En los alrededores del puerto de Guanta, en el este de Venezuela, cientos de camiones hacen filas todos los días para descargar toneladas de chatarra como parte del giro del gobierno de convertir los desechos en una fuente de divisas.
El acopio y
venta de chatarra se ha intensificado por las urgencias financieras de la
administración del presidente Nicolás Maduro, agobiada por una baja producción
de petróleo debido a los años de desinversión en la industria y la dificultad de
vender barriles en medio de las sanciones de Estados Unidos impuestas en 2019.
“Venezuela
va a quedar livianita, porque están sacando toda la chatarra”, dijo Douglas
Lugo, conductor de un camión a las afueras de Guanta, quien fue un empleado
tercerizado de la industria petrolera y ahora labora transportando material en
desuso. En su camión llevaba residuos de hierro como láminas, rines, partes de
vehículos y trozos de puertas oxidadas.
Con el
recrudecimiento de las medidas de Washington, el gobierno ha buscado diversas
vías de ingresos. En el pasado se vendieron desechos al exterior en muy bajas
cantidades, pero es desde 2020 que se están impulsando esas exportaciones a
través de privados.
En 2021,
Maduro afianzó su interés en la chatarra al considerarla como “estratégica”
para la industria local y dejar exportar su excedente, previa aprobación de las
autoridades.
Las empresas
estatales y privadas cargadas con plantas, maquinarias y equipos obsoletos, por
los años de menor actividad, se han sentido cada vez más tentadas a ofertarlos
como chatarra. Si bien el Estado está detrás de algunos de esos procesos,
también se han registrado robos de equipos para venderlos con ganancias, según
fiscales.
La chatarra
que se exporta surge del desmantelamiento de equipos en desuso de la estatal
PDVSA y otras empresas públicas, de obras de construcción paralizadas y de
vieja maquinaria privada, dijeron unas 15 fuentes entre empresarios de varios
sectores, transportistas, trabajadores y funcionarios.
El
desmantelamiento y comercio de la chatarra no ha sido precisado por las
autoridades. Los ministerios de Comunicación y de Producción no respondieron a
solicitudes de comentarios.
Desde los
puertos venezolanos se exporta la chatarra hacia países como India, Taiwán,
Tailandia, Turquía, China, Ecuador, Bélgica y Holanda, de acuerdo con registros
portuarios.
La chatarra
que llega a los puertos es recibida por una corporación estatal, que en 2019
llegó a vender material hacia Turquía y China. Ese ente firma con empresas
privadas contratos o “alianzas” para exportar, según un documento y dos
fuentes, para sortear las medidas de Washington que no prohíben a compañías
venezolanas comercializar en el extranjero.
Las empresas
pagan la chatarra a la corporación estatal con divisas en efectivo, y después
de la cancelación se hacen las gestiones para la exportación del material,
agregaron otros dos de las fuentes consultadas. La Corporación Ezequiel Zamora,
encargada del manejo de la chatarra, no respondió a una petición de
comentarios.
En 2021 se
exportaron desde dos de los principales puertos del país 45.500 toneladas de
desperdicios de hierro, acero y cobre por un monto de 55 millones de dólares,
según cifras de Import Genius, una firma de asesoría que recopila registros
aduaneros de importación y exportación.
El volumen
de material vendido en el exterior duplica lo exportado desde esos dos mismos
terminales en 2020.
Del resto de
los puertos no hay cifras disponibles. Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) no
respondió a solicitud de comentarios.
Las ventas
de chatarra “han aumentado considerablemente durante los meses de mayor arraigo
de la pandemia del COVID-19, cuando los ingresos del Estado fueron escasos”,
dijo la firma local Ecoanalítica en un reporte.
En el
mercado internacional la tonelada de chatarra, dependiendo del tipo de
material, ronda entre los 300 y 700 dólares la tonelada. Mientras, los privados
locales compran la chatarra a precios entre 80 y 120 dólares la tonelada,
dijeron dos fuentes y dos transportistas.
En el norte
de Monagas, una zona petrolera al este de la nación OPEP, tanques y tuberías se
están desmantelando, dijeron una fuente del sector petrolero y dos trabajadores
que han visto cómo esos materiales se cortan en galpones. “Hoy en día no se
está recuperando nada, todo es para vender”, agregó una fuente.
Pero con el
auge de comercio de chatarra también ocurren delitos como robos de equipos en
zonas petroleras y en empresas públicas, según denuncias de cuerpos de
seguridad y la fiscalía.
En marzo, el
fiscal general, Tarek Saab, dijo en la televisora estatal que han detenido a
326 personas por tráfico de “material estratégico” desde la industria
petrolera, la estatal eléctrica y las hidrológicas e incautaron 373 toneladas
de chatarra y otros productos de hierro y acero.
Con el
comercio de chatarra algunos transportistas que laboraban para PDVSA o en el
traslado de carbón en la frontera ahora se dedican a movilizar desechos, porque
ganan más en medio de la elevada inflación. Por cada envío de chatarra a los
puertos perciben unos 100 dólares, y al mes pueden percibir 300 dólares, 10
veces el salario mínimo de 30 dólares.