La Fiscalía, en coordinación con la Policía
Metropolitana de Neiva y el Departamento de Policía Huila, capturaron con fines de indagatoria y vinculación al
proceso de Laureano Molina Scarpetta, exalcalde de Oparapa para la época de los
hechos y actual concejal de Pitalito; y de Vidal Vargas Lomelin, exalcalde de
Saladolanco (Huila) para la misma época, por los delitos de homicidio en
persona protegida, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y
terrorismo.
Los hechos ocurrieron a mediados del año 2002
cuando miembros de la guerrilla incursionaron en Oparapa y la inspección de
Maito-Tarqui en Huila, dejando como saldo cuatro personas muertas, entre ellos
dos agentes de la Policía y dos civiles.
Los sindicados bajo la Ley 600 de 2000, serán
escuchados por una fiscalía especializadas de Neiva, para resolver su situación jurídica, con base
en el material recopilado respecto del ataque armado cometido por cerca de 250
insurgentes de las compañías Uriel Varela, Jacinto Matallana, Arturo Medina y
del Frente 13 de las desmovilizadas Farc, los días 10 y 11 de julio de ese año.
Las víctimas fueron identificadas como Henry
Monroy Rodríguez y Elvis Mario Paguatián Arteaga, uniformados de la Policía
Nacional; y los habitantes de esas zonas, Margarita Hernández Rocha y Roberto
Chaux Motta.
A raíz de la compulsa de copias que hizo la
entonces Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz, hoy Dirección de
Justicia Transicional, se logró determinar que ambos sindicados habrían
brindado colaboración financiera, logística y de inteligencia, a dicho grupo
insurgente en aquella época, estableciéndose de esa manera su posible
participación en la mencionada toma.
Se les investiga por la muerte indiscriminada
de dos civiles que no tenían que ver con el conflicto armado de ese entonces,
configurándose el delito de homicidio en persona protegida.
En el caso del homicidio agravado, se les
atribuye por la muerte de los uniformados y la tentativa, por el ataque en el
que resultaron heridos otros policiales que salieron a repelerlo.
Finalmente, el punible de terrorismo se les endilga
puesto que mantuvieron en zozobra a la población y pusieron en peligro su vida,
al igual que su integridad física y libertad