El decreto, según publicó la revista Semana “crea una
comisión para hacer el estudio de los casos y recomendar al presidente”.
El Gobierno Petro busca que ellos sean reconocidos como
gestores de paz, lo que ha desatado una tormenta jurídica. La procuradora
Margarita Cabello, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el
defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Aroldo Quiroz, han advertido de los riesgos constitucionales de la
propuesta presidencial.
La propuesta del presidente Gustavo Petro de liberar antes de
Navidad a centenares de integrantes de la primera línea que están presos se
podría estrellar con una barrera legal. Los detenidos enfrentan graves cargos
por delitos como tortura, concierto para delinquir, lesiones personales y
terrorismo, entre otros. De hecho, nueve de ellos ya fueron condenados por
jueces que valoraron todo tipo de pruebas en su contra.