La Jurisdicción Especial de Paz JEP, publicará oficialmente el auto de determinación de hechos y conductas del subcaso de la Costa Caribe, en el que imputa al coronel en retiro Publio Hernán Mejía; a su sucesor, el también coronel (r) Juan Carlos Figueroa, y a otros 13 militares por 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas atribuidas al batallón de Artillería No. 2 'La Popa', ubicado en Valledupar; de las 6.402 víctimas que la JEP determinó entre 2002 y 2008 se habrían cometido.

Según el diario EL TIEMPO, la versión aprobada del documento, de 361 páginas, la Sala de Reconocimiento detalla el horror de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la región entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

En este informe, se revelaría alianzas con paramilitares, estigmatización contra la población, muerte de guerrilleros que se habían rendido, detención de personas en retenes posteriormente asesinadas, engaños a habitantes de calle para ultimarlos y presentarlos como bajas, entre otros actos que hicieron parte del entramado ilegal organizado en el Ejército para perpetrar estos crímenes.

La versión aprobada del auto, identifica como máximos responsables de 'falsos positivos' en el batallón La Popa a 15 militares.

Los de mayor rango son los coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez (comandante de esa unidad militar entre enero de 2002 y enero de 2004), y Juan Carlos Figueroa (quien estuvo en el batallón en el periodo comprendido entre enero de 2003 y julio de 2005).

Igualmente, están siendo procesados los mayores José Pastor Ruiz Mahecha, Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez Naranjo; los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia y José de Jesús Rueda Quintero, el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales; los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez; el cabo tercero Elkin Rojas; y los soldados profesionales Yeris Andrés Gómez, Coronel Alex José Mercado Sierra y Juan Carlos Soto Sepúlveda.

En el documento, se relata que se justificó el asesinato de personas señaladas de pertenecer o auxiliar a las guerrillas o de ser 'bandidos', y se efectuó, en buena parte, en colaboración con grupos paramilitares o guías provenientes de estos grupos"-

Así mismo, explica la JEP, que "algunos miembros de la unidad seleccionaron a ciudadanos en distintas situaciones de marginalidad económica y social para asesinarlos, desaparecerlos y presentarlos como supuestas bajas en combate".

Según comparecientes ante la JEP, el coronel Mejía usaba expresiones como: “Hermano, no se preocupe que eso es un bandido” o “hermano, eran bandidos y se tenían que morir” , para referirse a las víctimas asesinadas por los paramilitares luego presentadas por el batallón como resultados operacionales", relata el auto.

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