En un verdadero calvario se ha convertido, la lucha jurídica entre la administración municipal de Pitalito y el INPEC, con el objetivo que asuman las responsabilidades que les compete en relación a los privados de la libertad, que por la emergencia sanitaria, permanecen en los centros carcelarios transitorios.

En el caso de Pitalito, hay un total de 170 privados de la libertad que están divididos en el centro carcelario transitorio y la sala de reflexión de la estación de Policía, y por los cuales ha tenido que responder la administración municipal en su alimentación y salud, mientras uniformados de la policía asumen la seguridad de los mismos. Solamente en alimentación, la administración asumió contratos de, aproximadamente 70 millones de pesos mensuales.

Desde hace tres meses, se realizaron las primeras tutelas por parte de la administración municipal y la personería en contra del INPEC, solicitando los derechos fundamentales de los privados de la libertad y el traslado de los mismos al centro carcelario municipal.

En un primer fallo, la tutela favoreció los derechos de los internos, y ordenó el traslado de todos los privados de la libertad a centro carcelario, la tutela fue impugnada, sin embargo, el fallo ratificó la decisión tomada en primera instancia.

No obstante, al día de hoy, ninguno de los privados de la libertad han sido llevados al centro carcelario, y permanecen con un hacinamiento del 80% en las carceletas.

El juzgado primero civil del circuito, en relación a un incidente de desacato de tutela interpuesto por la administración municipal resolvió DECLARAR APROBADO EL DESACATO planteado, por lo cual ordena SANCIONAR al director General del INPEC, Brigadier General NORBERTO MUJICA JAIME, con arresto de 5 días y una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El fallo finaliza, indicando “contra esta decisión no procede recurso alguno”  



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