El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó el día de ayer el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno radicó ante el Congreso de la República y con el que busca recaudar más de $23 billones para hacer frente a las nuevas necesidades económicas y sociales que tiene el país por cuenta de la pandemia del COVID-19.

En el 2023, las personas que el año 2022 hayan ganado más de $3,2 millones mensuales deberán declarar renta. El texto propone que las personas que en 2022 tengan una renta líquida de $29 millones anuales o $2,42 millones mensuales, serán responsables del impuesto. El siguiente año 2024 en relación con el año gravable 2023, el umbral bajaría a 560 UVT de renta líquida, es decir, $2,26 millones de ingresos mensuales.

Hoy solo declara renta el 4 % de la población económicamente activa, unos 3,5 millones de personas, y la mitad de ellos hace algún pago. La propuesta es llevar esta cifra a 18 %, lo que significa unos 7 millones de declarantes y unos 3 millones de contribuyentes. El 82 % de la población va a seguir exenta.

“El ingreso medio en Colombia es $1,2 millones, el promedio llega a $1,7 millones, este no es un país muy pudiente y no estamos tocando esa parte”, señaló Carrasquilla.

El viceministro de Hacienda explicó que las tarifas de renta aplicarán desde 2022 y que este año la gente no se verá afectada. El efecto de las retenciones con la nueva tasa se verá en 2023: “en los ingresos que genere en 2023 va a tener retenciones con tasa nueva y va a pagar el grueso en 2024; en 2024 el máximo aumento será de 5 % del ingreso y se verá tres años después; se pagarán con la declaración de renta correspondiente a 2024 que se haga en 2025, año en que la iniciativa termina de completar su recorrido”.

 

Impuestos a las pensiones:

 

Se gravarán con renta las pensiones que excedan 1.600 UVT anuales, es decir, los $4,8 millones anuales.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, unos 28.000 pensionados que reciben más de $7 millones mensuales empezarían a pagar este impuesto.

La pensión también estará sujeta a retención en la fuente, por tratarse de un ingreso laboral. De acuerdo con el proyecto, para 2022 la tarifa comenzará en 10 % para pensiones entre $2.178.480 y $2.541.560 mensuales e irá progresivamente hasta 41 % para pensiones de más de $38.123.400. Para 2023, el tope mínimo se correrá a $1.416.012 y el máximo aplicará a partir de $30.244.564.

 

Impuesto a los ingresos altos:

 

A partir del primero de julio de este año y hasta el 31 de diciembre se establecería un impuesto temporal y solidario de 10 % para quienes reciban por salario o pagos por prestación de servicios desde $10 millones mensuales en adelante, tanto en el sector privado, como en el público. También aplica para quienes reciban este mismo monto de dinero, o más, por concepto de “intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de la propiedad intelectual y dividendos y participaciones; el pago o abono en cuenta mensual periódico de las mesadas pensionales o asignaciones de retiro, sin consideración del régimen pensional”.

 

Impuestos que quedaron por fuera del proyecto de reforma tributaria:

 

-Impuesto a las bebidas azucaradas:

 

Según manifestó el ministro de Hacienda, “El presidente tiene mucho escepticismo sobre la bondad de este impuesto, yo mismo no estoy seguro de que tenga los efectos sobre las externalidades en la salud, pero estamos dispuestos a dar ese debate”, dijo Carrasquilla, pues cree que seguro se llevará al Congreso.

 

-Impuesto a las iglesias:

 

El Ministerio de Hacienda lo descartó bajo el argumento de que se trata de entidades sin ánimo de lucro, como las fundaciones, por lo que deben tener un tratamiento especial desde el punto de vista tributario. “No consideramos prudente en este momento una imposición plena para entidades sin ánimo de lucro ni ha ocurrido en otros países”, dijo Carrasquilla. Además, la Constitución Política las protege por su ánimo confesional.

 

-Sobretasa de renta al sector financiero:

 

A pesar de que en cada reforma se discute este impuesto y de que varios congresistas se han mostrado a su favor, el Gobierno no incluyó en su propuesta de reforma tributaria la renta a las entidades financieras y no está dispuesto a apoyarlo. El ministro de Hacienda dijo que no es conveniente: “distorsiona, hace complejo el sistema, no tiene equidad transversal, si miran las cifras del sector financiero no hay grandes rentabilidades sobre activos con respecto a otros sectores”.

 

-Financiación del sector empresarial:

 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, le propuso al gobierno obtener la financiación que necesita del sector empresarial, principalmente, para evitar tocar a las personas naturales a través de renta o de IVA por la situación económica de las familias. Sin embargo, Hacienda dijo que aceptó la idea parcialmente al incluir una sobretasa del 10 % a las personas jurídicas, pues las recomendaciones de los expertos y las prácticas internacionales están en contra de aumentar tanto la carga de las empresas.

“Hay una cantidad de personas y empresas que entraron en situación de vulnerabilidad, los efectos de la pandemia no han pasado, el recaudo es para eso. Necesitamos una reforma que tenga la capacidad de financiar esos programas sociales”, señaló Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda.

 

Destinación del dinero recaudado:

 

El Gobierno espera recaudar con esta reforma $23,4 billones, equivalentes al 2 % del PIB en 2022. La mayor parte de este dinero provendrá del incremento en la base de declaración de renta $17 billones y del aumento de tarifa del IVA $7,3 billones.

Fuera de las transferencias a las regiones, el gasto se concentrará en programas sociales como Ingreso Solidario $4,6 billones y la compensación del IVA $1,8 billones. El problema está en la posible caída de ingresos tributarios ahora que ni las personas ni las empresas están en capacidad de pagar como lo venían haciendo.

Por esta razón, el proyecto incluye una adición presupuestal de $11,7 billones. “No tenemos la facultad legal para implementar a pleno los programas sociales que proponemos, estos tienen un vencimiento, pero queremos extenderlo o volverlos permanentes, como Ingreso Solidario, para eso necesitamos la autorización del congreso para disponer esas apropiaciones”.

Igualmente, será utilizado para amortizar la deuda que se vence este año; esto significa que el déficit fiscal para este año se incrementará al 8,6 % del PIB, unos $94,5 billones, para 2020 se estima en 7,8 %.

“La pandemia no es un choque de 2020, se prolonga en 2021 y los efectos fiscales también, seguimos teniendo que utilizar recursos destinados a la crisis para, por ejemplo, las vacunas”, concluyó Carrasquilla.

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