El 15 de marzo de 2020 Darlyn Menjura tuvo que cerrar su establecimiento de comercio, debido a las medidas adoptadas por el gobierno de Iván Duque para contener la pandemia del COVID-19.

Darlyn perdió todo, quedó desempleada y a la crisis financiera se le sumaban otras obligaciones que no se hicieron esperar: empezó a atrasarse en el pago de la pensión del colegio de su hija en la ciudad de Bogotá.

A través de innumerables correos, el primero en el mes de abril y el último de octubre, Darlyn le imploró al colegio un descuento o cualquier ayuda para que su hija pudiera seguir estudiando en esa institución educativa. Pero no tuvo respuesta alguna.

Como pudo, y con su negocio quebrado, pagó hasta agosto la pensión del colegio que supera el millón de pesos mensuales. Sin embargo, para los últimos tres meses del año no le alcanzó el dinero.

Decidió entonces retirar a su hija de este colegio para buscar uno público, o uno más económico, pero la institución impide que la matriculen en otro, al negarse a retirar a la estudiante del sistema de matrícula estudiantil (Simat).

“Yo lo que necesito es llegar a un acuerdo de pago con ustedes y que me la retiren del Simat para poderla matricular”, dijo Darlyn. “No, el retiro del Simat no se puede hasta que estén al día”, le habrían respondido.

Darlyn ha insistido en buscar soluciones y fue hasta el colegio, pero como le ha sucedido en reiteradas ocasiones, tuvo que marcharse, sin que le dieran solución: su hija está desescolarizada.

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