La sanción fue impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que señala que la compañía no comunicó al ciudadano la presunta morosidad, de la cual no tenía prueba.

Según la SIC, la persona que interpuso la denuncia ante la entidad fue reportada a las centrales de riesgo como morosa, sin que se le hubiera informado previamente de ese proceder. Y peor aún sin que se tuvieran a la mano las pruebas de la existencia de la obligación reportada.

El efecto de un reporte de una persona a las centrales de riesgo es que se le cierran todas las puertas en el sistema financiero, lo que llevó al ciudadano a tramitar la queja ante la Superintendencia, entidad que finalmente decidió multar a Claro, compañía que deberá pagar $116.185.600.

Otro punto que afecta enormemente al ciudadano es que al estar reportado en centrales como Datacrédito implica una demora para que lo saquen de esa lista que indica ‘alerta’ –para los bancos y entidades prestamistas– con ese usuario de créditos. Peor aún si la persona, probablemente por alguna deuda menor, de la que quizás no se enteró, quedó metido en el listado. (Por ejemplo: hay personas que cierran un plan y, por algún motivo no pidieron el paz y salvo, por lo cual no se enteraron que quedaron debiendo $10.000).

De acuerdo con lo señalado por la Superindustria, en la resolución emitida le ordena a la compañía acreditar la implementación de mecanismos y/o procedimientos que le permitan llevar un control respecto de las denuncias de suplantación que realizan los titulares de la información y la actualización de los reportes de manera eficaz y dentro del término legal, además de ordenarle remitir a esta autoridad las acciones correctivas adoptadas.

Para la SIC, la compañía, al igual que todos los que para el ejercicio de su actividad manejan datos de los ciudadanos, principalmente financieros, deben “respetar y garantizar los derechos de los titulares de los datos”.

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