La plenaria de
la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que modifica la aplicación del
Código Penal en materia de política criminal y penitenciaria, en hechos en los
que resulten involucradas mujeres cabeza de familia.
La iniciativa
plantea que las mujeres condenadas por delitos como hurto, conservación o
financiación de plantaciones o destinación ilícita de muebles o inmuebles, y
aquellas, cuya pena sea igual o inferior a 8 años de cárcel, podrán obtener
una medida sustitutiva la pena de prisión.
La medida
sustitutiva de cárcel consistirá, en un servicio no remunerado en instituciones
públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales.
Se debe demostrar
por cualquier medio de prueba que la comisión del delito está asociada a
condiciones de marginalidad que afecten la manutención del hogar.
“Con esta ley
se establece que las mujeres condenadas por delitos cuya pena sea igual o
inferior a 8 años de prisión, en las cuales se demuestre que la condición del
delito esté asociado a condiciones de vulnerabilidad, se les aplicará una
medida sustitutiva de servicio de utilidad pública. Esa medida implica la
prestación de un servicio no remunerado”, explicaba la representante del
Partido Conservador, Adriana Matiz.
Para la
congresista por el departamento del Tolima esta privación de la libertad “no
solamente es traumática por sí misma para las madres, sino que además tiene
grandes efectos en la vida de sus hijos. De las 8.198 mujeres que están
privadas de la libertad, el 74.9% son madres cabeza de hogar. Por eso, lo que
buscamos es proteger a la familia y los niños”.
Estos
servicios, que se prestarían a favor de instituciones públicas, organizaciones
no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro, buscan que las mujeres al
mismo tiempo puedan cuidar a sus hijos y evitar que ese ciclo de violencia se
repita en la siguiente generación, según afirmó la congresista del Partido
Verde, Juanita Goebertus.