
caso y no actuar como lo hicieron.
"No se
garantizarían los fines constitucionales de evitar la obstrucción a la justicia
y de la protección a la comunidad con una medida de aseguramiento de casa por
cárcel", dijo la funcionaria judicial.
Indicó que
según los datos aportados al proceso los imputados podrían afectar a la
comunidad y a testigos del proceso.
Tomado del
TIEMPO.