La
Jurisdicción Especial de Paz JEP, publicará oficialmente el auto de
determinación de hechos y conductas del subcaso de la Costa Caribe, en el que
imputa al coronel en retiro Publio Hernán Mejía; a su sucesor, el también
coronel (r) Juan Carlos Figueroa, y a otros 13 militares por 126 asesinatos y
120 desapariciones forzadas atribuidas al batallón de Artillería No. 2 'La
Popa', ubicado en Valledupar; de las 6.402 víctimas que la JEP determinó entre
2002 y 2008 se habrían cometido.
Según
el diario EL TIEMPO, la versión aprobada del documento, de 361 páginas, la Sala
de Reconocimiento detalla el horror de las ejecuciones extrajudiciales
cometidas en la región entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
En
este informe, se revelaría alianzas con paramilitares, estigmatización contra
la población, muerte de guerrilleros que se habían rendido, detención de
personas en retenes posteriormente asesinadas, engaños a habitantes de calle
para ultimarlos y presentarlos como bajas, entre otros actos que hicieron parte
del entramado ilegal organizado en el Ejército para perpetrar estos crímenes.
La
versión aprobada del auto, identifica como máximos responsables de 'falsos
positivos' en el batallón La Popa a 15 militares.
Los
de mayor rango son los coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez (comandante de
esa unidad militar entre enero de 2002 y enero de 2004), y Juan Carlos Figueroa
(quien estuvo en el batallón en el periodo comprendido entre enero de 2003 y
julio de 2005).
Igualmente,
están siendo procesados los mayores José Pastor Ruiz Mahecha, Guillermo
Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez Naranjo; los sargentos Efraín Andrade
Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia y José de Jesús Rueda Quintero, el
teniente Carlos Andrés Lora Cabrales; los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez
Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez; el cabo tercero Elkin Rojas; y los
soldados profesionales Yeris Andrés Gómez, Coronel Alex José Mercado Sierra y
Juan Carlos Soto Sepúlveda.
En
el documento, se relata que se justificó el asesinato de personas señaladas de
pertenecer o auxiliar a las guerrillas o de ser 'bandidos', y se efectuó, en
buena parte, en colaboración con grupos paramilitares o guías provenientes de
estos grupos"-
Así
mismo, explica la JEP, que "algunos miembros de la unidad seleccionaron a
ciudadanos en distintas situaciones de marginalidad económica y social para
asesinarlos, desaparecerlos y presentarlos como supuestas bajas en
combate".
Según comparecientes ante la JEP, el coronel Mejía usaba expresiones como: “Hermano, no se preocupe que eso es un bandido” o “hermano, eran bandidos y se tenían que morir” , para referirse a las víctimas asesinadas por los paramilitares luego presentadas por el batallón como resultados operacionales", relata el auto.