El alcalde de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, imputado como probable determinador del homicidio del abogado Luis Gerardo Ochoa Sánchez, ocurrido el 6 de abril de 2017, recobró el lunes pasado su libertad.
Aunque se creía que la medida cautelar se mantendría por la gravedad de las imputaciones, “aparentemente asociados con un entramado criminal con el narcotráfico”, la medida fue revocada.
El mandatario laboyano, detenido el sábado 28 de julio de 2018 mientras asistía a una boda familiar en Bogotá, fue vinculado a la investigación con otras 12 personas, entre ellas Mauricio Parra Rodríguez, condenado y procesado por narcotráfico y lavado de activos.
También el pastor Edgar Núñez, igualmente condenado en el pasado, su socio Luis Mario Colorado y el abogado César Sierra Avellaneda, gerente de la constructora Soginco, encargada de construir la ciudadela ‘La Voz de Dios’, como supuestos determinadores. Todos capturados, junto con los autores materiales.
La fiscal 28 seccional Martha Libia Lizcano les imputó los delitos de homicidio agravado a título de determinador, en concurso con el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Cerca de 7.000 evidencias físicas y por lo menos 592 testigos, soportarán la acusación.
Los nexos
Según la Fiscalía, Mauricio Parra y el alcalde Miguel Antonio Rico Rincón se conocieron en el 2015, antes de su elección, quien lo invitó a invertir en Pitalito. El mandatario laboyano, de acuerdo con la Fiscalía, le propuso el proyecto ‘La Voz de Dios’ iniciado en el 2008.
Parra Rodríguez le entregaba en efectivo grandes sumas de dinero al alcalde Rico Rincón. El director de Fiscalía, insistió en que este caso pone en evidencia las relaciones entre mafia y política en el sur del Huila.
“Del análisis de tosas las entrevistas, declaraciones juradas, interrogatorios, interceptaciones de comunicaciones, extracciones forenses y análisis de evidencias se logró establecer que el motivo por el cual se determinó, planeó y ejecutó el homicidio de Luis Gerardo Ochoa, obedeció a las investigaciones que venía adelantando contra los promotores del proyecto”, explicó la fiscal Liscano Quevedo.
El crimen
El crimen se pactó, según la Fiscalía, en la terraza del hotel Gran Plaza en Pitalito en febrero de 2017. En esa cita, se planeó la muerte de Ochoa Sánchez, quien asesoraba a miembros de la fundación Café y representaba a 18 posibles beneficiarios.
Núñez, en plena reunión, recibió una llamada telefónica, supuestamente del alcalde Rico Rincón, preguntando sobre la suerte del abogado Ochoa Sánchez. “Me llama el jefe, ¿qué le digo?”, preguntaba el pastor a los asistentes mientras tapaba con la mano el micrófono de su celular.
Esa afirmación, según la Fiscalía, la entregó Jefferson Polo Mejía, quien estaba en el lugar en calidad de mesero de confianza de Mauricio Parra.
La fiscal del caso, quien recepcionó el declaración, le preguntó si esa llamada telefónica estaba relacionada con la orden de “sacar del camino” al abogado y sí la persona que llamaba era el propio alcalde Rico. El supuesto testigo respondió afirmativamente.
En las evidencias físicas presentadas tanto al juez de garantías como a la juez de segunda instancia, no aparece, soporte adicional ni registros sonoros para determinar la veracidad de la versión entregada por el testigo.
“El testimonio no es espontáneo, no es claro ni creíble ni razonable”, expresó la juez de segunda instancia, Paola Andrea Ochoa.
En su criterio, esa sola afirmación, no demuestra ningún grado de probabilidad ni una posible inferencia de coautoría o participación. Y lo más grave: el propio testigo, según aparece en el expediente, se retractó y admitió que lo hizo “por presiones de la Fiscalía”.
Lo mismo ocurrió con el interés del mandatario laboyano en el proyecto. Aunque están suficientemente demostradas las gestiones y relaciones sostenidas con Mauricio Parra Rodríguez, quien financiaba el proyecto, no se aportó ningún elemento que permitiera establecer el verdadero origen del negocio.
En este caso, solamente soportó las imputaciones con una declaración que rindió el abogado César Sierra Avellaneda, gerente de la constructora. El entramado empresarial para desarrollar otros negocios en el sur del Huila, nunca se documentó.
Es más, en las prolongadas sesiones concentradas, la Fiscalía, insistía en una supuesta estafa. El martes pasado, en un extenso reportaje con Huila Estéreo, el director seccional de Fiscalías, Justino Hernández, insistió en la supuesta estafa y reiteró que el ente acusador tiene toda la evidencia para demostrar, con probabilidad de verdad, la coautoría y participación del mandatario, como determinador del homicidio agravado y porte ilegal de armas. Sin embargo, no se soportaron para validar la urgencia de la medida de aseguramiento.
En los antecedes del complejo aparecen registradas las escrituras públicas y las licencias de construcción, otorgadas en tiempo récord por la propia alcaldía, así como los pagos “extras” hechos a funcionarios encargados de esos trámites.
En la documentación también aparecen los negocios privados realizados entre la fundación Café, representada en esa época por Nelson Argote y la constructora. A cambio de la entrega del lote la fundación recibiría una contraprestación en unidades de vivienda y un porcentaje del valor del proyecto.
Esa documentación, como las modificaciones en los contratos de participación, tampoco aparecieron en los soportes para demostrar el interés de Rico en este proyecto.
Aunque se anunciaron en la imputación, los listados secretos y los nombres de parientes del alcalde como primeros beneficiarios, nunca se aportaron para realizar la valoración probatoria.
Tampoco las relaciones que sostenía con el pastor, uno de los promotores de su campaña, ni con Parra Rodríguez el desconocido inversionista.
El director seccional de Fiscalías, puso en duda la adecuada valoración de las pruebas por parte de la jueza y aunque aclaró que no se trata de “choque de trenes” dejó en el ambiente su malestar por la revocatoria de la medida de aseguramiento.
“La inferencia razonable, en el caso de Miguel Antonio Rico Rincón, como determinador del homicidio de Luis Gerardo Ochoa, se construyó sólo en un supuesto interés que tenía el burgomaestre en el proyecto urbanístico ‘La Voz de Dios’, basado en el testimonio del gerente de la constructora. Pero no aportó ninguna otra evidencia”, afirmó la jueza.
En su criterio, “es claro, que si la argumentación de la fiscal delegada era abstracta, general, imprecisa e indiscriminada, sobre ella no se podía edificar una inferencia razonable de coautoría o participación para dictar medida de aseguramiento”.
Igualmente estimó que la jueza de garantías, debió abstenerse de hacerlo y no preocuparse por hacer malabares probatorios y jurídicos para soportar la medida de aseguramiento que decretó”.
Los autores materiales
En cambio, frente a los autores materiales, la fiscalía logró otras evidencias que han permitido la captura de la mayoría de los autores materiales.
El crimen, se habría planeado desde febrero de 2017. Sin embargo, se agilizó cuando se pretendía iniciar la construcción.
Ochoa Sánchez a mediados de marzo de 2017 durante una reunión con los eventuales beneficiarios, sin conocer los negocios privados que ya habían registrado, encendió las alarmas.
La condecoración
Las denuncias generaron preocupación. En esos días, el Congreso, pretendía otorgarle una condecoración a Mauricio Parra.
Por eso, según la imputación, se aceleró la orden macabra.
“Va para el hueco”, afirmó Parra Rodríguez. La afirmación está en una de las interceptaciones realizadas por la Fiscalía. Ese documento sonoro, tampoco apreció entre las evidencias físicas aportadas para que la Juez Cuarta Penal del Circuito, confirmara la medida de aseguramiento.
Frente a los autores materiales, la mayoría capturados, según la Fiscalía existe abundante evidencia para condenarlos. Las pruebas contra los determinadores, en cambio, están ‘enredadas’.
El director seccional de Fiscalías, anunció que el primero de marzo, ante un juzgado de conocimiento radicará el escrito de acusación contra el alcalde de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón.
Aun así, el mandatario podrá terminar su mandato sin que su situación se haya esclarecido. Las audiencias preparatorias de los demás implicados siguen estancadas.
Las otras pruebas
Las llamadas telefónicas en poder de la Fiscalía advertían que el caso de Pitalito lo estaba manejando directamente el pastor Edgar Núñez y Luis Mario Colorado, este último encargado de conseguir a los pistoleros para perpetrar el crimen.
El comerciante Mauricio Ortiz Parra, habría recibido el dinero enviado a través de otro intermediario para pagar a los sicarios.
Eduardo Villanueva Murcia, (alias ‘Boleta’), ya cndenado, confesó su participación y fue condenado en sentencia anticipada en virtud de un preacuerdo con la Fiscalía refrendado el 23 de noviembre de 2017.
Jefferson Polo Mejía, el supuesto mesero, se entrevistó horas antes con el abogado Ochoa y acordaron una cita para que lo representara en el mismo proceso. Esa cita fue una coartada para facilitar el ingreso del sicario, quien finalmente le disparó en su oficina.
Stwar Sterling Santacruz, fue el encargado de conducir el vehículo en el que huyó el campanero (Villanueva Murcia)
Campo Elías Salas Murcia, fue el encargado de guardar el vehículo y la moto y finalmente, Héctor Alexis Flórez Hurtatis, señalado de conducir la moto en la que huyó el presunto sicario (Murcia Orjuela), quien se encuentra prófugo
La Fiscalía actuó con celeridad y capturó a los autores materiales. Además, decomisó los teléfonos celulares y los chats utilizados antes y después del homicidio.
Por Ricardo Areiza
Tomado de la Nación