Una nueva iniciativa, que
podría darles más beneficios a delincuentes si aceptan cargos, recibió luz
verde del organismo asesor del Gobierno en materia de política criminal, el
Consejo Superior de Política Criminal, que debe revisar y generar conceptos –no
vinculantes– de todos los proyectos que versen sobre esta materia.
Se trata del proyecto de ley
215 de la Cámara de Representantes, que crea en el Código Penal un
mecanismo de negociación que, por allanamiento a cargos, busca permitir que
la pena de prisión sea de máximo una sexta parte de la establecida, es decir,
de un 16,6 por ciento por lo cual la rebaja sería del 83,4 por ciento.
En la actualidad, la máxima rebaja de pena por aceptación es de la mitad, según
el artículo 351 del Código Penal.
La iniciativa, que ya tuvo
dos debates en la Cámara de Representantes y fue enviada al Senado, precisa que
la negociación solo procede cuando el indiciado, en audiencia de formulación de
imputación, acepta su responsabilidad, además establece requisitos como no
tener antecedentes para acceder al beneficio, que no aplica para todos los
delitos.
Además, para que este
mecanismo proceda, la víctima del delito debe aceptar el acuerdo y si se usa la
negociación, no procederán subrogados judiciales o administrativos –salvo
aquellos por colaboración judicial–, es decir, se deberá pagar toda la pena impuesta.
Otra de sus novedades es que
establece un sistema de tres strikes. La primera vez que alguien se acoge, la
pena sería de máximo una sexta parte de lo normal; si la persona reincide, la
condena oscilaría entre una sexta parte y una cuarta parte, y si por tercera
vez la persona infringe la ley, no podrá acceder al beneficio y se expondrá a
la pena completa del Código Penal.
Asimismo, el proyecto crea
en el ordenamiento jurídico colombiano la figura de la fianza y dice que
el monto máximo será de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ese
dinero será para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas con la
víctima, y, si esto se cumple, los recursos serán destinados al mejoramiento de
las URI y de los centros penitenciarios.
Respecto a la iniciativa, el
Consejo de Política Criminal resaltó que, al contrario de muchas otras que han
estudiado que buscan, sin ningún fundamento, aumentar penas y acrecientan el
populismo punitivo, esta no solo permite una judicialización proporcional según
la reincidencia, sino que busca determinar unos límites para la reparación de
la víctima en materia penal, pues establece que el monto máximo de la
indemnización que puede pedir la víctima podrá ser de hasta tres veces el valor
del daño causado.
Sobre la limitación del
beneficio solo a ciertos delitos, el organismo consideró que era razonable pues
son los que más afectan la seguridad ciudadana. Los delitos que pueden aplicar
son ciertas lesiones personales (se excluyen los ataques con ácido), el hurto
cuando la cuantía no excede 10 salarios mínimos mensuales, hurto calificado
siempre que no se cometa con violencia sobre las personas y abigeato.
Además, el organismo resaltó
el carácter restaurativo de las penas que se imponen, pues “se privilegia el
resarcimiento del daño sufrido por la víctima a tal punto que, si no existe su
aval, no es posible validar la negociación. El proyecto también prevé la
imposición de sanciones restaurativas frente a la sociedad como colectivo”, se
lee en el concepto.
Se privilegia el
resarcimiento del daño sufrido por la víctima a tal punto que, si no existe su
aval, no es posible validar la negociación
Pero, aunque el Consejo vio
con buenos ojos la iniciativa, le hizo observaciones. Por ejemplo, para que se
aclare cómo se armonizará esta negociación con lo que actualmente está en la
ley, que establece los preacuerdos y negociaciones como método de terminación
anticipada del proceso penal; y que sería bueno que para la elección de los
delitos que aplican para el nuevo beneficio se cuente con un soporte empírico
más abundante.
Este año, el proyecto
continuará en el Senado su trámite para definir si se convierte en una ley que
enfrente el problema de la reincidencia.
Fuente: ET