ONU pide más protección para los excombatientes de las FARC

Un nuevo informe de la Misión de Verificación de la ONU señala que, durante 2020, 50 excombatientes de las FARC-EP han sido asesinados en el país, elevando la cifra a un total de 224 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

 

El documento resalta que, en este año, “el 30 % de los asesinatos se han cometido cerca de las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), que en su mayoría están ubicadas en regiones rurales aisladas en las que grupos armados ilegales y organizaciones criminales se enfrentan por las economías ilícitas”.

 

Este panorama que expone la ONU, es justamente el que se ha vivido este año en el Huila, donde se están reincorporando 505 exguerrilleros y existen seis NAR ubicadas en Algeciras, Colombia, Iquira, La Plata, Neiva y Pitalito, pues precisamente en cuatro de estos municipios se han registrado 5 asesinatos de excombatientes durante 2020.

 

También familiares de reincorporados han perecido ante las balas en el departamento. Según datos del partido Farc, cuatro parientes de firmantes del Acuerdo de Paz han perdido la vida en retaliaciones en el Huila.

 

Inclusive, los últimos dos homicidios fueron verificados por la ONU en el presente informe, en el que registra la masacre acaecida en Algeciras el pasado 16 julio en la cual fueron asesinados cuatro personas, entre estas, dos familiares de un reincorporado.

 

Ataques y riesgos

 

Según la ONU, en términos generales, desde la firma de los Acuerdos de Paz en La Habana se han contabilizado 297 ataques contra exmiembros de las FARC-EP, incluidos 224 asesinatos, 53 intentos de homicidios y 20 desapariciones.

 

De acuerdo a este reciente informe del secretario general de Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, “la violencia incesante contra excombatientes sigue afectando la consolidación de la paz”.

 

La Misión de Verificación de la ONU también pide garantías de seguridad para las comunidades, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los líderes sociales.

 

 Fuente: La Nación 


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