La exministra de las TIC Karen Abudinen se presentará como víctima en la audiencia de imputación de cargos contra los capturados por el escándalo del contrato con Centros Poblados. La funcionaria estará acompañada de su abogado, el reconocido penalista Jaime Lombana.

Este lunes, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, en las ciudades de Barranquilla y Bogotá, capturó a los principales implicados en las presuntas irregularidades en el multimillonario contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para la conectividad de 7.000 puntos en zonas apartadas del país. Los capturados son:

Emilio Tapia, excontratista y condenado por el llamado carrusel de contratos de Bogotá.

Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados.

Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros.

En el caso de Luis Fernando Duque, fue de los primeros en rendir diligencia de interrogatorio en la Fiscalía y allí entregó detalles de su participación en dicho contrato, aportó la documentación que comprobaría que llegó al proceso incluso antes de que él se convirtiera en el representante legal de la unión temporal Centros Poblados.

Fue Duque el representante legal de ese grupo de empresas, quien aseguró que ellos hicieron la solicitud de una garantía bancaria a través de un corredor de seguros (Rave) y la misma fue entregada a la firma interventora del multimillonario contrato, para su revisión y pasó las verificaciones. Por tanto el proceso se cumplió, aunque después el banco advirtió que jamás expidieron tal garantía.

Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde fueron capturados tras la orden de un juez de control de garantías y la solicitud que hizo la Fiscalía como parte de las diligencias que se adelantan desde que el Ministerio, y otras partes en este proceso, radicaron una denuncia en el ente acusador.

La investigación de la Fiscalía es por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento privado, delitos que serán puestos a consideración de un juez en una audiencia de imputación de cargos que se espera realizar una vez legalicen las capturas.

La justicia busca recuperar los 70.000 millones de pesos que fueron girados como anticipo.

Fuente: la semana

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