Cuando todo indicaba que se daría un nuevo fracaso en el programa de concesiones viales de cuarta generación (vías 4G), debido a que estaba muy cerca de firmarse la declaración de caducidad de la concesión Santana-Mocoa-Neiva, en el sur del país, llegó un salvavidas para este proyecto controlado por la familia Solarte, a través de las firmas Cass Constructores S.A.S. y Carlos Alberto Solarte S.A.S.


Tras varias semanas de acercamientos y negociaciones a instancias del Gobierno, el jueves pasado llegó a las autoridades, en cabeza del Ministerio de Transporte, una carta del Grupo Ethus, de propiedad del empresario William Vélez, firmada por sus directivas y por los Solarte, señalando su interés en tomar el proyecto y en definir un cronograma para poder terminar esta importante concesión, de 447 kilómetros de longitud y cuyo contrato estima inversiones por 2,9 billones de pesos.

Así fue confirmado por el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, quien explicó que esta semana se vencía el plazo para que la concesión Aliadas para el Progreso (62,22% de Carlos Alberto Solarte S.A.S. y 30,78% de Cass Constructores S.A.S.) presentara un plan remedial, por lo que el proyecto estaba al límite de dicha caducidad, que implica la liquidación del contrato y volver a comenzar de cero con la licitación.

De acuerdo con el funcionario, tras la presentación de la oferta en firme del Grupo Ethus, la cual estará acompañada por una empresa antioqueña, esta se protocolizará esta semana y seguirá la presentación del plan remedial a la ANI para que lo evalúe y, una vez se apruebe, se tome el control del contrato, lo que duraría unos dos meses, al cabo de los cuales se protocolizaría la cesión.

“Implica viabilizar un proyecto que estaba completamente fracasado”, aseguró Gutiérrez, tras explicar que, de aceptarse y concretarse la entrada de los nuevos socios al proyecto, se les pedirá que inicien dentro de dos meses las obras de Pericongo, un punto crítico en el que es necesario hacer el mejoramiento de unas curvas y cuyas condiciones geológicas y ambientales son complejas, ya que se registró un derrumbe importante en el 2018.

Aunque la concesión tendría nuevos dueños, seguirán en firme multas por 24.000 millones de pesos, por demora en la entrega de esa concesión. Y se está definiendo –dependiendo de la decisión de las financieras– si la firma Latinco sigue en el proyecto.

Tomado de El Tiempo