En un verdadero calvario se ha
convertido, la lucha jurídica entre la administración municipal de Pitalito y
el INPEC, con el objetivo que asuman las responsabilidades que les compete en relación
a los privados de la libertad, que por la emergencia sanitaria, permanecen en
los centros carcelarios transitorios.
En el caso de Pitalito, hay un total
de 170 privados de la libertad que están divididos en el centro carcelario
transitorio y la sala de reflexión de la estación de Policía, y por los cuales
ha tenido que responder la administración municipal en su alimentación y salud,
mientras uniformados de la policía asumen la seguridad de los mismos. Solamente
en alimentación, la administración asumió contratos de, aproximadamente 70
millones de pesos mensuales.
Desde hace tres meses, se realizaron
las primeras tutelas por parte de la administración municipal y la personería
en contra del INPEC, solicitando los derechos fundamentales de los privados de
la libertad y el traslado de los mismos al centro carcelario municipal.
En un primer fallo, la tutela
favoreció los derechos de los internos, y ordenó el traslado de todos los
privados de la libertad a centro carcelario, la tutela fue impugnada, sin
embargo, el fallo ratificó la decisión tomada en primera instancia.
No obstante, al día de hoy, ninguno
de los privados de la libertad han sido llevados al centro carcelario, y
permanecen con un hacinamiento del 80% en las carceletas.
El juzgado primero civil del
circuito, en relación a un incidente de desacato de tutela interpuesto por la administración
municipal resolvió DECLARAR APROBADO EL DESACATO planteado, por lo cual ordena
SANCIONAR al director General del INPEC, Brigadier General NORBERTO MUJICA
JAIME, con arresto de 5 días y una multa de 5 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
El fallo finaliza, indicando “contra
esta decisión no procede recurso alguno”
