Se confirman sanciones contra Odebrecht y sus socios por pago de sobornos

 


La Superintendencia de Industria y Comercio, reafirmó las sanciones por la suma de $295.000 millones que formuló contra Odebrecht y sus socios que estuvieron relacionados con los sobornos en la concesión Ruta del Sol II.

Así las cosas, confirmó las multas a la constructora Norberto Odebrecht por $87.780 millones; Corficololombiana por $55.564 millones; Estudios y Proyectos del Sol S.A.S por $33.826 millones y la Concesionaria Ruta del Sol por $221 millones.

En cuanto a personas naturales, el exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales la multa era de $26.349 millones, pero fue exonerado del 100% de la sanción por el programa de beneficios por colaboración. No así a Luiz Antonio Bueno Junior, de la firma Odebrecht por $1.755 millones, Luiz Antonio Mameri, de la misma constructora, por $1.228 millones, Yezid Augusto Arocha Alarcón de parte de Odebrecht, por $185.512 millones y José Elías Melo Acosta de Corficolombiana, por $393 millones.

Cabe mencionar que, en diciembre del 2020, la entidad había determinado que los sancionados habían ideado un esquema “ilegal” restrictivo de la libre competencia para adjudicar y ejecutar el contrato de la Ruta del Sol II.

“En una primera fase, incluyó un acuerdo anticompetitivo que les permitió garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 en favor de la concesionaria”, argumentó la Superintendencia en el 2020.

Y, agregó “Luego, consistió en una dinámica de reembolsos y pagos irregulares, que se materializó través de la instrumentalización de diferentes contratos, lo que les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y, en forma concomitante, desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual”.

Frente a la reciente confirmación de las sanciones, la entidad compulsó copias del expediente del caso Ruta del Sol II a la Fiscalía General de la Nación para que desde su competencia determine delitos económicos, electorales y/u otros que sean advertidos por el ente acusador, así como a la Superintendencia de Sociedades.

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