El presidente Gustavo Petro firmó el documento que establece
que quien "inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias
modelantes no permitidas incurrirá́ en prisión de treinta y dos (32) a ciento
veinte (120) meses", es decir, de 2 a 10 años.
Además, también se les impondrá una multa de 150 a 250
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Las sanciones aumentarán si quien aplique estos biopolímeros
es un médico o cirujano profesional o si el paciente es menor de edad.
Otro de los aspectos que regula esta ley es la inclusión de
servicios como el diagnóstico, tratamientos, rehabilitación y procedimientos de
retiro o manejo de biopolímeros en el sistema de salud.
La EPS también cubrirán los medicamentos y los tratamientos
necesarios de salud mental y apoyo psicosocial que requieran las personas
afectadas por estas prácticas.
Igualmente, se contempla que el Ministerio de Salud y
Protección Social diseñará́ e implementará una estrategia de atención,
promoción y prevención sobre los riesgos y daños a la salud derivados de la
aplicación de estas sustancias.