La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que modifica la aplicación del Código Penal en materia de política criminal y penitenciaria, en hechos en los que resulten involucradas mujeres cabeza de familia.

La iniciativa plantea que las mujeres condenadas por delitos como hurto, conservación o financiación de plantaciones o destinación ilícita de muebles o inmuebles, y aquellas, cuya pena sea igual o inferior a 8 años de cárcel, podrán obtener una medida sustitutiva la pena de prisión.

La medida sustitutiva de cárcel consistirá, en un servicio no remunerado en instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales.

Se debe demostrar por cualquier medio de prueba que la comisión del delito está asociada a condiciones de marginalidad que afecten la manutención del hogar.

“Con esta ley se establece que las mujeres condenadas por delitos cuya pena sea igual o inferior a 8 años de prisión, en las cuales se demuestre que la condición del delito esté asociado a condiciones de vulnerabilidad, se les aplicará una medida sustitutiva de servicio de utilidad pública. Esa medida implica la prestación de un servicio no remunerado”, explicaba la representante del Partido Conservador, Adriana Matiz.

Para la congresista por el departamento del Tolima esta privación de la libertad “no solamente es traumática por sí misma para las madres, sino que además tiene grandes efectos en la vida de sus hijos. De las 8.198 mujeres que están privadas de la libertad, el 74.9% son madres cabeza de hogar. Por eso, lo que buscamos es proteger a la familia y los niños”.

Estos servicios, que se prestarían a favor de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro, buscan que las mujeres al mismo tiempo puedan cuidar a sus hijos y evitar que ese ciclo de violencia se repita en la siguiente generación, según afirmó la congresista del Partido Verde, Juanita Goebertus.

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