Las
autoridades anunciaron que se adelantan las investigaciones relacionadas con
posibles abusos de la Fuerza Pública durante las protestas en el país.
El
general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, indicó que ya se han abierto
26 investigaciones disciplinarias en la inspección general de la Policía, y
dentro de ellas hay 2 policías vinculados formalmente; además, la Fiscalía ha
abierto 7 investigaciones por los hechos y la Justicia Penal Militar, otras 5.
A
su turno, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que los hechos de
violencia que se han presentado en las manifestaciones no son aislados, sino
que Colombia enfrenta una amenaza terrorista.
"Se
trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de
disidencias de las Farc y el Eln. Gracias al trabajo del Grupo Especial contra
el Vandalismo y delitos conexos hemos identificado algunas de estas
organizaciones criminales: movimiento JM19, Movimiento Bolivariano de
disidencias de las Farc de 'Gentil Duarte', los capuchos, los escudos azules y
los escudos negros, células urbanas del Eln, 8 y 9 de junio", manifestó.
Entre
los que estarían detrás de los hechos violentos desde grupos ilegales, el
ministro dijo que se ha identificado a los alias Ñoño, Póker, Care Loco, Bravo
y Valkiria, quienes, aseguró, estaban en proceso de investigación y un juez los
dejó en libertad por errores en la expedición en la orden de captura.
"Estos
terroristas están operando con convocatorias a través de WhatsApp y Telegram y
han sido sistemáticos en su accionar en principales ciudades: Cali, Bogotá,
Medellín, Pereira, Manizales y Pasto", añadió Molano, quien dijo que los
ataques sistemáticos han afectado la vida de los ciudadanos y policías, de
infraestructuras, transporte y comercios.
En
ese informe, el ministro habló de la muerte del comandante de policía de
Soacha, Jesús Alberto Solano, y las
lesiones de 522 policías y 306 civiles; también mencionó que hubo 36 CAI
vandalizados y 18 CAI destruidos; 20 vehículos institucionales vandalizados, 20
buses de transporte público incinerados, 87 bancos vandalizados, 254 comercios vandalizados a nivel nacional,
lo mismo que 12 peajes, 4 estatuas, 69 estaciones de transporte, 27 cajeros, 2
gobernaciones vandalizadas, 52 establecimientos comerciales saqueados, y 29 cámaras fotomulta.
El
ministro no hizo mención ni entregó cifras de civiles muertos. La Defensoría
del Pueblo estima que al menos han sido 16, aunque organizaciones civiles hablan
de más de 20.
De
otra parte, el director de la Policía, general Vargas, mencionó que hasta el
momento, por delitos como concierto para delinquir, daño en bien ajeno, hurto,
lesiones personales, daño en bien públicos, entre otros, se han hecho 431
capturas de estas, 417 en flagrancia y 34 aprehensiones de menores de edad
cometiendo delitos. De los capturados, 97 ya han sido presentados en audiencia
de control de legalidad, entre los cuales figuran 15 extranjeros de ellos 14 venezolanos.
De
las capturas, 165 fueron por obstrucción en vía pública, 103 por daño en bien
ajeno, 54 por violencia contra servidor público y 31 por hurto. Además, desde
el 28 de abril se han incautado 138 armas de fuego, 100 armas traumáticas y
5.000 armas cortopunzantes.
En
la actualidad se adelantan 15 procesos judiciales estructurales contra
organizaciones criminales y delincuenciales dinamizadoras de actos vandálicos y
violencia urbana; además, el general Vargas dijo que se tienen identificados, a
través de videos, 729 rostros de personas que estarían cometiendo delitos como
hurto, lesiones personales, daño en bien ajeno y público, entre otros.
"En
los procesos hay 128 personas que serán categorizadas como posibles autores
para ser individualizadas e identificadas en procesos judiciales", afirmó.
Añadió
que se mantiene una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información
sobre las personas que están cometiendo delitos, especialmente en ciudades en
donde han continuado las acciones vandálicas.