En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la
procuradora general, Margarita Cabello, respaldó una demanda que pide excluir a
la población afrodescendiente, raizal, palenquera del país de la prestación del
servicio militar obligatorio.
El pronunciamiento guarda relación con una demanda de un
grupo de abogados que advierte que en la Ley 1861 de 2017, que reglamenta el
reclutamiento militar y el control de reservas, se incurrió en una omisión al
establecer que sólo las comunidades indígenas podían quedar exoneradas de la
prestación del servicio y del pago de la cuota de compensación militar.
En criterio de los demandantes, dicha exclusión “sin
fundamento constitucional” vulnera los derechos de todos los grupos étnicos del
país que deben “gozar de igual reconocimiento y protección”.
“Con el fin de asegurar la supremacía e integridad de la
Constitución que se encuentra amenazada por la omisión legislativa constada, se
solicitará declarar la exequibilidad de la expresión ‘indígenas’ contenida en
las normas demandadas, bajo el entendido que incluye a los individuos que
acrediten su integridad cultural, social y económica en relación con
comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras o ROM, mediante
certificación expedida por el Ministerio del Interior”, dice el concepto de la
procuradora.